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El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, considera que es imposible lograr una rehabilitación en las cárceles si esa tarea no se vincula directamente con las políticas de seguridad ciudadana. A su entender, el objetivo solo se puede alcanzar incorporando a la acción preventiva lo que en otras ciudades como Medellín se ha llamado “urbanismo social”.
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“Intentar un enfoque de urbanismo social que pueda transformar la convivencia en los diversos sectores sociales más carenciados y distantes de los mecanismos de integración y movilidad social, existentes en muchas zonas de Montevideo y varias ciudades del interior, es un desafío”, pero “es quizás el único camino para revertir desde su raíz los procesos que terminan en la violencia”, indica Petit en su último informe anual correspondiente al 2019.
Para el comisionado, estas acciones deben ir en paralelo con una fuerte inversión social en el sistema penitenciario, sin la cual, sostiene, no bajarán los niveles delictivos. “Solo un sistema penitenciario eficiente puede bajar la reincidencia” e incluso “esta mejora puede significar en el corto plazo la ocurrencia de muchos miles de delitos menos”.
Petit también cuestiona la idea de que un mayor número de presos implique “más seguridad”.
“Tenemos 320 presos cada 100.000 habitantes, uno de los índices de prisionización más altos del mundo. ¿Somos de los países más peligrosos del mundo? Notoriamente, no. Algo estamos haciendo mal”, dijo a Búsqueda. Y puso como ejemplo a Estados Unidos, el país con más presos del mundo, que luego de un trabajo de años en el Congreso, a partir de un acuerdo entre el Partido Demócrata y el Republicano, concluyó que un sistema penitenciario gigante produce más delincuencia en las calles.
“Hace tres años que vienen bajando su población penitenciaria: más programas sociales focalizados, programas de salud mental, asistencia familiar a medida, capacitación laboral en cárceles, cárceles más chicas, juzgados para delitos de drogas, penas cortas o penas alternativas para delitos graves. Creo que es una experiencia a mirar, la misma que han seguido todos los países que tienen menos delincuencia y más integración social. Por el camino de penas duras, cárceles pobres en programas sociales y un sistema penitenciario gigante e infinanciables no vamos a ningún lugar bueno”, concluye.