Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Búsqueda realizó a Chediak a pocos días de asumir la Presidencia de la corporación.
—¿Qué planes piensa poner en práctica en 2015 como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)?
—Mi aspiración es negociar el mejor presupuesto que se pueda a los efectos de salir del diferendo salarial que venimos arrastrando desde el año 2011 y conseguir los fondos adecuados para instrumentar la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal previsto para 2017. El cambio va a requerir una importante inversión por parte del Estado. Se prevé la duplicación, al menos, de jueces y defensores públicos en materia penal, con todo lo que eso conlleva. Habrá que hacer un esfuerzo importantísimo para llegar a 60 o 70 cargos adicionales de jueces cuando la escuela judicial tiene generaciones anuales de apenas 20.
En materia edilicia, en la mayoría de los departamentos del interior vamos a tener la necesidad de salir a arrendar o comprar inmuebles nuevos porque hoy prácticamente no hay ningún lugar en el interior donde poner más juzgados letrados.
—En el caso de la adolescente Lola Chomnalez, asesinada en Valizas, Rocha, hubo varios cortocircuitos entre la jueza del caso y la Policía. ¿Cómo observó esa situación?
—La realidad ha demostrado que casos de enorme repercusión mediática y sensibilización ciudadana se dan en vacaciones y en la zona balnearia. Desde siempre, dado los roles que policías y jueces tenemos, ha habido este tipo de situaciones donde la actuación de la Policía, que detiene a sospechosos o personas que puedan estar vinculadas con estos crímenes, luego termina en la liberación por falta de elementos de convicción suficiente o por falta de semiplena prueba. Se ha trabajado en la coordinación a los efectos de que estas situaciones no se den. Hay que evitar esto, porque hace que la ciudadanía pueda percibir que no hay una coordinación adecuada entre los jueces y su fuerza de orden auxiliar, que es la Policía. Se nos ha dicho en ámbitos internacionales que hay algunos hechos puntuales en el año que definen la percepción que el ciudadano tiene de las instituciones y este caso mediático puede ser un ejemplo.
El caso lo vi con gran preocupación; esto hace a la imagen del país como país seguro y turístico. Esperemos que el adecuado funcionamiento de todo el sistema de Justicia lleve a esclarecer el caso. Hay que decir también que ningún Estado del mundo puede perseguir con éxito todos los delitos que se cometen.
—Pero en este caso fue notorio que no funcionó la coordinación entre la Policía y la jueza...
—...Hay que trabajar muchísimo, hay que seguir coordinando. La Corte y el Ministerio lo hacen, pero hay que seguir en toda la estructura hacia abajo.
—¿Este caso, al tener tanta atención de los medios, pudo generar una presión extra en la Policía para tratar de que haya resultados y llevar muchos detenidos ante la jueza?
—El interés mediático pone la lupa sobre el sistema policial y judicial y puede ser que genere una tensión adicional. La idea es que —haya o no lupa de los medios— se trabaje en forma aceitada y coordenada y se logren los resultados que todos queremos que haya, por supuesto que respetando el debido proceso. Esa es la gran dificultad que todas las democracias tenemos. Hay determinadas herramientas, determinadas formas de interrogatorio y determinadas líneas de investigación que no se pueden utilizar porque hay que respetar los derechos humanos de todos y determinados métodos que usan las dictaduras y que suelen ser muy eficientes en democracia no se pueden usar —gracias a Dios—, y eso hay que tenerlo claro.
—En los últimos años hubo algunos choques entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por la declaración de inconstitucionalidad de varias leyes. ¿Cómo prevé que va a ser el 2015 en esa materia?
—Todavía no he analizado ninguna de las leyes que pueden traer algún viso de inconstitucionalidad. Es verdad que 2013 y 2014 fueron atípicos. El sistema de control de constitucionalidad se recarga cuando el gobierno tiene mayorías parlamentarias, esa es la teoría y así funcionó en Uruguay. Cuando el gobierno en cualquier democracia tiene mayorías propias y puede aprobar las leyes en las que tiene interés sin tanta negociación, se recarga el último control, que es el que hace la Corte, que es el Tribunal Constitucional de la República. Eso fue evidente en 2013 y 2014. El efecto colateral fue que esa demostración de independencia del Poder Judicial llevó a que superáramos a Chile en los rankings internacionales y que en el último ranking del Foro Económico Mundial pasáramos a ser el Poder Judicial más independiente de la región. Veremos este año cómo evoluciona, no se pueden hacer vaticinios porque las leyes hay que estudiarlas en profundidad; se trata de un tema técnico complejo.
—A raíz de esto, se han alzado voces en el oficialismo señalando la necesidad de que se cree un Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión?
—Nosotros somos el Tribunal Constitucional, integramos la Cumbre de Tribunales Constitucionales de Iberoamérica y somos el Poder Judicial más independiente de América. Funcionamos bien y hacemos bien lo que hacemos. Multiplicar los órganos en general no ha mejorado la calidad institucional de las democracias en América. La Corte, en su control, es absolutamente técnica y no política, que es lo que se busca con el control de constitucionalidad. Desde hace 230 años esa es típica actividad de los jueces, que con mentalidad no política pueden hacer un análisis técnico y declarar inaplicables determinadas normas. En América, el único país que no tiene control constitucional es Cuba, y de todos los demás que tenemos, el mejor sigue siendo, según las observaciones internacionales y mi criterio, el Poder Judicial uruguayo.
—¿A su juicio entonces no habría que modificar nada en el control de constitucionalidad?
—Sí, hay que hacer. En Uruguay se llegó a un régimen de transacción donde hay un control constitucional concentrado en un tribunal que es la Suprema Corte de Justicia, pero con efectos de control difusos. Para mí, si la Corte señala que una ley es inconstitucional, la ley debería desaparecer para todos los casos. Esa sería la modificación que entiendo que debería haber.
—¿O sea que no habría que darle menos poder a la Corte sino más?
—Más poder, exactamente. Tuvimos que dictar casi cinco mil sentencias de inconstitucionalidad del Proceso Laboral abreviado. Terminaron siendo todas iguales. No tiene sentido. Una vez que algo se declara inconstitucional, debe desaparecer del organigrama jurídico.
—En los últimos días, la Comisión Internacional de Juristas cuestionó a la Corte por su postura frente a los crímenes cometidos durante la dictadura. ¿Cómo tomó esos cuestionamientos?
—Hemos tenido más de treinta violadores de los derechos humanos durante la dictadura que han sido condenados, entre los que ya han fallecido, los que continúan presos y los que están en arresto domiciliario. Puesto en perspectiva, en los primeros juicios de Nüremberg, luego de la II Guerra Mundial, donde hubo 22 millones de muertos, fueron exterminados 6 millones de judíos, donde se cometieron masivas violaciones de los derechos humanos por el ejército alemán, un ejército que tenía millones de hombres, una Alemania con decenas de millones de habitantes y donde hubo un apoyo popular firme al gobierno nazi, se llevaron a unos 34 ciudadanos a juicio. De todo el gobierno nazi, de toda la II Guerra, de todos esos millones de víctimas, los responsables que se pudieron encausar jurídicamente fueron 34. Cuatro fueron declarados inocentes y fueron ejecutados unos 20. Por supuesto que eso se celebró como un avance en la protección de los derechos humanos, porque lo fue. Puesto en perspectiva, nosotros tenemos un número análogo de violadores de los derechos humanos encausados por la Justicia uruguaya. En una dictadura que, con todo lo dolorosa que fue y las secuelas que nos dejó, no puede compararse en modo alguno con la II Guerra Mundial. Diría entonces que la Justicia uruguaya ha sido extremadamente eficiente en números en la persecución a los grandes violadores de derechos humanos en la dictadura.
Curiosamente, se señala que la posición de la SCJ en defensa de principios democráticos como la irretroactividad de la ley penal más gravosa, y de los principios de legalidad, que han sobrevivido y gestado la base de lo que hoy es el sistema penal democrático, podía llevar a obstaculizar las investigaciones de derechos humanos cuando no hay hasta ahora ningún caso en donde la Corte haya declarado prescripto un delito. Se nos han hecho durísimas críticas como preventivas, porque todavía la posición concreta de la Corte sobre la prescripción de los delitos en la dictadura no se conoce, porque no hemos tenido un solo caso.
—Se podría argumentar que es una consecuencia natural de que se considere un homicidio especialmente agravado, que en algún momento prescriba.
—Sí, pero en el tema de la prescripción de los delitos en todas estas décadas, con todas estas idas y venidas de la “ley de caducidad”, hasta ahora no ha habido ninguna decisión de la Corte. La democracia uruguaya ha sido particularmente exitosa en la persecución y resolución de los crímenes que ocurrieron en la dictadura. En el contexto que señalábamos, de que los espacios de impunidad existen. No hay ninguna democracia del mundo que pueda resolver todos los crímenes que se cometen, y esa es una imposibilidad que también reza para el pasado. No es un defecto del sistema, sino que son las limitaciones que impone la realidad.
—El Poder Judicial tiene un diferendo salarial con el Poder Ejecutivo. ¿La Corte va a liquidar los sueldos con el aumento que se establece en la ley que aprobó el Parlamento?
—No lo sabemos; la ley se aprobó hace pocos días, estando la Corte en receso, así que no hemos resuelto. Sí hicimos un comunicado sobre la inconveniencia de algunas de las soluciones que se establecen en la ley, particularmente lo que es hoy el artículo 9, que excluye al Poder Judicial del artículo 400 del Código General del Proceso. Allí se establece, atípicamente, que el Poder Judicial debe pagar con sus propios recursos las condenas en su contra, siendo que no tiene recursos asignados a ese efecto. Deberá hacer las previsiones presupuestales de lo que pueda ser que necesite a los efectos de tener en el quinquenio rubros para pagar. Nos pareció que no tiene justificativo crear un régimen que no es mejor para el Poder Judicial. Se podría dar la situación de que quien demanda tenga la seguridad de un deudor solvente cuando demanda a cualquier organismo y no la tenga cuando demanda al Poder Judicial.
—¿Puede pasar directamente que el Poder Judicial se quede sin rubros para hacer frente a las condenas en su contra?
—Por supuesto que sí. En general, el Poder Judicial tiene déficit en sus gastos de funcionamiento del año. El déficit previsto para 2015 es mayor que el que tuvimos en 2014. Tenemos dificultades para el cumplimiento de nuestros fines. Y no tiene ninguna previsión presupuestal para el pago de sentencias judiciales porque hasta ahora se pagaban con cargo a Rentas Generales.
