Cerca de la cuarta parte de los trabajadores en Uruguay realiza su actividad de manera independiente y la tendencia es al aumento. Al gobierno le preocupa su falta de protección en cuanto a derechos laborales y seguridad social, en tanto que desde el empresariado se teme que con ello se mate el ya escaso “espíritu” emprendedor en el país.
Entre el 23% y el 25% de los trabajadores realizan su tarea en régimen de una actividad autónoma”, dijo a Búsqueda Álvaro Rodríguez Azcúe, asesor del Ministerio de Trabajo en materia de seguridad social. Según afirmó, la experiencia indica que la tendencia a largo plazo es de incremento, debido al desarrollo tecnológico y las formas de organización empresarial en red.
En ese colectivo hay una “gran heterogeneidad”: algunos “muy bien remunerados, como profesionales universitarios; los “independientes clásicos”, como los que desarrollan oficios; y los “de subsistencia”, como “changadores y vendedores ambulantes”. Ya en el segundo grupo “empiezan a identificarse insuficiencias en la protección”, explicó el asesor.
Dijo que las empresas unipersonales —figura bajo la cual en general se registra este forma de trabajo— han sido “claramente” utilizadas de manera “inadecuada” para “encubrir” trabajo dependiente y así “se ganaron su desprestigio en el mundo laboral”. Sin embargo, opinó que hoy el Estado cuenta con herramientas “suficientemente poderosas” para evitarlo y las unipersonales no necesariamente deberían “desecharse”.
Más protección.
“Todavía falta bastante para llegar a un nivel de protección adecuado” y por eso el gobierno pretende “avanzar en una regulación que sea lo más inclusiva posible y asegure estos derechos humanos fundamentales”, sostuvo Rodríguez Azcúe.
Esta temática será abordada más adelante en el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social convocado por el Poder Ejecucutivo, y se buscarán “los mayores consensos” políticos y sociales para lograrlo, afirmó.
La discusión pasa por cómo brindarles una protección similar a la que reciben los trabajadores dependientes. Esto podría traducirse, explicó, en establecer parámetros que limiten el tiempo de trabajo y establezcan remuneraciones mínimas, o en instituciones similares al pago por despido, el subsidio por desempleo o el seguro contra accidentes.
Luego sería necesario definir si los nuevos beneficios “se financian como un seguro social, con cotizaciones del trabajador y del usuario del servicio, y en todo caso del Estado, a través de la afectación de impuestos o la asistencia financiera”, añadió. Mencionó el ejemplo de los profesionales universitarios, donde los usuarios cubren una parte de la financiación, aunque consideró que quizás se deba pensar en un sistema “más eficiente y más fácil de controlar”. Recordó que la literatura especializada señala que toda la sociedad debe financiar la seguridad social porque representa un beneficio para su conjunto, brindándole “integración, paz social y estabilidad a la economía en momentos de depresión”.
Rodríguez Azcúe admitió como “posibilidad” que esta carga incentive la informalidad. “Llevado al extremo, aportes muy costosos son un incentivo muy fuerte para la no registración, pero son riesgos que se corren y opciones políticas que hay que tomar en determinado momento”, afirmó.
“Corriente” peligrosa
“Hay que reconocer que no estamos en el mejor momento, que hay una corriente en el sentido de transformar toda relación laboral en una relación de dependencia que no podemos pretender tapar con una mano”, dijo, preocupada, la delegada de los empresarios en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Elvira Domínguez. A fin de julio su representación organizó un evento titulado “Empresas unipersonales vs. trabajadores autónomos”, buscando introducir al empresariado en la problemática.
La directora del BPS afirmó que “cada vez se les traslada más responsabilidad a las empresas en lo que hace a la recaudación”, haciendo que las más grandes se encarguen de lo que tienen que pagar las pequeñas a través de “retenciones de todo tipo y color”. Vaticinó que el gobierno hará nuevas propuestas que profundicen eso.
“En ningún caso deberíamos aceptar pacíficamente que se les sigan trasladando a las empresas de mayor porte la responsabilidad de todo. Tener que llevar un emprendimiento adelante y cumplir con las obligaciones propias (...) ya es suficiente”, enfatizó Domínguez.
Luego sostuvo que la empresa unipersonal es la figura apropiada para ese tipo de trabajo y que “no es necesario innovar” para llegarle con beneficios a quienes la utilizan. Si se realizara un cambio de denominación, convirtiéndolas en trabajadores autónomos, se estaría “asistiendo a la desaparición de 50.000 empresas”, lo que representa un 20% del total, advirtió.
Miguel Pezzutti, que fue en esa charla uno de los abogados expositores junto a Ignacio Zubillaga, afirmó que las últimas normas en la materia aprobadas por el Poder Legislativo parecerían estar incididas “por el espíritu de que la empresa unipersonal constituye un verdadero peligro”. Esta visión, opinó, resulta “parcial” e “inconveniente”, porque recorriendo ese camino se coloca a las personas ante una “decisión de hierro”: “tengo una gran empresa o soy empleado”.
En esa línea, Domínguez subrayó que las unipersonales “son el germen de las grandes empresas” y que al limitarlas se está “matando algo que en el Uruguay ya falta, que es el espíritu empresarial”. “Bill Gates era un ingeniero en un garage, Steve Jobs, otro tanto”, ilustró en otro momento, para aludir a la importancia que tiene para el desarrollo del país y las personas los pequeños emprendimientos.
Escalera incompleta.
La directora del BPS señaló que toda nueva prestación debe tener un “diseño inteligente” que “promueva la formalidad” y un estudio sobre su sustentabilidad. En ocasiones, dijo, hay causas legales y administrativas que establecen “trabas” y dificultan que estos colectivos se registren “sin incurrir en elevados costos”, alentando la economía informal. Por ello llamó la atención sobre la figura del monotributo social.
A través de este mecanismo se les permite a ciertas personas que realizan actividades empresariales de reducida dimensión económica —como artesanos o paseadores de mascotas—consolidar sus aportes a la seguridad social y el pago de impuestos en un único monto reducido. Según datos manejados, hay unas 16.000 personas bajo este régimen.
Domínguez consideró que al sistema le “está faltando un escalón”, lo que produce ciertas “patologías”, dado que hay una brecha “enorme” que determina que a un monotributista le resulte muy costoso pasar al régimen general. “Dar el salto” para crecer les significa pagar cuatro o cinco veces más, describió.
Comparando, advirtió que “al final del camino” los beneficios “son prácticamente los mismos”, pero pagando “muchísimo menos”, lo que genera una suerte de “competencia desleal”. Y agregó: “Si quieren ayudar, que ayuden con otros subsidios, pero que no afecten la economía formal”.
Alegó que la situación “no es justa”, ya que ambos colectivos “no son tan diferentes” y “tienen que luchar con las mismas dificultades”.
Si bien no existen límites legales de tamaño o de ingresos para las unipersonales, Pezzutti explicó que suelen ser pequeñas porque la figura no limita la responsabilidad patrimonial de sus titulares. La enorme mayoría no tiene dependientes o tiene solo uno.
Además, Domínguez alertó que el monotributo “viene creciendo” y que tiene un componente “peligroso hacia el futuro” al brindar una jubilación “totalmente subsidiada”. “Si tuviésemos que hacerle la liquidación como a cualquier ciudadano (...) la prestación que tendrían que recibir sería de $ 800 mensuales, y van a recibir una mínima de $ 5.500”, comentó.
Para la jerarca, la figura del monotributo “es buena para incluir” y generar conciencia de que “hay que realizar aportes si se quiere vivir en sociedad”. Pero entiende que deberían fijarse plazos para que esos montos vayan aumentando gradualmente hasta que se equiparen al régimen de aportación previsional general.
