El fiscal de Corte

Quizá la primera hipótesis debiera descartarse al menos preliminarmente por tener connotaciones ignominiosas; pero en el segundo caso, ¿cuál sería en realidad su postura? ¿Decidió actuar con probidad súbitamente y anuncia en forma tajante que si el “actual sistema de justicia” no es corregido abandonará su cargo para dejar de ser cómplice y encubridor del engaño que viene confesando urbi et orbi? ¿O tiene previsto continuar de cualquier manera detentando su alta investidura, disfrutando sin cortapisas de los privilegios asociados a ella, reclamando con acritud a sus colegas honestidad y altruismo y exigiendo implacablemente a sus auxiliares y subordinados un apoyo incondicional, permanente y acrítico a la causa redentora que pretende liderar?

Alguien debería preguntárselo; es indispensable saber esto para entender y valorar correctamente su conducta. Y también sería pertinente aconsejarle que ponga en claro al mismo tiempo sus verdaderas intenciones. Genera desconfianza y resquemores afirmando machaconamente que las tareas de “prevención, intervención policial, investigación y persecución de los delitos” no están “armonizadas y entrelazadas estratégicamente” a causa de que los actores en las distintas áreas obran guiados por convicciones y evaluaciones particulares y argumentando en forma simultánea que por ende la única manera de poner fin a ese problema radica en que imparta él mismo instrucciones directas en asuntos de criminalidad a los fiscales penales. Porque ciertamente no es razonable sostener esa idea; nunca un emprendimiento colectivo fracasó debido a que científicos, burócratas, autoridades públicas, técnicos, profesionales o individuos comunes hayan actuado con autonomía o ciñéndose a pautas divergentes. La independencia de criterio y la diversidad intelectual y axiológica en las comunidades integradas por gente lúcida son factores invariablemente constructivos, enriquecedores, estimulantes. Jamás podrían llegar a constituir un obstáculo para el trabajo corporativo dado que apenas alguien elabora cierta moción plausible toda persona inteligente que integra un equipo de trabajo tiende a explorarla y a mejorarla en sintonía con los restantes miembros del grupo. Y eso no es casual ni extraordinario; es consecuencia de una predisposición biológica inherente al ser humano. Se trata de un comportamiento natural arraigado en el instinto gregario del hombre. La desorientación generalizada, la falta de coordinación, el caos metodológico, la incapacidad para identificar objetivos de interés común, la ineficacia por inconsistencia de procederes y el entorpecimiento mutuo a la hora de bregar por metas compartidas resultan fatalmente de la estulticia contumaz, de la pedantería recalcitrante, de la negligencia oligofrénica, de una imbecilidad supina irremediable que inhabilita completa y definitivamente para el quehacer mancomunado. Por tanto, habría de ser uno bastante idiota para creer que puede amalgamar a sujetos de semejantes características y ponerlos a realizar aunadamente alguna labor complicada y difícil por vía simplemente de allegarles directivas específicas. Pero aún si esto fuera posible, si como parece dar por inconcuso el actual Procurador General de la Nación, los magistrados que hoy forman parte del Ministerio Público y Fiscal no son aptos para guiarse por su propio albedrío a efectos de cumplir cabalmente por sí mismos las tareas que les fueron encomendadas y de alguna manera fuese viable sacar algún provecho de sus limitadas capacidades profesionales, cognitivas y éticas brindándoles indicaciones concretas a cada uno, ¿sería precisamente Jorge Gisleno Díaz Almeida el indicado para ponerlos a trabajar en aras de lo que a la ciudadanía interesa, es decir, en procura de la justicia y del bien común? ¡De ninguna manera! Este funcionario puso en evidencia que puede actuar con la prepotencia y con el rigor necesario para intimidar y sojuzgar a cualquier subalterno incompetente y pusilánime a fin de manipularlo a su antojo, pero haber hecho constar expresamente semanas atrás —cuando se pronunció a favor del procesamiento de cierta persona— que otro habría sido su dictamen si el defensor de la imputada hubiese recurrido a otros argumentos fáciles de colegir y manejados incluso también por él, prueba que lo tiene sin cuidado que se condene a inocentes por deficiencias procesales ajenas a ellos y que además no tiene prurito alguno en contribuir deliberada y activamente a perpetrar semejantes infamias.