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En un duro comunicado, la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) confrontó punto por punto el texto emitido la semana pasada por su par argentina y la acusó de “sembrar dudas respecto a los resultados ambientales relevados” en torno a la planta UPM (ex Botnia) con argumentos que “carecen de sustento”, “errores técnicos” y “falencias”.
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El comunicado tuvo el aval del gobierno, que hasta última hora de ayer miércoles 12 afinó cada detalle. En conclusión, la delegación uruguaya asegura “que no existe motivo ni fundamento para no dar a conocer los resultados del monitoreo conjunto desarrollado por el Comité Científico de CARU, tanto respecto del efluente de la planta UPM como en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay”, y sobre esa base argumenta que deben difundirse en la próxima reunión de CARU, a fines de setiembre.
La semana pasada, Argentina había planteado varias dudas sobre el funcionamiento de la planta de celulosa, en particular sobre el aumento de la temperatura de vertido de los efluentes. Además, había manifestado que las autoridades uruguayas violaron lo dispuesto en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, obstruyeron el acceso a la información a los delegados argentinos y avalaron en los hechos varios “funcionamientos irregulares” de la pastera que generan la contaminación del río Uruguay.
Como respuesta, Uruguay establece que la planta tiene un buen desempeño ambiental, y que Argentina utiliza “errores técnicos” que “carecen de sustento” con el objetivo de “sembrar dudas” sobre las autoridades del país.
La respuesta se produce en momentos en que ambos países tienen varios frentes abiertos, y mientras en Gualeguaychú algunos integrantes de la Asamblea Ambiental —que en el pasado cortaron el puente binacional San Martín— comienzan a movilizarse, aunque sin la misma fuerza que en el pasado.
“La delegación argentina busca sembrar dudas respecto de los resultados ambientales relevados y desconfianza hacia Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente), olvidando que la actuación de la autoridad ambiental uruguaya, aun desde antes del otorgamiento de la autorización ambiental a Botnia (hoy UPM), ha estado sometida al escrutinio de técnicos y organismos internacionales, y que sus evaluaciones y monitoreos ambientales han sido revisados y aceptados por la propia Corte Internacional de Justicia”.
Sobre el punto en el que Argentina sostuvo que el 18 de noviembre de 2011 se “habrían producido emisiones fuera de la condición normal debido a un incidente en la operación de las calderas”, la delegación uruguaya afirma que “la argumentación está plagada de errores técnicos” ya que “confunde emisiones atmosféricas con efluentes líquidos”.
“Con tales falencias, no es posible siquiera considerar que el informe de la delegación argentina pretenda descalificar —sin fundamento alguno— el informe elaborado por Dinama”, se indica.
Temperatura.
Uno de los puntos más remarcados por Argentina fue que Uruguay, de forma “unilateral”, definió un aumento en la temperatura del vertido de efluentes de 30 a 37 grados.
La delegación uruguaya responde que fue “ante una solicitud de Argentina” que Uruguay “dispuso una modificación operativa de la planta” para eliminar el proceso de enfriamiento, debido a que los argentinos observaban en ello “una dilución de esos efluentes”.
“Aun cuando la modificación provino de una petición argentina, Uruguay presentó en CARU los estudios que muestran que el incremento en la temperatura de descarga no produce afectación significativa de las condiciones existentes en el río”, se considera.
El gobierno de José Mujica también responde que la planta cumple con el “estándar para fósforo” —algo que también había sido cuestionado— y agrega que “es falso que se estuvieran volcando sólidos al río”.
Los uruguayos escriben también que tras cada visita de monitoreo y control que realizó el Comité Científico (integrado por ambos países) a la planta, se labraron actas y que en todas se explicita que las tareas se realizaron “en un todo de acuerdo a lo previsto”, por lo que a diferencia de lo establecido en el comunicado argentino, nunca hubo “obstáculos y retaceos”, se añade.
También se asegura que sus “aclaraciones” se realizan debido a que la delegación argentina hizo “valoraciones que podrían interpretarse como un obstáculo a la inmediata publicación de los resultados”.
“Ninguno de los argumentos expuestos” deberían “impedir a la CARU dar difusión” de los resultados de monitoreo realizados de forma independiente por laboratorios canadienses, se señala en el texto. Ello contribuiría a “despejar versiones, dudas o acusaciones”, concluye el gobierno.
