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    El Poder Ejecutivo firmó su primer TLC; espera un “efecto simbólico” y que la sigla deje de ser “tóxica” para un sector del Frente Amplio

    El presidente Tabaré Vázquez pidió que la ceremonia se hiciera en la Torre Ejecutiva y no en el Palacio Santos. Quería estar presente cuando los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Heraldo Muñoz firmaran el tratado de libre comercio (TLC) entre Uruguay y Chile. Es que si bien el gobierno no prevé un gran impacto porque la mayoría de los bienes ya estaba libre de impuestos aduaneros, el acuerdo tiene un “efecto simbólico” importante para las autoridades.

    En la Cancillería uruguaya todavía recuerdan el ataque de ira del entonces ministro Reinaldo Gargano cuando en enero de 2006, Danilo Astori, titular de Economía, planteó en una entrevista con Búsqueda que Uruguay firmara un TLC con Estados Unidos. A partir de ese momento, varios sectores del oficialismo quedaron en alerta ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo siguiera ese camino. Y lograron detener ese “tren”, como lo apodó Vázquez, pese al interés explícito del presidente de firmar el acuerdo durante su primer gobierno (2005-2010). El mandatario debió conformarse con firmar un acuerdo limitado con esa potencia económica.

    Desde que asumió su segundo mandato, el 1º de marzo del 2015, Vázquez pretendió que Uruguay negociara acuerdos comerciales con otros países. En diciembre le transmitió al Frente Amplio que no había otro camino que “abrirse al mundo” (ver Búsqueda Nº 1.845). Pero las cosas parecían no cambiar por más que en la Cancillería desplegaban un discurso que pretendía “desideologizar” las relaciones exteriores. El Frente Amplio solicitó al gobierno que se retirara de la negociación de un acuerdo multilateral para liberar el comercio de servicios, conocido por la sigla en inglés TISA, que era visto con buenos ojos por el canciller Nin y el ministro Astori.

    Por eso, cuando comenzaron las conversaciones con Chile, en la Cancillería preferían ni mencionar la sigla TLC. Fue un acercamiento sigiloso. En enero el gobierno acordó con ese país un convenio para eliminar la doble imposición tributaria y combatir fraudes fiscales. Era un paso más. En ese momento, el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, anunció que en los próximos meses iban a “negociar otros capítulos que de alguna manera complementarían el universo de las relaciones económico-comerciales” bilaterales.

    La sigla TLC era “tóxica”, según uno de los jerarcas que siguió las negociaciones. Y no era un fenómeno exclusivo de Uruguay: en varios países de Europa y en Estados Unidos comienzan a surgir con fuerza movimientos que critican la firma de acuerdos comerciales.

    La negociación con Chile había avanzado cuando surgieron algunas críticas desde el PIT-CNT y de diputados oficialistas, como el socialista Roberto Chiazzaro. Nin se reunió con la central sindical y con las comisiones legislativas especializadas en relaciones exteriores para informarles sobre los algunos detalles del acuerdo, pero no les dio el texto íntegro que se firmaría después. El Poder Ejecutivo estaba dispuesto a dialogar pero no daría marcha atrás en sus intenciones.

    El martes 4, ante la mirada atenta de Vázquez, Nin y Muñoz pusieron su firma en el documento. “La misión que tiene la Cancillería es encontrar mejores oportunidades para la producción nacional”, dijo el canciller uruguayo. El TLC con Chile “es el primer paso concreto, aunque hay otras acciones concomitantemente en la búsqueda de otros acuerdos con acceso preferencial”, añadió.

    Se habla de este tratado como de “última generación” porque en sus 20 capítulos incluye más que compromisos de desgravación arancelaria: comercio electrónico, normas laborales —una de las preocupaciones del PIT-CNT—, transparencia y normas anticorrupción, por ejemplo.

    Este TLC tiene como antecedente el Acuerdo de Complementación Económica (Nº 35) que Chile firmó con el Mercosur y entró en vigor hace 20 años. La preferencia arancelaria es de 100% para la totalidad de los productos que certifiquen su origen como uruguayos, es decir que no pagan impuesto aduanero al entrar al mercado chileno.

    Análisis realizados por el Ministerio de Economía constataron un aprovechamiento amplio de las concedidas al amparo de ese acuerdo (de entre 80% y 90% del valor de las exportaciones uruguayas).

    Las ventas de Uruguay —carne bovina, lácteos, arroz, papel, principalmente— a Chile fueron por algo más de U$S 100 millones anuales al comienzo de esta década; salvo en 2012, las importaciones de ese origen siempre fueron ligeramente mayores.

    Otros pasos.

    Mientras el TLC con Chile empieza su recorrido para ser ratificado por el Parlamento, el presidente Vázquez iniciará una gira oficial por China. El objetivo del viaje es firmar un entendimiento con el gobierno del gigante asiático y así lanzar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral.

    La agenda de la Cancillería en esta área está cargada en los próximos meses. Uruguay tiene intenciones de repetir la experiencia chilena con México, Perú y Colombia, mientras que el país sigue al frente de la negociación de un TLC entre el Mercosur y la Unión Europea.