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    El Sistema de Cuidados debe ampliar su cobertura, mejorar la formación de los asistentes y tener más difusión, evalúa el BID

    El Sistema Nacional de Cuidados, una de las principales apuestas del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, “poco a poco” ha logrado “cambiar la cultura” de atención en el país, hasta ahora enfocada en el trabajo —no reconocido— de las mujeres. Esa es una de las evaluaciones positivas que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un estudio sobre el programa, en el cual planteó también una serie de desafíos, como la necesidad de ampliar la cobertura entre quienes tienen dependencias severas, de continuar con la formación y la regularización de las tareas de cuidados, y de dar mayor flexibilidad y mejor difusión al servicio para aumentar la demanda.

    A fines de 2015 comenzó a funcionar el Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de brindar atención a niños, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de dependencia. La ley que lo creó reconoce el “valor social de las personas” que realizan las tareas de cuidados y busca promover cambios en la actual división del trabajo, ya que esa tarea recae principalmente en las mujeres.

    Según el último informe oficial, de julio de 2019, el sistema llegó a atender a más de 15.000 niños y niñas de 0 a 3 años. Además, hay 5.318 personas con dependencia severa que cuentan con un asistente personal. Fueron 4.040 las personas que participaron de los cursos brindados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación, y hay en funcionamiento 24 centros de capacitación.

    El Estado otorga un subsidio para la contratación de un cuidador profesional para las personas con dependencia severa que sean menores de 30 o mayores de 80 años. “El monto del subsidio asciende como máximo a cubrir todos los conceptos de remuneración del asistente personal (sueldos, salario vacacional, aguinaldo y cargas sociales), equivalente a US$ 530 mensuales aproximadamente ($ 17.700). En el caso de que el subsidio sea menor al 100%, la persona dependiente (o su familia) tiene que cubrir la diferencia de su bolsillo”, señalaron las autoras del estudio, Natalia Aranco y Rita Sorio.

    El informe del BID indica que el 11,5% de la población de más de 60 años tiene cierto grado de dependencia funcional, y esa proporción llega a 24% en mayores de 80. Ese aumento de la demanda “ocurre en un contexto de contracción de la ayuda informal, resultado de la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y de la reducción de las redes familiares de apoyo”, dice el documento.

    A través del Sistema Nacional de Cuidados, el Estado “reconoce esta realidad y asume la responsabilidad de participar activamente en la búsqueda de soluciones a los desafíos que los cambios demográficos y sociales”, destaca.

    discapacidad

    Logros y desafíos

    Las autoras del trabajo encontraron logros en el programa aplicado. “La puesta en marcha del sistema ha logrado colocar el tema de los ciudadanos en la agenda política y social, y está, poco a poco, logrando cambiar la cultura de cuidados del país, según la cual la responsabilidad de cuidar recaía casi exclusivamente en las mujeres de la familia, sin que existiera un reconocimiento o valorización de la tarea realizada”, afirman Aranco y Sorio.

    Dada la “dimensión del reto”, queda “mucho camino por delante”, añaden, e identifican como uno de los “principales desafíos” el aumento de la cobertura “sobre todo en lo que tiene que ver con la prestación para la contratación de asistentes personales”.

    “En un principio, el sistema se propuso como meta cubrir el 60% de las personas con dependencia severa hacia 2020. Debido a razones presupuestales, este objetivo fue abandonado, y hoy por hoy no existe una meta explícita de cobertura”, señalan.

    Las autoras subrayan que el último informe del sistema muestra que “solo un 2% de la población adulta mayor dependiente recibe algún tipo de prestación por parte del sistema”. Una de las razones detrás de ese bajo nivel de cobertura “es el alto porcentaje de los dependientes que directamente no han aplicado al sistema, ya sea por restricciones de edad, o por propio desconocimiento del mismo y de la forma en que funciona”.

    Además, observaron que entre quienes aplicaron a una prestación y fueron incluidos en el sistema, la cobertura alcanza al 55% de los dependientes severos y solo al 14% de los dependientes leves o moderados. “Uno de los datos que más llama la atención es la cantidad de personas que, habiéndose postulado y calificado para recibir al beneficio, nunca deciden hacer uso efectivo del mismo. Esta situación es particularmente acentuada entre aquellos que reciben bajos niveles de subsidio”, señalan.

    Las autoras no encontraron una explicación a esa situación. Una de las hipótesis es la falta de conocimiento respecto a las “ventajas que tiene contratar un cuidador habilitado, en términos de formación y calidad del servicio”. Otra explicación es que ante la “ausencia de incentivos económicos, las personas decidan seguir solucionando las necesidades de cuidados como lo venían haciendo hasta el momento (ya sea a través de cuidados familiares, o a través de la contratación de un cuidador no habilitado por el sistema)”.

    El estudio también identificó dificultades burocráticas para la contratación, ya que la normativa establece que la persona dependiente debe hacerse presente en las oficinas del Banco de Previsión Social, un obstáculo para quienes tienen problemas para movilizarse. “Al respecto del proceso de contratación, debe mencionarse también que la elección del asistente personal se hace a través de una lista de nombres, en la cual no se incluye ninguna información adicional, despersonalizándola, y volviendo muy difícil y —a los ojos de los beneficiarios— riesgosa la elección”.

    Aranco y Sorio, plantearon que debería existir una “mayor flexibilidad” en las condiciones de contratación, como, por ejemplo, poder contar con un cuidador por menos horas al mes, o solo en ocasiones puntuales. Eso podría impulsar la demanda y aumentar la cobertura, sostuvieron.

    Las investigadoras también señalaron que es necesario pensar la cobertura para otro tipo de población, en especial quienes tienen entre 30 y 79 años de edad con dependencia severa, ya que hoy en día, de esta manera, el 50% de la población dependiente está quedando fuera del sistema.

    Además, sostuvieron que se debe mejorar la formación y, sobre todo, regularizar las tareas de cuidados ya que siguen existiendo casos que están por fuera de la órbita del sistema (por ejemplo, cuando lo realizan trabajadores domésticos).

    Por último, advirtieron que el sistema tiene “un gran desafío” en materia de difusión y comunicación.

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