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Amado Boudou y Ciccone Calcográfica. El vicepresidente de la Republica Argentina finalmente declaró en calidad de indagado por la resonante causa Ciccone Calcográfica, en la que medios de prensa del vecino país han denunciado públicamente una estratagema por parte de Boudou con el fin de apropiarse de la mencionada empresa, nada más ni nada menos, que la imprenta que hoy en día imprime el dinero oficial.
La investigación judicial del vicepresidente argentino comenzó en el año 2012, poco tiempo después de asumir la Vicepresidencia del vecino país. Amado Boudou ya comenzó a escribir un nuevo capítulo de la historia política argentina al ser el primer vicepresidente en haber declarado en calidad de indagado, pero seguramente su indagatoria sea algo anecdótico ya que en el corto, mediano o largo plazo la historia será peor.
Ciccone Calcográfica era una imprenta tradicional de la Argentina, que siempre tuvo vínculos con el Estado. Desde la época de Raúl Alfonsín, la empresa prestaba servicios al fisco. Luego de la crisis de 2002, la imprenta logró prestar más servicios imprimiendo DNI, pasaportes argentinos, padrones y boletas electorales, etc. La mencionada crisis hizo que la legendaria “Casa de la Moneda” no contara con la infraestructura necesaria y por tal motivo se contrató a la imprenta. La situación económica de la empresa empeoraba cada año, ya que el Estado no pagaba por los servicios prestados y a su vez la AFIP lo acorralaba con los impuestos. El grado de la incongruencia era tal que Ciccone facturaba sus servicios al Estado, pero éste no le pagaba por dichos servicios y la AFIP pretendía que pagara impuestos por trabajos que no habían sido remunerados. Esta situación la llevó a un concurso de acreedores y en el 2010 el titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, a pedido del senador oficialista Aníbal Fernández, solicitó la quiebra de la empresa.
Es en ese momento en que Amado Boudou, por ese entonces ministro de Economía, comienza a jugar un rol determinante en la causa, ya que es contactado por Ciccone para idear un salvataje y que no se hiciera lugar a la quiebra. A través de sociedades conformadas por amigos del vice, algunos con vínculos desde la infancia, se realizó la negociación con Ciccone. En setiembre de 2010 Ricardo Etchegaray solicitó el levantamiento del pedido de quiebra que él mismo había presentado un par de meses antes. Una vez superada esa instancia judicial, Boudou, en su calidad de ministro de Economía, solicitó a Etchegaray por documento público que se le condonara el 75% de la deuda que Ciccone tenía con la AFIP, a lo que accedió sin mayores reparos.
Poco tiempo después de asumir Boudou como vicepresidente de la Nación, la presidenta de la Casa de la Moneda, alineada con el vice, envió una solicitud al Banco Central para que la afamada imprenta se encargara de la impresión del papel moneda argentino, lo que finalmente ocurrió. El transparente negocio de Amado y los suyos se tornó cada vez más mediático, y las denuncias judiciales no tardaron en llegar. De todas formas, no había de qué preocuparse ya que era de suponer que la justicia miraría hacia el costado y procedería al archivo. Pero Amado no corrió con esa suerte y entre abril y mayo de 2012 el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo fueron removidos ya que se estaba investigando demasiado al vicepresidente e incluso se le había allanado una propiedad a Boudou en busca de pruebas documentales. En su lugar fueron designados el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, quienes hasta la fecha permanecen en el cargo.
El jueves 29 de mayo del corriente año, el juez federal Lijo ya había resuelto la citación de Boudou aunque todavía no era pública. Circulaba fuertemente el rumor de una nueva remoción del juez que despertó alarma pública en la sociedad. El mencionado juez estuvo a punto de ser removido de la causa por la determinación y convicción de llamar a indagatoria a Boudou. Ese jueves, en la noche, el juez y sus colaboradores hicieron historia redactando un contundente llamado a indagatoria de siete carillas en los que se imputa a Boudou haber cometido abuso de funciones, primero como ministro de Economía y luego como vicepresidente argentino con el fin de apropiarse de la mencionada imprenta. En su citación, el juez federal establece: “Amado Boudou junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa Ciccone, mientras Boudou era ministro de Economía a través de la sociedad The Old Found de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”. Todas estas maniobras fueron “aprovechando su condición de funcionario público, primero como ministro de Economía y luego como vicepresidente de la Argentina”.
El viernes 30 de mayo, a primera hora de la mañana, ya era pública la citación debiendo comparecer el vicepresidente el 15 de julio al despacho del Dr. Lijo a efectos de ser indagado por el magistrado.
Al principio se lo tomó con tranquilidad, aseguró en dialogo radial con nuestro compatriota y su tenaz defensor público, Víctor Hugo Morales, estar tranquilo y que la forma que tiene de probar su inocencia es declarando frente a la justicia, y arremetió con toda su fuerza contra el Grupo Clarín por haber inventado la causa y hasta llegó a victimizarse de un linchamiento mediático por parte del mencionado grupo periodístico.
El primer fin de semana de junio viajó a la República de El Salvador, en representación de Cristina Fernández, para el acto de asunción del nuevo presidente del país centroamericano.
Ya de regreso en su país, la tranquilidad se le esfumó y el mismo lunes 2 de junio presentó un escrito para adelantar su indagatoria. El martes 3, sin todavía saber si se hacía lugar a su anterior petición, presentó un escrito ante el tribunal de alzada solicitando la nulidad de la causa. Sobre la incongruencia de estos dos actos caben dos interpretaciones: que esté mal asesorado jurídicamente o que le haya caído “la ficha” de que no tiene salida. Personalmente me inclino por la segunda; sería muy ingenuo pensar que un vicepresidente no esté en las mejores manos letradas del país. También utilizó la televisión pública para hacer monólogos y atribuir toda responsabilidad a la mafia de Magnetto, propietario del Grupo Clarín. El juez hizo lugar al adelantamiento de la indagatoria y el lunes 9 de junio se presentó ante el magistrado por un período de ocho horas. A la salida de su jornada judicial, se mostró eufórico y a los abrazos con militantes que lo esperaban, hizo pública su acta de declaración de 37 carillas en la que dejó claramente sentado que no se defendió porque no tiene elementos para hacerlo.
Increíblemente, el martes 10, recibió en su despacho a dos periodistas del canal “TN” perteneciente al Grupo Clarín. La entrevista desde el punto de vista periodístico fue excelente, y si bien Boudou mostró dudas y no supo defenderse, como tampoco lo pudo hacer en el juzgado, se mostró sereno y sumiso. Durante gran parte de la entrevista que fue en vivo, se lo vio con las manos cruzadas como si estuviera rezando. Su rostro habló por sí solo y dejó en claro que él solo no va a pagar los platos rotos.
El tribunal de alzada rechazó el pedido de nulidad y por el despacho del juez Lijo siguen las declaraciones que cada vez comprometen más a Boudou y también a otros integrantes del gobierno. Ya constan en el expediente indagatorias cruzadas entre funcionarios gubernamentales.
Esta causa fue iniciada por dos periodistas de investigación, Nicolás Wiñazki, integrante del Grupo Clarín, y Hugo Alconada, periodista del matutino “La Nación”, en el 2012. Sobre sus espaldas cargaron con la mochila más pesada de apuntar al vicepresidente de la Argentina en una causa nada sencilla, llena de estratagemas artificiosas, que ya son judicialmente un escándalo de corrupción. Esta coincidencia hace que sea muy similar al resonante e histórico caso de “Watergate”.
Corresponde destacar al juez federal Ariel Lijo, quien fue designado en el cargo por el kirchnerismo. No todos los jueces son “Oyarbides” y el Dr. Lijo dio el golpe, ya que actuó con competencia en sus funciones y no obedeciendo a intereses ajenos. Días atrás el Dr. Lijo fue a retirar su hijo al colegio y todos los presentes, al verlo llegar, rompieron sus manos en aplausos. El hecho deja en evidencia lo que hizo el gobierno con el Poder Judicial.
Amado Boudou, el ministro de Economía, el vicepresidente de la Argentina, el músico, el motoquero, el eufórico, el que se distrae con el sudoku cuando sesiona el Parlamento, el que siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja, se encuentra con un procesamiento en la puerta, pero promete no caer solo. Amado se defiende como puede y sus pobres argumentos penden de la casualidad, cuando en política nada pasa por casualidad y todo pasa por causalidad.
Amado Boudou comenzó a escribir en tribunales un histórico y nuevo capítulo de la década ganada. Seguramente con un final prometedor, digno de “El Padrino”.
