Solo Juan Carlos Blanco, canciller durante los tres primeros años de la dictadura (1973-1985), fue condenado por su responsabilidad en crímenes, en la sentencia dictada el martes 17 en Roma. Los restantes 13 uruguayos imputados en el juicio, para quienes la Fiscalía había pedido cadena perpetua, fueron absueltos por el Tribunal.
El caso que más defraudó a los uruguayos fue la absolución del capitán de navío retirado Jorge Tróccoli, ya que no pudo ser juzgado en Uruguay porque se fue a Italia y tras un pedido de extradición fallido (por demoras del entonces embajador de Uruguay ante Italia, Carlos Abín), consiguió escapar de los tribunales locales. El juicio en ese país es la esperanza que queda a los familiares de las víctimas de que Tróccoli sea condenado, y ahora tendrán que insistir en la instancia de apelación.
En una carta publicada en el diario “El País” en 1996, Tróccoli reconoció haber adherido al golpe de Estado de 1973, dijo haber combatido a la subversión “con todas las fuerzas y recursos” a su disposición, confesó haber hecho “cosas” de las que no se siente “orgulloso” y admitió haber “tratado inhumanamente” a sus enemigos. Tróccoli escribió: “Fui brujo y adoré al Diablo, comulgué con la violencia, de eso hace 20 años. Yo lo asumo”. (Búsqueda Nº 842).
El resto de los militares acusados —Gregorio Álvarez (fallecido en diciembre de 2016), José Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeu, Pedro Mato (prófugo), Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez y José Sande— fueron en su mayoría juzgados en Uruguay y se encuentran en prisión. En el caso del teniente de navío Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, un piloto naval uruguayo, fue la fiscalía la que pidió absolverlo porque consideró que “no cometió los hechos” que se le atribuyeron.
Blanco fue uno de los ocho condenados por el Tribunal de Roma, de un total de 33 imputados (seis de los acusados fallecieron durante el juicio). El ex canciller ya está preso en Uruguay, condenado por el homicidio de Elena Quinteros. Actualmente cumple la pena en prisión domiciliaria, según informaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior.
También fueron hallados culpables los chilenos Herán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahmada Valderrama, los bolivianos Luis Arce Gómez y Luis García Mesa Tejada, y los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
Aspectos negativos y positivos.
“No comprendo”, declaró apesadumbrada la ex fiscal y presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze a la prensa, tras escuchar el fallo. “Nos sentimos defraudados”, dijo el vicepresidente Raúl Sendic, que, al igual que Guianze, había viajado a Roma para escuchar la sentencia. “Cayó como un balde de agua fría”, afirmó Nilo Patiño, vocero de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Ninguna sentencia puede negar el pasado. La lucha continúa”, tuiteó el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, e hijo del militante comunista asesinado en la dictadura Fernando Miranda.
En el momento inmediato a escuchar el fallo, la decisión de los italianos fue desalentadora para los uruguayos que viajaron a Roma. Pero a medida que pasaron las horas, la valoración se tornó más positiva.
“En un primer momento fue sorpresivo, y hubo una impresión negativa, pero ahora estamos revirtiendo eso”, dijo Guianze a Búsqueda. Es que el fiscal Giancarlo Capaldo, que estuvo a cargo de la investigación, consideró que el fallo fue exitoso, porque es la “primera vez” que se reconoce en Europa la existencia del Plan Cóndor.
“La Fiscalía considera que la sentencia es exitosa porque se reconoció el Plan Cóndor y que en estos países hubo una cantidad de homicidios durante las dictaduras militares”, explicó Guianze.
El martes en la noche, tras escuchar el fallo, los uruguayos en Roma se reunieron con los abogados chilenos, argentinos y bolivianos que intervinieron en el juicio. Allí “se hizo un balance más positivo de la cuestión”, afirmó. “En el intercambio que tuvimos con personas de otras nacionalidades, todos entienden que fue muy positivo porque se reconoció el Plan Cóndor”.
No obstante, la libertad de Tróccoli molesta a los uruguayos. “Ese tema es urticante porque Italia es el único lugar donde puede ser juzgado”, se lamentó Guianze.
Por otra parte, afirmó que es “casi seguro” que haya apelación. “Desde el punto de vista jurídico hay argumentos para rebatir lo que sucedió. Esto no termina hoy, es un proceso largo que va a seguir”.
Los argumentos del fallo aún no se conocen, ya que el Tribunal tiene un plazo de 90 días para publicarlos. La decisión dictada en unas pocas páginas, indica, no obstante, que en el caso de los uruguayos se consideró que el delito que podía imputárseles era el de secuestro, que en Italia ya se encuentra prescripto (solo el homicidio no prescribe).
“Fueron imputadas las personas que el Tribunal consideró que estaban en la cúspide del poder”, dijo Guianze.
El historiador Óscar Destouet, que colaboró en la preparación de la demanda presentada por los familiares en 1999 en Roma, coincidió con esa lectura: “La justicia italiana optó por el camino de responsabilizar a los capos, a los jefes políticos de lo sucedido. Igualaron el accionar de militares y civiles en dictadura a los mafiosos: el capo mafioso es Blanco, por eso se lo condena. Si Gregorio Álvarez estuviera vivo también hubiera sido condenado”, afirmó.
Destouet también valoró que el fallo “tiene aspectos positivos”. Por ejemplo, que “se reconoce y legitima la existencia del Plan Cóndor”. Eso es importante para “la memoria” de hechos recientes sobre los que hay discrepancias y conflictos, dijo al ser consultado por Búsqueda. “Para todo eso que la sociedad debatió tanto, es un aspecto positivo que un tribunal a miles de kilómetros de distancia, después de haber analizado las pruebas y los testimonios, diga que no hay duda de que existió el Plan Cóndor y el terrorismo de Estado”.
No obstante, “no queríamos solamente eso”, agregó. “Pretendíamos que también se los juzgara, aunque tenga un significado simbólico en la mayoría de los casos”.
“Este era un juicio con varios juicios a la vez: el juicio original por los ciudadanos ítalo-uruguayos, el análisis del Plan Cóndor, luego el caso Tróccoli”, explicó. “Entonces existía una gran expectativa, porque las pruebas y los testimonios fueron contundentes”, afirmó.
De todas formas, el historiador valoró que la condena de Blanco es “significativa”. “No solo por ser un confeso criminal, sino que es significativa también por ser un civil”. Es que eso contribuye a derribar el “mito” o “error histórico” de hablar de una “dictadura militar”, afirmó. “Fue civil-militar, con un accionar de parte de los civiles significativo. Si la condena de Blanco es simbólica me tiene sin cuidado, porque para la construcción de la memoria colectiva tiene una importancia histórica”, valoró.
“Entonces la desazón y el desánimo que ayer podíamos tener se compensa con estos elementos que no son menores”, dijo.
También destacó la presencia de Sendic en la audiencia: “Que el segundo en el escalafón institucional haya concurrido en representación del Estado uruguayo a la audiencia es muy significativo. Es mucho más que el Frente Amplio, es la sociedad uruguaya, que a través de sus representantes empieza a dar señales de legitimidad de una memoria traumática, pero que tenemos que asumir”.
