El fiscalazo y el Marconi

Más claro aún: el fiscalazo explica a Marconi y Marconi explica el fiscalazo.

Allí, en Marconi y en muchas otras zonas “ghettizadas” del Uruguay, los muchachos que estudian tienen escuelas y liceos públicos de pésima calidad, los servicios de salud son del cuarto mundo, la droga corre como reguero de pólvora, la informalidad laboral es la regla y la inseguridad campea. Los valores básicos de convivencia que son imprescindibles para aspirar a una sociedad integrada y desarrollada se han perdido: la tolerancia hacia lo diferente, el respeto entre las personas, el reconocimiento de la autoridad legítima del policía o del maestro escolar, el respeto hacia los adultos mayores, el imperio de la ley, la confianza entre los individuos, el valor de la palabra, el valor del trabajo como inductor de las nociones de sacrificio y esfuerzo, y, finalmente, el valor de la vida que, antes, era indiscutible en este país.

Todo eso es un desastre que se inició antes pero que progresó, increíblemente, durante los años en que más plata entró al Uruguay en el último siglo. En julio de 2011, cuando el entonces presidente José Mujica decía: “Estamos no muy lejos de poder ser un país desarrollado”, y la euforia envolvía a todo el elenco gobernante y oficialista, escribí: “Hay una paradoja en apariencia inexplicable que ciñe al Uruguay de estos tiempos. La sociedad tiene cada vez más plata y, al mismo tiempo, se ‘des-desarrolla’ día tras día. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo es posible que un país se enriquezca y se atrase simultáneamente?”.

Hace cinco años, en plena fiesta, el contador Rodrigo Ribeiro, socio de la consultora KPMG Uruguay, advertía: “Estamos cegados por la abundancia”, “es tan elevado el nivel del agua del río que no se ven las rocas” y como al país le “va bien”, deja de atender los “problemas fundamentales”, que permanecen irresueltos.

Y el entonces presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Marcelo Lombardi, reconocía la bonanza pero alertaba sobre la escasez de personal calificado para seguir creciendo. “No se consigue gente con hábitos de ir todos los días a trabajar, hábitos de higiene, que se presente en forma razonable, que tenga un manejo razonable del idioma y la escritura”.

El Uruguay —ahora lo empezamos a comprobar dolorosamente— no sólo estaba muy lejos de ser una nación desarrollada sino que era peor: iba exactamente en la dirección opuesta.

El gobierno, es verdad, tiene el deber de reducir rápidamente ese inexplicable 4% de déficit fiscal que el Uruguay ostenta después de 12 años de “vacas gordas”. Lo puede hacer diciendo la verdad y bajando el gasto estatal, sin aplicar un solo impuesto más. Pero no: es más fácil atrapar a quienes están en la pecera y no tienen sindicatos “revolucionarios” que griten por ellos. Así que, ¡a meter la mano en la lata ajena! Pero, ¿para qué quiere el gobierno seguir esquilmando los bolsillos de los trabajadores que aún permanecen en la formalidad? La respuesta es simple: para mantener al Estado que no hizo nada para revertir esas corrientes profundas que iban todos los días de la bonanza erosionando las columnas sobre las que debiera sustentarse una sociedad que realmente avanza.

La plata que quiere sacarles el gobierno a asalariados y jubilados no está destinada a evitar más “Marconis”. Al revés: es para financiar al Estado imposible que el Uruguay soporta. El mismo Estado que tiene la insólita dotación de 300.000 empleados, en una sociedad de 3.300.000 habitantes y una población económicamente activa de 1.800.000 ciudadanos. El mismo Estado que prefiere estrangular a la gente antes que parar el innecesario Antel Arena, antes que dejar de tirar dinero por el agujero del Fondes, antes que suspender la locura de financiar una cooperativa aérea, antes que suspender los millonarios subsidios que Ancap le pasa al fraude de Alur, antes que dejar de fabricar perfumes, antes que suspender los suculentos contratos de “consultoría” para “obras” que nunca se concretan, antes que premiar económicamente a los artistas “compañeros”, antes que parar de asignar millones a “cooperativas amigas” y antes que cambiar la nefasta práctica de “dar pescado en vez de enseñar a pescar”. El mismo Estado que saca y saca (confisca sería más apropiado) la plata de los que trabajan y no devuelve nada decente en servicios básicos como educación, seguridad, transporte público o salud. Todo va al gran agujero negro del dispendio demagógico e irresponsable.

“Pagará más quien tiene más”, dice el gobierno. Aunque eso es falso, porque sólo paga más el que estudia y trabaja más —justamente para ganar más—, el gobierno debería agregar: “y pagará más para seguir bancando a este elefante burocrático que no les resuelve los problemas a los pobres y marginados, porque no nos animamos a molestar a los señores de los sindicatos del Estado, que tienen mucha más fuerza que nosotros, los gobernantes electos por el pueblo”.

Los recursos que saldrán de los trabajadores y jubilados no habilitarán escuelas, liceos, hospitales ni servicios decentes en los muchos “Marconis” que, por desgracia, hay en el país. Habrá, eso sí, un mayor desincentivo al esfuerzo y al emprendedorismo individual como mecanismos para salir adelante. Y habrá una confirmación de la razón que asiste a cientos de miles de jóvenes uruguayos para preferir siempre un empleo en el Estado en lugar de uno en el sector privado.

El ministro Astori, cuando anunció el fiscalazo, prefirió edulcorarlo denominándolo “consolidación fiscal”. En realidad, se trata de la “consolidación” del despilfarro de un Estado voraz, “escudo de los amigos”, tremendamente injusto y cualquier cosa, menos “progresista”.