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¿Hijos y entenados? A raíz de sus polémicas declaraciones al semanario Búsqueda, la Sra. Mercedes Rovira pasó de tener notoriedad por su nombramiento como rectora de la Universidad de Montevideo, a ser noticia por haber sido llamada a declarar en un Juzgado por un presunto delito de discriminación.
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Luego de conocidas sus declaraciones al semanario, y ante la reacción de las autoridades de la enseñanza, la Universidad y la propia involucrada salieron públicamente a pedir disculpas, agregando que la vida privada de las personas no era de su incumbencia.
La futura rectora decidió renunciar al cargo para el que había sido propuesta y la Universidad emitió un segundo comunicado reiterando las disculpas y afirmando nuevamente que no se discrimina a las personas por su sexualidad al momento de contratarlas.
El Ministerio de Educación se dio por satisfecho con las explicaciones y con la renuncia de Rovira a asumir su cargo, y lo mismo ocurrió con una organización que nuclea a personas homosexuales y que había anunciado su intención de iniciar acciones penales.
Sin embargo, para el fiscal Carlos Negro las explicaciones no resultaron satisfactorias y con gran celeridad solicitó la citación judicial de Rovira para determinar si en sus declaraciones y durante el ejercicio de su trabajo anterior en la universidad, cometió hechos de discriminación en violación a la ley 17.817.
La jueza Mota, con idéntica rapidez, ordenó la comparecencia de la susodicha y fijó el feriado del 18 de julio para investigar su conducta.
Rovira declaró lo que ya había explicitado en cuanto a que no tuvo intenciones de ofender ni discriminar a nadie, pero sus explicaciones no resultaron de total conformidad para la jueza, quien decidió profundizar la investigación y extenderla no solo a la denunciada, sino a posibles actos de discriminación por parte de otras jerarquías de la universidad en cuestión.
Por un lado es una tranquilidad para los ciudadanos el observar la preocupación y celeridad del fiscal en cumplir con sus funciones, sobre todo considerando que recientemente a otro fiscal se le venció el plazo para presentar una apelación, motivo por el cual no se pudo continuar investigando, en este caso no los dichos si no los hechos presuntamente delictivos que involucraban a dos ex jerarcas municipales, integrantes destacados del Frente Amplio.
También es justo resaltar que la jueza Mota —a quien el año pasado la Suprema Corte de Justicia le señaló la inobservancia de su deber ético al participar en un acto que puso en tela de juicio su imparcialidad en algunas causas que lleva adelante y, recientemente, la misma Corte volvió a observar por actuar de manera ilegal al negar un recurso de inconstitucionalidad en una causa promovida en su Sede— decidió esta vez aplicar la ley a rajatabla y llevar su cumplimiento a los extremos, sin dejar dudas de la ética y legalidad en su proceder.
Pero, por otro lado, sorprende notar que otros hechos recientes, también de notoriedad pública, no han merecido —al menos hasta ahora— la misma preocupación para el sistema judicial uruguayo.
Un dirigente tupamaro pidió públicamente el fusilamiento de los senadores paraguayos que se habían negado a permitir el ingreso de Venezuela al Mercosur, en lo que podría ser considerado una apología de la violencia, sin que haya trascendido que ningún fiscal lo haya citado a declarar por sus dichos.
En otro episodio que tampoco habría merecido la acción fiscal de oficio, un grupo de obreros sindicalizados en Conchillas agredió a otros trabajadores que no adherían a las medidas de paro dispuestas por el sindicato.
Allí no se trató solo de palabras, sino de hechos violentos, atentatorios a la integridad física de las personas, llegando incluso a producirle lesiones serias a una de ellas.
Se nos ha enseñado que una de las ventajas del sistema democrático es tener un poder judicial independiente del gobierno de turno, imparcial, objetivo y universal, encargado de impartir justicia por igual a todos los ciudadanos, sin distinción de raza, condición social o económica, religión o ideología.
A la luz de los sucesos señalados, la gran mayoría de la población tiene el derecho de preguntarse si los hechos discriminatorios, violentos o violatorios de cualquier forma del orden jurídico, están siendo medidos con la misma vara por los encargados de hacerlo cumplir.
Algunas situaciones como las comentadas parecen estar dando la razón a quienes tenemos dudas al respecto.
