Corrupción, “corralito mutual” y los “antecedentes” del ministro. El 7 de diciembre fue el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Un día ideal para renovar el compromiso de lucha contra la corrupción, para reclamar hechos y no más palabras, pero por sobre todas las cosas para una profunda y colectiva reflexión sobre la importancia de combatir la corrupción actuando con firmeza y con absoluta independencia político-partidaria.
Muchas veces decimos que en nuestro país casi no existe corrupción, que es mínima, que casi no nos afecta a la mayoría de los uruguayos y por ende no le damos la importancia que debe tener el necesario combate frontal a la corrupción de parte de todos los actores sociales y políticos.
La estafa al Fonasa y la no apertura del “corralito mutual” dejan en evidencia que ello no debería ser así.
A principios de 2017 la Justicia uruguaya procesaba a algo más de 30 personas por la llamada estafa al Fonasa. Sorpresivamente, hasta la fecha, la Justicia no ha logrado responsabilizar a ningún jerarca público que, por su acción u omisión, pudiera haber contribuido a que tal maniobra ocurriera.
Han pasado casi dos años desde que se detectó la estafa y los uruguayos aún no sabemos si existió o no una auditoría en el BPS. No se conoce a fondo el alcance de la estafa, ni las posibles fallas en los controles y ni que hablar si existieron o no responsabilidades de los jerarcas públicos.
Eso sí, hace ya casi dos años que la corrupción de unos pocos viene coartando la libertad de muchos uruguayos que prácticamente no pueden cambiarse de mutualista, pues el gobierno decidió suspender la apertura del “corralito mutual”.
El pasado 26/11/2018 el Sr. Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, dijo en Rivera que el corralito mutual no se abrió “porque no están dadas las condiciones y porque hay, como dijo un querido expresidente, una manga de sinvergüenzas metidos en el medio”.
De eso nadie tiene dudas de que es así, Sr. Presidente. “Sinvergüenzas metidos en el medio” siempre existieron y lamentablemente seguirán existiendo.
Lo fundamental es la actitud que adoptamos frente a ellos, pues a veces, como dice el refrán: “La culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo”.
Los “antecedentes” del Ministro:
En mayo de 2006, cumpliendo mi obligación como funcionario público, denuncié, entre otras cosas, presuntas irregularidades con las afiliaciones mutuales en el BPS. El directorio del organismo (presidido en aquel entonces por el actual ministro de Trabajo), además de permitir realizar una auditoría interna “trucha” y tapar la corrupción, me terminó suspendiendo por supuestas denuncias infundadas.
Nadie puede considerar válida una auditoría interna en la cual es la propia parte denunciada que estudia los casos denunciados por nosotros y que en muchos la involucraban directamente. Más bien podemos hablar de una auditoría “trucha”.
Nadie puede considerar “infundado” denunciar que hace años existen muchos uruguayos que aparecen afiliados en tal o cual mutualista sin haber concurrido a la misma a afiliarse. No solo que todos los uruguayos conocemos a alguien que le pasó sino que además los denunciantes aportamos un testigo que apareció afiliado sin haber realizado trámite alguno, en el medio del período “auditado”.
Nadie puede considerar “infundado” que existen afiliaciones mutuales irregulares, cuando se aporta un testigo que fue operado en una mutualista y estaba afiliado a otra, cuando lo denuncia la propia persona y por encima de todo ello ocurrió durante el período “auditado”.
Solamente quienes “le rascan el lomo al chancho” puede considerar que se realizó una verdadera auditoría interna y que nuestras denuncias eran infundadas.
Tapando la corrupción, realizando una auditoría “trucha” y persiguiendo a los denunciantes, sin focalizarse en investigar a fondo lo denunciado, varios jerarcas y directores del BPS, además de violar varios artículos del Decreto Nº 30/003 de Normas de Conductas en la Función Pública y la Ley Nº 17008 (Convención Interamericana contra la Corrupción), son los responsables de crear un campo fértil para que maniobras como la de la estafa al Fonasa se pudieran realizar.
Lo denuncié y está a estudio del Sr. Fiscal de la Nación, Dr. Jorge Díaz, lo que considero una incorrecta actuación de la Justicia ante nuestras denuncias.
La Justicia no solo nunca accedió a levantarnos el secreto tributario, ni a solicitar el asesoramiento de la actual Jutep, ni a adoptar ningún tipo de medida de protección a los denunciantes, sino que además “casualmente” el mismo día que el Dpto. de Investigaciones de Rivera envió el oficio al Juzgado con las declaraciones de nuestros testigos (08/04/2010), se dispuso el archivo de nuestro expediente principal (IUE 327-109/2006), lo que determinó el posterior archivo del oficio con las declaraciones de los testigos.
Parece más que claro que la culpa no la tiene el chancho sino quien o quienes le han rascado el lomo...
Parece más que claro el escaso o nulo compromiso de varias autoridades con el combate a la corrupción.
En lo personal, considero extremadamente grave que un organismo público realice una auditoría interna “trucha”, que no se investiguen a fondo denuncias de presuntos casos de corrupción, que se persiga y sancione a los denunciantes que son funcionarios públicos y, por ende, están obligados a denunciar.
Por todo lo antes expuesto y mucho más, es imprescindible la intervención del Sr. Presidente para que de una vez por todas se realice “dentro de la Constitución y las leyes todo, fuera, nada”, como él acostumbra a decir y yo comparto en absoluto.
Es imprescindible disponer en forma urgente la realización de una auditoría externa al Fonasa.
Esa es la única forma de determinar con exactitud lo que sucedió, los controles que fallaron y las responsabilidades por acción o por omisión de los jerarcas públicos.
Solo así la corrupción de unos pocos no continuará coartando la libertad de todos.
Solo así podremos eliminar gradualmente el nefasto “corralito mutual”, asegurándoles a todos los uruguayos la libertad de elegir al prestador de salud que deseen, otorgándoles las máximas garantías de que el Estado combatirá frontalmente la “intermediación lucrativa”, buscando eliminar ese montón de “sinvergüenzas metidos en el medio” que tanto daño le han hecho a nuestro sistema de salud.
Luis Lisboa
CI 4.119.723-2
