Monica Ferrero en la comisión de Asuntos Administrativos en 2025.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Uno de ellos es el abogado Juan Barca, quién representó a Miguel Ángel Leal da Costa, un “peligroso narcotraficante”, según las autoridades, que en 2023 se fugó luego de que su defensa presentara un certificado médico falso para que accediera a la prisión domiciliaria. En una investigación liderada por Ferrero, entonces fiscal de Estupefacientes, fueron condenados el falsificador, Matías Campero, y la abogada de otro narco que se fugó con la misma estratagema. Fuentes de Fiscalía dijeron que la investigación respecto a la eventual responsabilidad de otros abogados continúa abierta.
Barca fue uno de los abogados que concursó con Estomba el año pasado, pero no llegó al puntaje necesario para aprobar. Esta es la segunda vez que concursa.
El otro abogado que concursó este año y cuyo perfil inquieta a las autoridades es Diego Cabrera, defensor del conocido delincuente Luis Betito Suárez, líder del clan familiar Los Suárez, uno de los grupos que se disputa el mercado de la venta de droga en Cerro Norte.
Aún no se conocen los resultados del concurso.
Estomba: sería un “escándalo” si impiden que asuma como fiscal
El jueves 15 en la tarde, después de que Búsqueda informara sobre la preocupación del gobierno y el Parlamento por la posible designación de Estomba como fiscal, el abogado envió a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado un correo solicitando a los legisladores que lo reciban. Pidió ser escuchado para defender su “idoneidad moral”, sostuvo que hace dos años no trabaja en causas penales y aseguró que ninguna investigación lo señaló “como partícipe de actividades criminales”.
Los senadores aún no decidieron si van a recibir al abogado, según manifestaron tres legisladores consultados por Búsqueda. Dijeron que lo discutirán cuando vuelva a sesionar la comisión, en noviembre.
Monica Ferrero en la comisión de Asuntos Administrativos del Senado en 2025.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
En diálogo con Búsqueda, Estomba dijo que sería un “escándalo” que el Senado no vote su designación, porque significaría “que se fue al carajo el Estado de derecho”. “Sería gravísimo, propio de una dictadura, que dice este sí y este no a dedo”, afirmó, y aseguró que tomaría acciones legales si eso sucede.
El colectivo de abogados penalistas se ha mantenido cauto y ha evitado pronunciamientos públicos. El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Enrique Moller, aclaró que Estomba no es afiliado y dijo que preferían no opinar hasta que no haya una definición del Senado.
Uno de los pocos en pronunciarse en defensa de Estomba fue el abogado Pablo Casás, que en el programa Esta boca es mía, de Canal 12, dijo que lo conocía, que era un profesional “con acreditada experiencia” y que toda la situación le parecía “ridícula”.
El cuñado de Marset, entre los defendidos del abogado que aspira a la Fiscalía
En 2018 El Observador publicó un perfil titulado El abogado que se hizo un nombre defendiendo narcos. El protagonista era Estomba, que en ese entonces defendía a Mónica Sosa —a quien la policía identifica como la líder del grupo Los Chingas— y a miembros del grupo criminal Figueroa.
El principal argumento del abogado para descartar las sospechas sobre sus antecedentes es que en las causas en las que defendió a integrantes del grupo Los Chingas no se imputaron delitos de drogas, sino de extorsión —por desalojos que realizaba el grupo en Casavalle para quedarse con las viviendas de gente del barrio—. En el caso del clan Figueroa, defendió a una persona formalizada por venta de drogas y lavado de activos que luego sobreseída, mientras que una segunda integrante del grupo que le pidió asesoramiento finalmente no lo contrató. El abogado considera que por eso es erróneo que se lo identifique como “abogado de narcos”. Aunque miembros de esos grupos sí fueron condenados por venta de drogas en otras causas, él insiste en distanciarse de ello porque no ocurrió en las que él intervino.
Estomba admitió que a Mónica Sosa la defendió en tres causas, pero dijo que ninguna estuvo relacionada al narcotráfico. Además de la condena por extorsión —donde señala que fue condenada como cómplice porque “su participación fue mínima”—, intervino en otra por violencia privada —en una escucha telefónica apareció amenazando a una prima para que no acuse a su hijo de un homicidio— y en otra por hurto de agua y energía eléctrica en Los Palomares. “Si es por eso, el barrio entero debería ir preso”, dijo el abogado, que ve un ensañamiento de la policía con su exdefendida.
Estomba aseguró que desde 2019 perdió contacto con esos clientes y dijo que, desde que decidió ingresar a la Fiscalía, en 2022, dejó de trabajar en casos penales. “Soy consciente de que yo no podía seguir defendiendo delincuentes hasta el día antes de entrar a la Fiscalía. Soy consciente de que necesitaba un período para que se enfriara mi nombre. Pero no por lo que dijeran los demás, sino por mi ética”, afirmó.
Policía de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en Montevideo.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
El abogado dijo que defendió solo dos casos vinculados a venta de drogas y que sí trabajó en muchas causas de homicidios, que, asegura, no estaban vinculadas al narcotráfico. “Si bien la policía dice a veces que el móvil es la droga, nunca se encontró nada. Entonces, ellos pueden decir muchas cosas, pero si no se encuentra la droga…”.
Consultado sobre si tiene vínculo o trabajó con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aseguró que no lo conoce. Aunque sí dijo que defendió al novio de una hermana de Marset, que fue acusado y condenado por homicidio. “Fue lo más cerca que estuve de él”.
“Por supuesto” que el narco ya infiltró la Fiscalía
Estomba reiteró que sería “ilegítimo” que los senadores no voten su designación. “Me presenté a un concurso, pasé las pruebas y estoy apto para ingresar”, dijo. Contó que también trabajó como defensor de oficio en la material civil, que fue docente de Derecho Penal en la Escuela de Policía durante 10 años y que, cuando decidió ingresar a la Fiscalía, hizo una maestría en la Universidad Nacional de Rosario, entre otros cursos. “Me parece que para ingresar al primer escalafón de la Fiscalía tengo méritos claros”.
El abogado aseguró que su viraje profesional se debió a que le gusta el trabajo de investigación y que quiere corregir una realidad que lo indigna, que logró ver con claridad tras estudiar con el argentino Eugenio Zaffaroni: “Que sean solo los pibes chorros los que van en cana”.
“Nunca se me allanó la oficina, nunca se me pinchó el teléfono (que yo sepa), nunca me llevaron detenido, nunca pedí información que no debiera a la policía. ¿Qué elemento objetivo tienen para sospechar que yo puedo ser infiltrado de narcos?”, insistió. Para Estomba “es hasta gracioso” que se crea que un grupo criminal va a introducir en la Fiscalía “a un abogado que ya todos conocen para pasar información”.
Aclaró, de todos modos, que no le parece inverosímil que el narco infiltre la Fiscalía, aunque afirmó que usan abogados de menor perfil. “Capaz que ya los tienen, pero como no son abogados conocidos pasaron por abajo del radar”, dijo, y ante la pregunta de si creía que que eso efectivamente ya había ocurrido, respondió: “Por supuesto que sí. El tema es que yo por ahora no soy fiscal para investigarlo”.
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