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Oportunamente, expuse mi opinión respecto al diferendo planteado por el contrato entre el Estado y la empresa TCP Katoen Natie, poniendo de relieve algunos errores cometidos por la autoridad competente al arribar a ese acuerdo, celebrado el 25 de febrero de 2021, homologado por los decretos 114 y 115 del año pasado y, en particular, en la necesidad de rectificar esos errores y en buscar soluciones conciliatorias que incluyeran un período de transición.
En todo el tiempo transcurrido el planteo de Montecon fue el de que era víctima de un acuerdo que la perjudicaba y que afectaba su viabilidad financiera pero ahora sucede que, en la actual coyuntura portuaria, los perjudicados son gran parte de los trabajadores de esa empresa y nosotros los contribuyentes uruguayos, no la empresa Montecon, que está obteniendo ganancias extraordinarias en su operativa, en la que incide una sensible reducción de personal que obtuvo en negociaciones generadas por medidas gremiales y amenazas de accionamientos judiciales y ante tribunales arbitrales internacionales.
So pretexto de que al reducirse su operativa tenía que reducir personal obtuvo un acuerdo por virtud del cual 108 de sus funcionarios pasaron a seguro de paro. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que Montecon está trabajando a full, que su plantilla actual hace horas extras, que trabajan hasta los días domingo y mientras tanto los empleados que están en seguro de paro cobran un subsidio que es mucho menor al salario que perciben sus compañeros que están desarrollando su actividad en el puerto y que ese subsidio de paro lo solventamos los contribuyentes. En otras palabras, Montecon se deshizo de 108 funcionarios, está trabajando a todo vapor y el seguro de paro lo pagamos nosotros, con los impuestos que afectan nuestra capacidad contributiva.
Creo que ha llegado el momento de poner las cosas en su lugar, de rectificar errores preservando el derecho de la administración portuaria de que se realicen importantísimas inversiones que mejoren la eficacia de su operativa sin que ninguna de las empresas involucradas tome a sus trabajadores de rehenes y evitando que los platos rotos los paguen los trabajadores y los contribuyentes con maniobras como las que reseñamos anteriormente.
