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    El Tribunal de Cuentas, con nueva integración, acepta ahora la compra del avión presidencial; fuertes críticas de la oposición

    El Tribunal de Cuentas (TC) decidió el miércoles 1º levantar las observaciones que había interpuesto en noviembre de 2016 sobre la compra de un avión para la Presidencia de la República, luego de cambiar la integración de la mayoría oficialista y en medio de fuertes cuestionamientos por parte de los tres ministros de la oposición.

    El TC había observado la legalidad del procedimiento para la adquisición del avión al empresario Carlos Bustin, representante de Mercedes Benz en Uruguay, quien recibirá U$S 1.010.000 de la Fuerza Aérea. Primero, el TC cuestionó un intento de compra directa y luego, cuando se llamó a licitación, observó la legalidad del gasto porque no había garantías para la concurrencia de otros oferentes y porque el pliego estaba confeccionado como para que únicamente el avión de Bustin pudiera presentarse a competir.

    Pero, después de un informe de la Fiscalía de Gobierno de primer turno que descalificó las resoluciones del TC, este organismo, con una nueva integración (el ministro frentista Oscar Grecco, que había votado a favor de la observación, fue sustituido por Miguel Aumento, que cambió el voto y, por ende, la mayoría de cuatro a tres), dijo que “no existió, ni en forma real ni potencial, un apartamiento de las normas de contratación pública” y que no hay “ningún supuesto de vulneración de los principios de igualdad y concurrencia de los oferentes”.

    A pesar de ello, la División Jurídica del TC mantuvo su postura en cuanto a la ilegalidad del gasto. Los ministros frentistas no dejaron constancia en la resolución de nuevos fundamentos para cambiar la decisión, excepto la aceptación del dictamen de la Fiscalía de Gobierno, que está sometida a jerarquía puesto que sus integrantes son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo.

    “Juez y parte”.

    En cambio, los tres ministros de la oposición sí fundamentaron su discordia con la nueva posición del TC. Beatriz Martínez (blanca) dijo que la resolución del organismo dando vuelta sus últimas dos decisiones en relación al avión presidencial están “en abierta discrepancia con el informe de la División Jurídica del Tribunal que proponía, en forma fundada, mantener la observación”.

    La ministra recordó que la primera observación (la compra directa) se produjo porque “no existían razones que justificaran obviar el procedimiento competitivo”. También dijo que la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) informó al TC que el “tiempo mínimo” para certificar a una aeronave extranjera “no debería ser superior a los tres meses”, pero “el plazo entre la publicación del pliego (de la licitación) y la apertura de ofertas era de 60 días”.

    “Es evidente que ninguna nave que no tuviera el certificado anteriormente lo podría conseguir previo a la fecha de apertura de la licitación”, precisó.

    Martínez señaló en su discordia que “el fiscal de gobierno es un funcionario del Poder Ejecutivo, designado por este y sometido a jerarquía, por lo que al emitir un juicio sobre lo actuado por el TC, lo hace en calidad de juez y parte”.

    La ministra estimó que “seguramente la incomodidad de esta situación y el desconocimiento del tema del que se ocupa (…) induce al informante, a falta de argumentos jurídicos, a recurrir a la descalificación, al agravio y la amenaza, todo absolutamente improcedente”.

    “Es grave e infundado el agravio a funcionarios y ministros que intervinimos en el asunto”, puntualizó.

    Martínez dijo que “es cierto que, teóricamente, cualquiera puede ofrecer otro avión”. Sin embargo, preguntó: “¿para qué lo haría si tiene que gastar en traerlo a Uruguay para ser revisado, con las sumas considerables que eso implica, sabiendo que hay una condición que no puede cumplir y que atribuye un puntaje determinante para ser adjudicatario?”.

    “Si el pliego, como sucede en este caso, califica ventajosamente condiciones que solo podrá cumplir un oferente, la ilegalidad está consumada”, resaltó.

    La ministra comentó la argumentación de su nuevo colega Miguel Aumento en cuanto a que existe un “principio de razonabilidad” previsto en el artículo 149 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) en función del cual es “conveniente” que la Administración establezca discrecionalmente sus criterios de valoración de un factor, sin ponderarlo en la licitación.

    “Discrepo rotundamente con esta posición” puesto que “el principio de razonabilidad en materia de contratación administrativa no es un comodín al que pueda recurrirse graciosamente, ni justifica cualquier aplicación de la discrecionalidad de la Administración”, enfatizó.

    El artículo 48 del Tocaf dice que las licitaciones convocadas por el Estado deberán contener “como mínimo”, entre otros requisitos, la “descripción del objeto”, las “condiciones especiales o técnicas requeridas”, “el o los principales factores que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas”, “el modo de la provisión del objeto de la contratación” y “toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes”.

    Martínez concluyó con una pregunta: “¿por qué debería utilizar en este caso el Tribunal un criterio distinto al que aplica en todos los casos en que, presentando el pliego una disposición similar, observa?”.

    “Grosera” violación de la Constitución.

    A su turno, los ministros Álvaro Ezcurra (colorado) y Ruperto Long (blanco) plantearon fundamentaciones similares a la de Martínez.

    Ezcurra dijo lamentar que el Poder Ejecutivo haya hecho suyo el dictamen de la Fiscalía de Gobierno por entender que presenta “un desconocimiento inexcusable de la Constitución”.

    La Fiscalía, añadió, “atrevidamente pretende avanzar sobre la autonomía funcional del TC a través de una ley promovida por el propio Poder Ejecutivo, para ‘corregir’ la ‘inseguridad jurídica’ con que funciona el organismo, sugerencia groseramente violatoria del artículo 210 de la Constitución”.

    El ministro mencionó otros “dislates” de la Fiscalía, como haber afirmado que “el TC no pudo escapar al régimen de transparencia” o “la amenaza de la realización de un juicio político a sus miembros”.

    Eso, precisó Ezcurra, “no amedrenta a este ministro ni, por supuesto, a los funcionarios del organismo. Muy por el contrario, los rebelan ante la injusticia que proviene de la artera actitud de sugerir intereses espurios y los reafirman en sus creencias republicanas donde la separación de poderes continúa siendo un principio inalienable del régimen democrático al que pertenecen”.

    En opinión del ministro, esta licitación “adolece de ilegalidades” que la hacen pasible “no solo de las observaciones” del TC, sino que el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando de la Fuerza Aérea deberían anularla “en forma inmediata” e iniciar “el sumario correspondiente a los efectos de determinar responsabilidades”.

    Ezcurra dijo que nunca vio antes una situación “en que se justifique tan claramente la aplicación” de esa disposición legal “en atención a la violación de los principios de igualdad y libre concurrencia, que en forma por demás evidente facilitan la adjudicación de la licitación a un oferente predeterminado”.

    El levantamiento de la observación es, según este ministro, “un antecedente nefasto a los efectos de la tarea de control de legalidad que le compete” al TC, “desde que se acepta la extralimitación del poder discrecional de la Administración”, contradiciendo “una jurisprudencia constante” del TC.

    “Imprevisibles consecuencias”.

    El ministro Long, por su parte, opinó que el levantamiento de la observación “es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas y sitúa al organismo en una difícil situación, de imprevisibles consecuencias”.

    “Esta decisión sienta un precedente que puede arrojar consecuencias difíciles de evaluar en el presente. ¿Va a aplicar el Tribunal, de ahora en más, el mismo criterio, no observando los pliegos aun en casos en que resulten evidentes las restricciones a la concurrencia en igualdad de condiciones, como en el presente caso? ¿O va a mantener el criterio sustentado hasta el presente, con la sola excepción del caso en cuestión? Y, en tal caso, ¿por qué admitió el Tribunal esta única excepción?”, interrogó Long.

    El ministro recordó que el proceso de compra de este avión se inició con una carta dirigida por el empresario Bustin al Poder Ejecutivo el 2 de marzo de 2015 (al día siguiente de la instalación del actual gobierno), quien ofreció en venta un avión de su propiedad.

    “En menos de dos meses, se definió la necesidad de adquirir una aeronave, el tipo de aeronave, la forma de adquirirla (compra directa) y que, en definitiva, esta aeronave —la ofertada en la carta— era la que se debía comprar. Incluso se redactó el correspondiente proyecto de contrato de adquisición”, evocó.

    Long —quien también consideró “agraviante” el dictamen de la Fiscalía de Gobierno— dijo que no debía descartarse el avión ofrecido por Bustin pero “dado el origen tan sui géneris de esta adquisición, se debieron extremar las acciones para asegurar la transparencia del proceso, generando el más amplio procedimiento competitivo, sin restricciones, para tener la seguridad de que —si en efecto se necesitaba adquirir un avión—, se estuviera realizando la mejor compra posible, sin dudas ni sombras”.

    El ministro dijo que al momento de la decisión del gobierno, “numerosas aeronaves, de características similares, estaban a la venta en diversos países”, particularmente en Estados Unidos.

    Información Nacional
    2017-02-09T00:00:00