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    El Poder Ejecutivo anuncia medidas para frenar el IPC y admite que no afectan la inflación “estructural”

    Con la convicción de que el aumento de los precios minoristas en los primeros meses del año fue “circunstancial” pero que ese episodio amenaza con transformarse en un “problema permanente” para la economía, el Poder Ejecutivo decidió implementar medidas que actúen sobre la inflación de corto plazo.

    Se trata de alivios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre algunas tarifas de servicios públicos y en frutas y verduras frescas que serán propuestos en un proyecto de ley que se prevé remitir al Parlamento a más tardar la próxima semana. Paralelamente, las autoridades pretenden que los supermercados y otros comercios congelen o reduzcan los precios de artículos básicos de consumo.

    “(...) No es una cuestión que vaya a combatir la inflación de manera estructural, pero sí puede afectar el registro del IPC (Índice de Precios al Consumo) y la inflación en el corto plazo, y evitar que entonces factores coyunturales —como el impacto de las inundaciones, etcétera— se integren a las expectativas de una mayor inflación a futuro”, admitió el martes 11 el ministro de Economía, Mario Bergara, al anunciar las medidas.

    Los economistas del sector privado que responden a las encuestas de expectativas del Banco Central están incorporando a sus cálculos para marzo y hacia adelante los anuncios, pero esperan conocer con más detalle su alcance. Algunos prevén que el IPC de este mes esté entre 0,6%-0,8%, lo que de concretarse ubicaría la tasa anual en torno a 9,9%.

    El registro de febrero ya había llevado el IPC de 12 meses al borde de los dos dígitos (9,82% según la medición del Instituto Nacional de Estadística-INE).

    Bergara informó el martes las nuevas medidas en una reunión con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y a la salida de la sede de la central en una rueda de prensa.

    En concreto, se prevé reducir el IVA sobre el cargo fijo de los servicios de electricidad de UTE y de la telefonía de Antel. Esa medida debe canalizarse por la vía de un proyecto de ley que el Ministerio de Economía prevé presentar al Parlamento esta semana o la próxima con la intención de que las tarifas rebajadas entren en vigor el 1º de abril, dijo.

    La intención “no es bajar el IVA indiscriminadamente a todas las tarifas sino enfocar en las que tengan más impacto” sobre la canasta familiar, alegó.

    El ministro aseguró que el proyecto facultará al Poder Ejecutivo a bajar ese tributo también a la importación como el consumo de ciertas frutas y verduras frescas.

    Otra medida prevista es elevar el subsidio a la cuota mutual.

    Las frutas, legumbres y hortalizas fresas, la electricidad y la telefonía fija tiene una incidencia de 9,74% en el IPC que calcula el INE.

    Bergara estimó el costo fiscal de este paquete en el “orden de U$S 100 millones” anuales.

    El IVA es el tributo que más recauda. En todo 2013 aportó el equivalente a U$S 5.645 millones, calculó Búsqueda con datos de la Dirección General Impositiva.

    El aumento de los ingresos por IVA explicaron en buena medida la suba de la recaudación verificada en febrero (10% real frente a un año atrás), informó el viernes 7 el titular de esa repartición, Pablo Ferreri.

    Como parte del plan de contención de la inflación, Bergara informó que contactará al sector supermercadista y otros “formadores de precios”, procurando una “contribución de todos”. Pretende que “estabilicen o reduzcan” lo que cobran por “algunos rubros básicos de la canasta”, dijo.

    Sostuvo que la industria láctea es un “buen ejemplo” de lo que se quiere lograr al haber aceptado las industrias que el precio del litro de la leche común subiera este mes a $ 18 y no $ 18,50, como debía, según establecía el cálculo paramétrico.

    El martes los frigoríficos bajaron entre 3% y 4% el precio de la media res y algunos cortes de carne vacuna, para adelantarse a un eventual pedido de parte del gobierno, dijeron a Búsqueda empresarios del sector. Explicaron que esta disminución es posible porque en las últimas semanas hubo más oferta de ganado y aumentó la faena.

    Agentes comerciales —supermercadistas y almaceneros— están dispuestos a bajar los precios si sus proveedores lo hacen.

    Los dirigentes del PIT-CNT se expresaron conformes en general con los anuncios hechos por Bergara, si bien aspiran a que se tomen medidas “estructurales” para enfrentar la inflación, como “actuar sobre algunas cadenas económicas” que podrían estar funcionando bajo condiciones de “dominancia u oligopólicas”, hacer un “seguimiento más riguroso a la suba de precios de algunos productos”, incentivar el ahorro para “mitigar las presiones provenientes desde la demanda”, entre otras presentadas en un documento del Instituto Cuesta-Duarte.

    Los dos dígitos

    Los economistas Diego Aboal, Nelson Noya y Fernando Lorenzo señalaban en una investigación de 2003 que entre los “costos” de una inflación alta están el “desincentivo” a la inversión por “incertidumbre y volatilidad de los precios relativos”, una “redistribución de riqueza, demanda de dinero socialmente no óptima y distorsión del sistema impositivo”. Ello conduce a un menor nivel de producción de la economía, agregaban.

    La inflación de 12 meses no estaba tan cerca de 10% desde agosto de 2004.

    Años atrás se eliminó el gatillo que disparaba ajustes salariales en el sector público con mayor periodicidad si la inflación anualizada llegaba a los dos dígitos. Ahora, en ese caso se activa el mecanismo que permite convocar al Consejo Superior Tripartito para discutir eventuales aumentos de sueldos o hacerlos más frecuentes (hoy son anuales).

    De todos modos, la preocupación principal de las autoridades es que los agentes económicos perciban que el control sobre los precios se perdió si el IPC anual alcanza esos niveles.

    “Trabajamos para evitar el escenario del 10%”, comentó Bergara en la rueda de prensa del martes. Dijo que el pasaje de uno a dos dígitos se asume “como un umbral más o menos arbitrario. Si por alguna circunstancia se llegara no se caería el mundo, pero obviamente marca una luz amarilla porque no sabemos bien cuál es el guarismo de inflación que puede generar una espiral realmente problemática”, insistió.

    De todos modos, reconoció que llevar la inflación a un “sendero de convergencia al rango” de 3%-7% fijado como meta por el gobierno a partir de julio “no se va a dar rápidamente, porque las condiciones de oferta y demanda en Uruguay no lo permitirían”. Admitió que la tasa anual se mantendrá por encima de esos niveles el resto de este año, aunque no tan cerca de 10%.

    Bergara había reconocido una vez más la inquietud del gobierno el jueves 6.

    “El tema de la inflación no es medianamente preocupante, sino preocupante”, aclaró ante una pregunta del senador y precandidato presidencial colorado José Amorín Batlle al comparecer en la Comisión de Hacienda del Senado.

    “Acá hay dos niveles. Uno refiere a una cuestión más estructural de la inflación y otro al salto que se dio en febrero, sin duda asociado a la situación climática, porque casi un 0,7% del aumento se explica por la suba de los precios de frutas y verduras —sobre todo de estas últimas— que estuvo en el orden del 20% y 25% en varios casos. Creo que es preocupante desde ese punto de vista, pero sobre todo en cuanto a la cuestión más estructural porque la inflación debe converger hacia guarismos un poco más bajos. No creemos que haya ninguna situación fuera de control ni nada por el estilo (...)”, añadió Bergara.

    Admitió que la inflación es “difícil combatirla en un contexto de altos precios internacionales y de firme demanda doméstica. Esto no tiene otras repercusiones en el terreno macroeconómico porque la demanda doméstica no está basada en burbujas ni en excesos de crédito (...) sino en una acumulación de incrementos de los ingresos de los hogares en la última década”. El Ministerio de Economía prevé para este año una suba de 2,2% del poder adquisitivo salarial, que es el principal componente de los ingresos de los hogares.

    Bergara informó en esa reunión con legisladores que estaban siendo evaluadas medidas para evitar que el dato de febrero “se integre a las expectativas de los agentes generando una inercia o espiral que sería negativo”.

    Agregó: “En este contexto, ir a una profundización mayor del carácter contractivo de la política monetaria quizás no sea efectivo desde ese punto de vista. De todas maneras, eso será evaluado por el Banco Central el mes próximo”.

    “(...) Creemos, reitero, que todos los estamentos del proceso económico en el Uruguay tienen que contribuir para que una cuestión circunstancial en materia inflacionaria no se transforme en un problema permanente”, declaró a periodistas a la salida de esa Comisión.

    Bergara descartó recortar el gasto estatal, que en opinión de varios analistas privados y del Fondo Monetario Internacional es un factor que está generando presiones inflacionarias. “No vemos que una afectación del gasto público razonable pueda tener impacto sobre la inflación”, dijo tras reunirse con el PIT-CNT.

    Ayer miércoles el ex ministro de Economía Álvaro García, en una charla organizada por el Club de Lunch Uruguayo-Británico planteó como posibles soluciones al problema de la inflación lograr que la economía produzca con mayor eficiencia y que se cambie la cultura de consumismo. También colaboraría que el país disponga de hierro y petróleo propio, agregó.

    Credibilidad y

    competitividad

    El repunte de los precios que se dio en febrero estuvo influido por algunos fenómenos coyunturales, como la valorización del dólar, el ajuste de varias tarifas públicas y el clima lluvioso este verano que redujo la disponibilidad de ciertas frutas y verduras. “Nos remachó el temporal el otro día”, comentó el viernes 7 el presidente José Mujica.

    Entre los economistas consultados por Búsqueda hay distintas visiones acerca del problema.

    Alejandro Cavallo, de Equipos Mori, cree que si bien hubo factores puntuales que impulsaron la inflación en los últimos meses, “el problema está instalado” y “no es un tema de frutas y verduras”. El núcleo inflacionario —aislando los bienes y servicios con precios más variables— ronda el 9,7%, según esa consultora.

    Eso, dijo Cavallo, implica una aceleración del nivel general de precios que podría dejar la inflación “controlada pero en un nivel superior”: en lugar de entre 8% y 9,5% podría pasar a un rango de 9% y 11%.

    Gabriela Mordecki, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, piensa que incidieron factores coyunturales y “no hay otras presiones de demanda o de otro tipo”. Por ello “es importante que la economía no asuma” como normal una inflación cercana a 10%, sostuvo.

    Ambos creen que en este escenario hay un efecto de pérdida de credibilidad para el gobierno.

    Cavallo dijo: “El día que supere el 10% los distintos agentes dirán: ‘Bueno, ¿ahora qué va a pasar?’”.

    “Si bien el rango meta no era creíble, hay un techo implícito en 10%”, sostuvo Mordecki. A su entender, “mirar lo que ocurre en Argentina (...) ayuda a pensar en lo que hay que evitar”.

    Aldo Lema, de Vixion Consultores, explicó que las peores implicancias económicas si se alcanzan los dos dígitos de inflación son “la pérdida adicional de credibilidad que ello significa”, “una indexación algo más rebelde”, la “competitividad comprometida por más tiempo” y la “necesidad de un ajuste más costoso en 2015”.

    El dilema entre la contención de precios y la competitividad se hace “más evidente” en caso de que la inflación pase a ser mayor, a la vez que se vuelve “más necesario” ajustar los precios para abaratarse en dólares, afirmó Cavallo. Razonó que para mejorar el tipo de cambio real —con el que se mide la competitividad de los precios entre las economías— sería necesario una suba de la cotización del dólar de entre 15% y 20%, lo que con una inflación cercana a 10% generaría más presiones sobre esta variable. Con un IPC que aumente 4% o 5% al año, una suba del tipo de cambio de 10% alcanzaría para mejorar la competitividad sin que la inflación se dispare. 

    Pablo Moya, de la consultora Oikos, descarta que la inflación pueda subir más y espera que para fines de este año se encuentre en 8,5%; para 2015 se atenuaría má la suba de precios.

    Lema sostuvo el martes en Twitter que las medidas anunciadas “atacan cambios de precios relativos, no (el) núcleo de la inflación”.

    Javier de Haedo polemizó enseguida en esa red social: “Me gustaría saber qué colega no habría hecho lo mismo que hizo hoy Bergara con relación al IPC, dadas las restricciones políticas que tiene”.