El desafuero de Manini (II)

Las respuestas brindadas en esa ocasión por el Prof. Correa Freitas fueron concretas, y en pocos minutos dio un pantallazo del tema —incluso con algunos ejemplos—, que seguramente habrá ilustrado sobre el tema a los televidentes. Sin embargo, ya casi al final de su explicación, dio una opinión con referencia al posible reintegro de un legislador a quien se le quitaren los fueros, que realmente no tenemos el honor de compartir. En esa ocasión, y respecto del punto específico de discrepancia al que refiero, el Prof. Correa Freitas expresó que, en el caso de suspensión de los fueros a un legislador, el mismo solo podía retomar su banca si tal extremo era aprobado por los restantes integrantes del cuerpo en igual porcentaje al que dispuso la suspensión de sus fueros.

Con base en eso, el desafuero de un senador requiere: a) Que haya una solicitud por escrito de un órgano judicial, peticionando el desafuero y en la cual se explicite los motivos de dicha solicitud. b) Que la Cámara de Senadores entienda que hay lugar a la formación de causa y, en consecuencia, vote a favor del desafuero por los 2/3 del total de sus componentes.

El efecto de tal votación es la suspensión del senador en sus funciones.

Estos y solo estos son los requisitos y las consecuencias del desafuero. La norma habla de “suspensión en sus funciones”, esto es suspensión en el ejercicio del cargo de senador, por cual no hay dudas de que el senador no cesa en el cargo. Por tanto su reintegro queda condicionado a la decisión judicial. La Constitución no exige ningún otro requisito, ni se requiere que el reintegro sea votado favorablemente por la Cámara.

Si la decisión judicial no determina el procesamiento o formalización del senador, automáticamente cesa la suspensión y entonces el mismo puede reintegrarse a su cargo. Para ello basta que lo planteé agregando la documentación judicial correspondiente, y no necesita ninguna votación de la Cámara. No olvidemos que un senador es electo por la ciudadanía, y por tanto tal elección no puede tener más características ni requisitos que los que la Constitución prescribe. Precisamente, es en este aspecto donde radica mi discrepancia con el Prof. Correa Freitas.

Si la decisión judicial condena al senador por algún delito (en este caso es “omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos”), el senador deberá cumplir la pena que se le imponga. Si esa pena se cumple antes de que termine el período para el cual fue electo, puede entonces, cumplida la pena, comunicar su reintegro a la Cámara. Tampoco se requiere votación alguna de la Cámara que habilite el reintegro. Si la pena excede dicho término, o ella supone la pérdida de la ciudadanía (art. 80 Nral. 2º), entonces no se podrá reintegrar, ya sea por haber vencido el período legislativo para el que fue electo o por sufrir una pena que lo inhabilita para el ejercicio del cargo.

Prof. Adjunto Fulvio Gutiérrez