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    martes 04 de junio de 2024

    El desempeño del exfiscal de Corte Jorge Díaz

    Sr. Director:

    Este circo mediático que desataron dos personas tan singulares, más dignas de piedad que de censura judicial, ha generado espectáculos de todo orden. En general, poco agradables y alguno hasta inesperado. Y esta última referencia se produce por la sorpresa que me causó una extensa presentación del Dr. Jorge Díaz en el programa En perspectiva. Había leído sobre su notable capacidad jurídica y su brillo intelectual. Pero no tengo el gusto y el honor de conocerlo, y como mis televisores no están conectados, nunca había tenido oportunidad de verlo o escucharlo. Y por cierto que me decepcionó. Escuché gruesas contradicciones, algunas vacilaciones harto significativas y hasta algún disparate.

    Comienza el jefe de abogados de Yamandú Orsi ingresando a la entrevista con la petulancia mañanera propia de un gallito de riña que sale por primera vez a la arena. Afirmando, en forma categórica, que su cliente le había encargado su defensa con tres orientaciones esenciales (minuto 5 con 30 segundos de la entrevista). Instrucciones que, anunció, iba a seguir en forma estricta.

    Y ahí surgió mi sorpresa. Porque la primera de esas instrucciones —que él anunciaba seguir al pie de la letra— era la de no interferir con la acción de la fiscal encargada del caso. Así nomás. Y esto va porque en esa etapa de los sucesos ya sus interferencias sobre la Fiscalía habían sido varias. Y no de poca entidad.

    Empezó pidiendo a la fiscal de Corte que cambiara la sede encargada de investigar los hechos. Parece, me dicen, que no le agrada la fiscal de Ciudad de la Costa. Y entonces no tuvo mejor idea que exigir a la fiscal de Corte que ordenara el cambio de sede.

    Aunque he trabajado algunos años como abogado, nunca lo hice en materia penal. Fundamentalmente, porque soy ignorante en esas técnicas procesales. Pero estoy seguro de que no es habitual que un abogado proponga semejante exigencia a un fiscal de Corte. Algunas consultas que he hecho a amigos que se dedican a ese tipo de asuntos judiciales así me lo confirman. Me dicen que ellos jamás osarían incurrir en el atrevimiento de formular una exigencia similar. Y que, para el caso de tener objeciones respecto al fiscal actuante, podrían pedir una abstención o recusación, pero nunca solicitar o exigir tal cambio al fiscal de Corte.

    Ignoro cómo el Dr. Jorge Díaz califica a ese inusual requerimiento. A mí me parece que es una burda y notoria interferencia en la labor de la fiscal que tenía el caso en sus manos. Ante la duda, causada por no poder creer que un abogado tan brillante pudiera incurrir en semejante contradicción, pensé que debía ser yo el equivocado. Por lo que concurrí al habitual auxilio de la RAE (Real Academia Española), esa “que limpia, fija y da esplendor”.

    Esto fue lo que hallé: “Interferir. Acción y efecto de interferir. Sinónimos: estorbo, interrupción, intromisión, injerencia, entorpecimiento, obstrucción”. Lo cual, obviamente, me devolvió la tranquilidad: yo no estaba equivocado. Lo del Dr. Jorge Díaz había sido, sin dudas, una grosera interferencia. O injerencia o intromisión, si se quiere. Exactamente lo que su cliente le había pedido que no hiciera y que él anunciaba que nunca haría (ya lo había hecho).

    Sobre la sólida base de lo que me informan esos amigos, estoy seguro de cuál habría sido la reacción que hubiera tenido el Dr. Jorge Díaz si, cuando era fiscal de Corte, algún abogado hubiera osado introducir tal intromisión en las tareas del sistema fiscal. No creo que nadie pueda tener dudas al respecto.

    No tengo muchas actuaciones en Fiscalía con el actual código procesal (solo la defensa de un cliente y asistido por una buena penalista que pudiera suplir mis carencias). Pero sí he tenido muchísimas ante la Suprema Corte de Justicia, donde tuve muchos buenos amigos que fueron grandes jueces. Entre ellos, uno que fue casi un segundo padre para mí. Y no tengo dudas de que, si le hubiera ido con alguna exigencia similar, el Dr. Luis Torello me hubiera sacado a puntapiés. Merecidamente, y sin tomar afectos en cuenta.

    Pero todos sabemos que el Dr. Jorge Díaz es un brillante abogado. Siendo así, no hallo más que una única posible razón que explique —que explique, no que justifique— semejante interferencia en la acción de la fiscal del caso. Y es que a él eso le deba parecer razonable y habitual porque haya sido esa su línea de conducta cuando era titular de la máxima jerarquía fiscal. En mi medianía intelectual, no se me ocurre otra explicación.

    Continúa la interferencia del Dr. Jorge Díaz con su hostigamiento a la fiscal actuante en cuanto a la reserva que dispuso sobre sus actuaciones. Y muy amargamente se queja el abogado de la situación de indefensión que, dice, le genera tal decisión. No faltaron, claro está, quienes le recordaran que estaba probando algunos tragos de su propia medicina. Porque, me dicen esos amigos que trabajan en materia penal, tal situación es bastante habitual con el actual código procesal penal. Ese que nos cayó encima por inspiración y obra del Dr. Jorge Díaz. Bien dice el antiguo proverbio: “No hay peor astilla que la del mismo palo”.

    Y, siempre con la firme tesitura de no interferir con la acción fiscal (aunque exigir un cambio en sus decisiones es, según la RAE, una interferencia), se agravia de que se haya declarado la reserva con respecto a todas las actuaciones y no solamente a alguna parte de ellas.

    Porque, afirma categóricamente, la ley solo permite al fiscal la reserva de algunas partes de las actuaciones y no de todas. Invoca el artículo 259.3 del código procesal penal.

    Y nos enseña desde su superioridad intelectual que, según esa norma, el fiscal solo puede reservar algunas actuaciones, pero nunca la totalidad de ellas. De manera que la fiscal estaba actuando en forma indebida y él se sentía obligado a interferir en ese accionamiento. Contra su voluntad, claro está.

    Mi angustia creció de nuevo. Este asunto no me deja en paz. Porque, por lo visto, tantos años de estudio sobre la interpretación de la ley y otros actos jurídicos —y con tan ilustres maestros— han sido vanos. No logro entender nada.

    Porque lo que yo extraigo de esos textos legales es que hay una prohibición de reserva para ciertas actuaciones muy bien precisadas: la declaración del imputado, las pericias que se hayan hecho a su respecto y los actos en que él o su defensor hayan intervenido (artículo 259.5). Pero de esto nada hubo en esa causa. Salvo esas explícitas prohibiciones, yo no logro leer ninguna otra en la ley.

    Y si razonamos por el absurdo, lograremos claridad. Sin desconocer que ese tipo de disquisiciones no pueden conducir a conclusiones absolutamente firmes, pero aceptando que pueden arrojar buena luz sobre la cuestión.

    Pongamos el caso de una carpeta fiscal que contiene 20 actuaciones, registros o documentos (para utilizar la terminología legal). Para el Dr. Jorge Díaz el fiscal puede reservar solamente parte de ellas. No todas. ¿Y cuántas serán las que puede reservar sin violar la ley? ¿15, 10, 19?

    Para el Dr. Jorge Díaz el máximo sería esta última cifra: 19. Porque, si reserva 20, reserva toda la carpeta.

    Esto último es lo que hizo esa fiscal que no le gusta al abogado Jorge Díaz. Y yo, por más que repaso el texto que intento interpretar, no encuentro la limitación que él da por indubitable. Esa limitación está exclusivamente en la mente del Dr. Jorge Díaz. No está en el texto a interpretar. A él le gusta que las cosas sean como él quiere, y entonces introduce en el texto a interpretar un significado que no está en él.

    Bien decían los sabios antiguos juristas romanos: sensus non est inferendus, sed efferendus. Es decir que el sentido de lo que se trata no debe ser introducido indebida o subrepticiamente por el intérprete, sino que se debe, al contrario, recabar o extraer de la forma representativa que se intenta interpretar.

    Y en este aspecto, desde mi escaso nivel intelectual, careciendo del lustre mediático de los brillantes juristas, me veo forzado a sugerir que el error del abogado Jorge Díaz se produce a partir de cierta insuficiencia en cuanto a esa actividad que denominamos interpretación.

    Se trata de cuestiones sumamente complejas que no pueden ser desarrolladas en este escueto ámbito. Pero alcanza con señalar que el error parte de creer que el objeto de la interpretación en función jurídica sea la norma. No es así. Interpretar es atribuir un cierto significado a una forma representativa, sea esta cual fuere.

    Por eso, el objeto de la actividad interpretativa (es decir, lo que se interpreta, aquello a lo que se atribuye un significado) no es la norma. Lo que se interpreta suele ser un texto escrito (hay otras posibilidades). Y la norma es el resultado de ese proceso interpretativo, no su objeto. En otras palabras, la norma es el significado, no el significante. Mis maestros me enseñaron eso a partir de las ideas de Ferdinand de Saussure.

    Por allí, aunque él lo ignore y no lo pueda percibir, se genera el error del Dr. Jorge Díaz. La fiscal puede, legítimamente, reservar determinadas actuaciones sin que a tal reserva se haya puesto otro límite que el de haber entendido que tal reserva sea necesaria para el buen resultado de la investigación (esta limitación sí aparece en el texto objeto de la interpretación; la otra, la numérica, no: es de cosecha propia del Dr. Jorge Díaz). Sin olvidar, claro está, las excepciones antes referidas, que aparecen en forma expresa en la ley.

    En tercer orden, constatamos que llegó cierto día y la fiscal no había aún archivado la denuncia. Como al abogado Jorge Díaz le parecía que debía hacerlo, comenzó a exigirle que decretara el archivo.

    Hasta el almacenero de la esquina logrará comprender que eso es interferir en la actuación fiscal. Es una intromisión o una injerencia. No digo que sea ilícito ni indebido (no lo es), pero es una interferencia. Es decir, exactamente lo que el cliente había pedido a su abogado que no hiciera y lo que este anunciaba, con tanto denuedo, que no haría. Pero ya lo estaba haciendo.

    Y no con buenas razones. Pues sucede que la fiscal actuante había tenido una conversación con la denunciante en forma totalmente ocasional. Y en esa conversación, la denunciante dice que informó a la fiscal que había mentido al formular la denuncia.

    El abogado Jorge Díaz cree que, en función de tal conversación, la fiscal debía archivar. Y por eso, sin interferir para nada en sus actuaciones (claro está), le exigía el archivo y le reprochaba no haberlo hecho de inmediato. Porque, dice, desde ese momento la fiscal ya sabía que la denuncia era falsa.

    Repito que soy ignorante en materia procesal penal. Pero no creo que se deba archivar una denuncia cuando la denunciante dice, en esa forma y condiciones, que había mentido. Tal declaración la hace caer bajo la ley penal por haber incurrido en un delito. Y puede determinar el archivo de la denuncia. Por lo que no parece razonable que semejantes decisiones puedan ser tomadas por la fiscal sino en una audiencia formalmente establecida. Y con presencia del abogado defensor de la denunciante.

    Y hasta que no tuvo eso, la fiscal no podía archivar. Archivar… ¿sin haber tomado nunca declaración a la denunciante? Y con la presencia de su abogado defensor. ¿O es que no podía suceder que, al tomarle declaración en forma legal, esta persona se volviera a desdecir y afirmara que la denuncia era sincera y que había faltado a la verdad en aquella conversación informal con la fiscal?

    Ciertamente, para no querer interferir en nada con la actuación fiscal, bastante hizo el abogado Jorge Díaz. De ahí mi sorpresa y decepción al escucharlo en el referido programa.

    Al inicio, mencioné algo sobre un cierto disparate, que no he referido aún y que deberá quedar para otra oportunidad por ser demasiado extenso mi comentario. Pero que lo hay, lo hay, más otras perlitas. Será para otra ocasión, si el señor director me lo permite.

    Enrique Sayagués Areco

    CI 910.722-5

    Cartas al director
    2024-05-29T22:22:56