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La nueva presidenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Virginia Romero, maneja una serie de medidas para recuperar el instituto paraestatal que encabeza y, con una sinceridad poco frecuente en estos casos, las puso arriba de la mesa, sin vueltas. Es un buen primer paso pero el problema es el polémico y repetitivo contenido de esas iniciativas. No apuesta a reducir el presupuesto, que ha crecido en forma desmedida y con gastos desproporcionados e ineficientes. La solución sugerida —como en casi todos los casos de empresas del Estado y similares, con fuerza monopólica— es aumentar los aportes de los contribuyentes, crear una cuota para quienes no ejercen y por lo tanto no tienen beneficios y por las dudas, como si fuera poco, eliminar algunos de los beneficios que tienen los usuarios.
La nueva presidenta es sincera al plantear todo esto previamente, sin disimulo, ya que está claro que no es la única que piensa así, pero otros no lo dicen y directamente lo hacen. En eso se basa casi toda la estructura estatal, defendida por una gran mayoría de uruguayos, lamentablemente. A ella le tocó promoverlo en nombre del Directorio de la CJPPU y lo hizo sin tapujos. Incluso realizó algunas reflexiones que dan una verdadera magnitud a la propuesta. “Sacar la caja adelante” será “costoso”, dijo ante los demás directores, según informó Búsqueda en su última edición. Le faltó decir que ese costo lo pagará el contribuyente. También aseguró que se “deberán sacrificar muchas cosas”. La pregunta entonces es: ¿quién sacrifica? Otra vez, el actual contribuyente y el que pasará a serlo, por más que no esté en ejercicio de su profesión.
Por otro lado, hace un poco de gracia cuando Romero se refiere a dejar de lado los preconceptos. ¿Cuáles preconceptos? Lo que plantea no se puede considerar ni novedoso ni revolucionario. Es una práctica demasiado común para la gran mayoría de nuestros gobernantes y administradores. El verdadero preconcepto instalado en nuestra cultura estatista es renegar de cualquier reducción del gasto y disminución de estructuras, que con el tiempo se van desproporcionando al influjo de una variedad de reclamos y pedidos de sectores e individuos que esperan todo del “papá Estado”.
La nueva presidenta explicó también que no será una tarea fácil pero no dijo para quién. Para el administrador, aumentar cuotas y aportes —como a nivel del gobierno ha ocurrido en el pasado con tarifas e impuestos— es mucho más fácil que tomarse el trabajo de defender un manejo más ajustado de los gastos. Otra vez: el que siempre la termina teniendo complicada es el contribuyente.
La situación de CJPPU es —como dijo recientemente uno de sus integrantes— la crónica de una muerte anunciada. Desde el 2014 registra déficits en sus balances, que viene salvando gracias a sus reservas de inversiones, pero se estima que para el 2024 se agotarán. En todo ese tiempo fueron muy pocas —si es que hubo alguna— las medidas correctivas que los directorios intentaron. Por eso, tiempo atrás el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitó una proyección financiera hasta el 2026.
Junto a ese trabajo, el directorio resolvió hace ya un tiempo presentar una serie de medidas ante la proyección de que la CJPPU se quedaría sin fondos en 2024. Lo que propuso implicaba derivar la ineficiencia de la CJPPU al Estado, solicitando entre muchas otras cosas un préstamo. En su momento, el representante del Poder Ejecutivo en la caja puso un freno al plan y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó que básicamente la propuesta era un pedido de asistencia y de préstamos al Estado (cuándo no). “La respuesta del directorio es —dijo el ministro—: traslademos al Estado y a la sociedad los problemas que tenemos nosotros. Sin cuantificar nada”.
El actual directorio no busca, por lo visto, el apoyo de préstamos estatales como el anterior, pero promete mayor presión sobre sus contribuyentes, el camino más fácil y un recurso que probablemente sea ineficaz, como ha quedado demostrado tantas veces. Parece difícil torcer la idea de que el bolsillo del contribuyente no tiene límites, pero sí los tiene. Ya deberían saberlo.
