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Bajo este mismo título el señor Pablo Da Silveira publicó recientemente una columna en El País sobre el Plan Ceibal.
Siempre he sido partidario de este plan por entender que dota a nuestra niñez de una capacidad técnica que necesita.
Otra cosa es opinar sobre el uso que de ella se haga para mejorar la enseñanza, o qué otro destino alternativo pudo asignarse a los recursos aplicados al plan. Sobre ello no opino porque no tengo la idoneidad necesaria para hacerlo. Pero sí la tiene, notoriamente, el señor Da Silveira, reconocida y respetada personalidad en la materia, quien sostiene que “desde que el Plan Ceibal fue creado hasta hoy, la iniciativa ha costado a los uruguayos unos 500 millones de dólares”.
Y agrega: “Con 500 millones hubiéramos podido construir y equipar más de 200 escuelas de tiempo competo en todo el país”.
Más adelante establece: “El propio director del Plan Ceibal, el ingeniero Miguel Brechner, informó hace poco a la prensa que la reunión con el presidente Vázquez en la que presentó el proyecto y recibió el visto bueno para ponerlo en marcha duró catorce minutos y medio”.
Y culmina Da Silveira diciendo que los 10 años cumplidos por el plan “lo ponen en situación de rendir cuentas ante los uruguayos. Y debe hacerlo de manera muy exigente”.
Que la rendición de cuentas es necesaria no cabe duda, desde que el plan se ejecuta con fondos públicos sobre cuya naturaleza jurídica tampoco puede dudarse. En efecto, se define como fondo público el que se origina con recursos estatales y, además, su aplicación se hace sobre actividades públicas, en este caso la enseñanza.
Si los fondos del plan, en tanto públicos, se hubiesen ejecutado de conformidad con lo que disponen las normas que regulan los gastos del Estado, lo que implica también su control por el Tribunal de Cuentas, no sería necesario estar reclamando hoy que se rindiera cuentas de ello.
Pero no se hizo así, sino que el gasto se cometió hace 10 años al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) que entonces era presidido por el ingeniero Miguel Brechner, actual director del plan.
Por la prensa de la época trascendió que el señor Negroponte, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estuvo relacionado con la provisión de las “ceibalitas”. Pero desde entonces poco o nada más se ha publicado.
¿Hubo licitación? ¿Quiénes se presentaron como oferentes? ¿Cuál fue el criterio empleado para la adjudicación? ¿El contrato original sigue vigente o hubo varios contratos en los 10 años que tiene el plan? En caso de conflicto entre las partes, ¿qué jurisdicción se aplica?
En fin, estas son algunas de las incógnitas que se pueden plantear y que no tendrían necesidad de formularse si la contratación, en vez de regirse por el derecho privado, se hubiese hecho en cumplimiento de las normas del derecho público en cuyo caso no hubiesen quedado excluidos de actuar los organismos de control del Estado.
Por supuesto que presentar el proyecto y recibir el visto bueno para ponerlo en marcha, ajustándose a las normas del derecho público que regulan las contrataciones que se realizan con fondos públicos, tampoco hubiese requerido más de 14 minutos y medio.
