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El fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió dejar sin efecto una decisión que generó molestia entre los fiscales. La resolución, del martes 12, cuestionó la actuación de la fiscal penal María del Huerto Martínez en un caso que había generado polémica entre las autoridades de la Justicia y el Ministerio del Interior.
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Díaz sostuvo que la tipificación que hizo la fiscal de un delito como hurto en vez de rapiña fue “errónea”. Además determinó que dado que la imputación en la etapa del procesamiento es “provisoria” —y por tanto modificable— no tomaría medidas administrativas contra la fiscal hasta que no culminara el proceso, y dispuso la reserva de las actuaciones por 60 días.
Esta cláusula no cayó bien entre los fiscales, que interpretaron que podía tratarse de una “presión indirecta” para que la magistrada cambiara su decisión. Tras reivindicar en un comunicado la “plena vigencia” de la ley en cuanto a la “independencia técnica de los fiscales”, la Asociación de Fiscales solicitó una reunión con el fiscal de Corte.
El martes 19 Díaz recibió a los fiscales y les informó que esa disposición ya había sido dejada sin efecto. El presidente de la asociación, Juan Gómez, dijo a Búsqueda que la reunión fue “muy constructiva” y que se aclararon las “inquietudes” que había generado la resolución. La decisión de Díaz “establecía un plazo que podía llevar a la consideración de que era una presión indirecta a la colega”, explicó. Por eso fue “muy bien recibida” la decisión de dejar sin efecto esa disposición que “preocupaba a los fiscales”, añadió.
Díaz por su parte dijo a Búsqueda que la decisión de dejar sin efecto esa disposición fue tomada de oficio antes de la reunión, porque entendió que si bien fue redactada con un sentido, podía interpretarse de otra manera. “Entendí que podía ser pausible de ser interpretada de una forma distinta a la que pretendí cuando la redacté, y ante esa situación decidí modificarla”, explicó. “La dicté con un sentido pero vi que era posible que fuera leída desde otro ángulo”, añadió.
El pronunciamiento de Díaz ocurrió después de que el ministro del Interior Eduardo Bonomi criticara que uno de los involucrados en un robo en Ciudad Vieja quedara libre debido a que se le imputó un hurto y no una rapiña, que tiene una pena más dura (la rapiña es un hurto con violencia). La Suprema Corte de Justicia defendió el trabajo de la jueza en el caso y alegó que la magistrada atendió el pedido de la fiscal.
Díaz pidió un informe a la fiscal sobre sus actuaciones y concluyó que “dictaminó erróneamente” al solicitar el enjuiciamiento por hurto.