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El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó esta semana una acción judicial ante los juzgados de Ejecución de 1º y 2º Turno pidiendo que se intime al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación a clausurar un sector del módulo 2 de la cárcel de Canelones.
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En la denuncia a la que accedió Búsqueda, Petit solicita a la Justicia que obligue a cerrar el espacio y que allí se instalen equipos técnicos para la unidad y de salud mental que atiendan los consumos problemáticos de sustancias, una situación extendida entre gran parte de los presos.
La cárcel de Canelones, conocida como la Unidad 7, y en especial el módulo 2, están catalogados como lugares donde se da trato cruel, inhumano o degradante a los presos, según el último informe anual del comisionado parlamentario. El resto de las dependencias en la cárcel son consideradas locaciones con insuficientes condiciones para la integración social.
En el módulo 2, según datos del 22 de julio en poder de Petit, conviven 546 de los 849 internos que tiene la cárcel de Canelones. Ese espacio “tiene enormes carencias de personal”, ya que habitualmente hay entre cuatro y siete funcionarios por turno junto a un operador penitenciario. “Estos números comprometen la generación de cualquier tipo de asistencia, actividad o ejercicio de rehabilitación”, según la denuncia.
Ese módulo está dividido en cuatro sectores, cada uno de ellos con una planchada interna, y un patio exterior. Tiene capacidad para 396 plazas, lo que significa una densidad de 138%. De acuerdo con normativa internacional, allí hay “hacinamiento crítico”. Además, a Petit le llama la atención que hay celdas en las que viven siete internos mientras en otras hay dos o incluso uno.
El comisionado penitenciario parlamentario constató que los internos no reciben ninguna enseñanza de oficios o capacitación laboral. Tampoco tienen programas de atención de salud mental ni atención psicológica pese a constatarse cuadros de angustia, ansiedad, depresión e inquietud. Además, escasean los elementos para la limpieza tanto ambiental como personal de los presos.
Petit reconoce que las autoridades de la cárcel de Canelones han tomado medidas y buscan generar condiciones aceptables para los reclusos. Intentan generar puestos de trabajo favoreciendo el acceso a aulas educativas, impulsando la creación de oferta deportiva, ingreso a grupos religiosos y a actividades manuales. Pero aun así las condiciones siguen siendo inaceptables.
En la denuncia, Petit pide a la Justicia que obligue a las autoridades a que en 120 días se realice una revisión general de la cárcel y en específico se exija la existencia de programas socio-educativos y su infraestructura edilicia. Reclama además que en un plazo de 150 días se cierre el sector B del módulo 2 y que en su lugar se instale un Polo Educativo Productivo donde haya aulas, talleres y un espacio recreativo, que en 150 días se implemente un programa de enseñanza de oficios para formar a los reclusos y que en 45 días se designe un equipo técnico para desarrollar los programas, un equipo operativo para implementar el Polo Educativo y un equipo de atención psicológica y de salud mental.
