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Hay dos zonas muy claras dentro de la cuenca del río Santa Lucía. Una va desde la toma de agua de OSE en Aguas Corrientes hacia abajo, con humedales hasta la desembocadura en el Río de la Plata (zona B), que oficialmente desde este martes integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La otra se ubica de Aguas Corrientes hacia arriba, con múltiples ríos y arroyos —rodeados de tambos, industrias y actividad agropecuaria— que presentan altos niveles de nutrientes (zona A). Para esta última el gobierno está implementando un plan de acción con 11 medidas y nuevas exigencias a los productores. Según supo Búsqueda, el gobierno analiza otorgarles “apoyos económicos” o “compensaciones” por cumplirlas.
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Tras la reunión convocada por el presidente Tabaré Vázquez hace una semana se trazaron líneas de trabajo. Un tema a resolver es el control de las “zonas buffer”. La medida 8 del plan prohíbe producir en las márgenes de los cursos de agua de la cuenca. Estudian comprar un software que mediante imágenes satelitales analice y genere alertas en casos de incumplimiento. También trabajarán para establecer requisitos y criterios de instalación y operación de tambos en consenso con los productores. La idea del “consenso” se debe a que el gobierno no quiere “ir de golpe” con medidas sino que los productores “entiendan la necesidad y orientarlos hacia el fertirriego, que no descarguen (los desechos de materia orgánica) al curso sino que lo usen en el propio establecimiento”, dijo a Búsqueda Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente (Dinama). Esto implica “cambios tecnológicos de separación de sólidos” y modificaciones en el sistema de riego que se está “trabajando para instrumentar”, explicó.
Todo tiene un costo. Por eso “las variables de apoyo son otras de las líneas que venimos trabajando”, informó Nario. Analizan “apoyos económicos para los sistemas”, comentó.
Un informe al que accedió Búsqueda, fechado en febrero de 2015, del Centro de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía, la Agencia Española de Cooperación (Aecid) y la Red Sudamericana de Economía Aplicada, analiza los instrumentos fiscales para “el control y la reducción de la contaminación” de la cuenca del río Santa Lucía. Analizan “instrumentos fiscales para incentivar el cumplimiento de la medida 3”, que consiste en “exigir de forma obligatoria a todos los padrones rurales ubicados en dicha cuenca, el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas mediante la presentación de planes de uso” y “fertilizar en base a análisis”. Se estudió la aplicación de un “subsidio ambiental” para incentivar el mantenimiento del contenido de fósforo dentro de los límites admitidos por Dinama. Este apoyo se justificaría por los costos incrementales que supone el cambio de manejo y el monitoreo necesario. “Las estimaciones arrojaron montos que van desde aproximadamente 3,4 millones de dólares para el escenario con alta proporción de área que no recibiría compensación, hasta 7,7 millones cuando hay un 50% del área factible de recibir compensación”, concluyó el informe.
También analizaron un posible pago por servicio ambiental (PSA) “como compensación a los productores por el costo de oportunidad de mantener los predios comprendidos en la zona buffer sin laboreo”. “Esta exoneración debe ser considerada como un incentivo sobre la conservación” condicionada a cumplir con las exigencias de Dinama, explicaron los autores. En su concepción más amplia, la zona buffer abarcaría 26.000 hectáreas. “Los cálculos arrojaron un costo fiscal anual de aproximadamente 2,8 millones de dólares” si se reglamentara la zona buffer con esa extensión. Una alternativa planteada es aplicar “un instrumento análogo al establecido para la conservación de bosque nativo” con exoneraciones sobre cargos por contribución inmobiliaria.
Área Protegida.
Guillermo Scarlato, coordinador general del SNAP, explicó a Búsqueda que el área del Santa Lucía que se encuentra ahora dentro de ese sistema (86.512 hectáreas) tiene una zona de bañados con tierras poco productivas en las que hay problemas de extracción de arena y de juncos y caza. El humedal opera como filtro de la contaminación antes de la desembocadura. Rodeando esta área hay otra de explotación productiva —lechera, hortifrutícola, vitivinícola y otras— que también integra el sistema.
El SNAP deberá trabajar con los productores para definir las medidas a tomar en conjunto con el objetivo de “reducir presiones negativas” sobre el ambiente. Las pautas de funcionamiento serán laudadas en el Plan de Manejo del área. “Sabemos que es complejo”, reconoció Scarlato. Las medidas de la zona A podrían “inspirar” a la B.
Los guardaparques a cargo del control y la vigilancia del área —entre otras tareas que cumplen— detectan el ingreso de personas en vehículos o carros para tirar basura, contó a Búsqueda Víctor Denis, jefe de guardaparques de Montevideo. De noche es más difícil el control pero, de todos modos, cuando se los detecta se multa. Denis asegura que quien es multado “no vuelve”. También hay problemas vinculados a la caza: han detectado trampas para atrapar pájaros. Desde el agua, por un convenio con Prefectura, ven y quitan redes de pesca (que no están permitidas) y sobre las orillas sacan las trampas para cazar carpinchos que son colocadas en los caminos de ingreso al río. Para cuidar de los humedales en Montevideo hay nueve guardaparques, uno en Canelones y ninguno en San José.
