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El último crac bancario que empezó a gestarse en Uruguay en el verano de 2002 terminó con varias instituciones fundidas, con ahorristas que perdieron parte de su dinero y otros que lo recuperaron pero años después de lo previsto. De esa crisis también emergió una nueva institucionalidad que busca acotar los daños en caso que problemas de ese tipo se repitan: para ello está disponible un fondo de garantía de depósitos que al término de 2012 acumuló prácticamente U$S 300 millones.
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Dicho fondo es administrado por la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab), una persona jurídica de derecho público no estatal que inició sus actividades el 1º de setiembre de 2009. Esa entidad sucedió a la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario que había sido creada por ley en 2002 y que funcionó dentro de la órbita del Banco Central (BCU).
Además de ser el asegurador de depósitos, la Copab tiene como cometido actuar ante la crisis de un banco o una cooperativa de intermediación financiera, ya sea buscando resolver esa situación o procediendo a la liquidación de la entidad. Hasta ahora no debió desempeñar ese rol.
Esta comisión administra un fondo de garantía de depósitos que se nutre de la prima fija que les cobra a los bancos y cooperativas de intermediación financiera del sistema (1 por mil de los saldos en moneda nacional y de 2 por mil en divisas), además de otra prima variable (de 0, 0,5, 1, 1,5 o 2 por mil) relacionada con el nivel de riesgo de cada entidad financiera. El fondo se acrecienta además por la inversión de estos aportes —aunque se ha priorizado la seguridad en lugar de la obtención de alta rentabilidad y está colocado en plazos fijos en el BCU y en bancos de primera línea del exterior—, el producido de préstamos o empréstitos y los ingresos por multas y recargos, entre otras fuentes.
Dicho fondo era por el equivalente a U$S 186,2 millones a fin de 2010 y aumentó a U$S 236 millones un año después. Al término de 2012 ascendió a U$S 299 millones, según información proporcionada por esa comisión.
El seguro.
Los depósitos bancarios habían caído prácticamente a la mitad durante la crisis de 2002, pero mostraron una progresiva recuperación en los años siguientes, en consonancia con un sostenido crecimiento de la actividad económica y de los ingresos de las familias.
La suba de depósitos ocurrió a pesar de que las tasas de interés pagadas por las instituciones se ubicaron en los años recientes en niveles históricamente bajos. Al finalizar el año pasado los bancos del sistema tenían depósitos de empresas privadas e individuos por el equivalente a casi U$S 23.700 millones, de los cuales cerca de tres cuartas partes eran en pesos. A su vez, Fucerep —la única cooperativa de intermediación financiera en actividad— manejaba ahorros de clientes por U$S 13 millones, en una proporción por monedas inversa a la de los bancos.
La ley establece que los depósitos garantizados por la Copab son aquellos constituidos por personas físicas o jurídicas del sector no financiero, excepto los del gobierno central y del Banco de Previsión Social, efectuados en bancos y cooperativas de intermediación financiera (salvo los prendados en garantía de operaciones crediticias con la propia entidad, aquellos contra los cuales se emita un certificado de depósito negociable, y los que pertenezcan a accionistas y personal superior de los bancos).
La garantía de los depósitos es por hasta U$S 5.000 en moneda extranjera y hasta el equivalente a 250.000 unidades indexadas a la inflación (unos $ 608.500, equivalentes a aproximadamente U$S 28.400) para los ahorros en pesos, comprendiendo en ambos casos, capital e intereses devengados a la fecha del balance de liquidación de la institución. El cálculo es por persona —no por cuenta— y por los depósitos que se tengan en cada entidad financiera.
Entre las entidades que participan de este sistema de garantía el nivel de depósitos es muy diverso, con un máximo de U$S 11.800 millones (Banco República) y un mínimo de U$S 13 millones (cooperativa Fucerep).
La garantía no está pensada para ser activada ante una crisis en el conjunto de la banca sino frente a la eventual caída de una única entidad. No obstante, la Copab calcula el monto que requeriría el fondo de garantía si tuviera que respaldar la totalidad de los depósitos amparados por la ley ante la hipótesis extrema de una crisis sistémica.
En diciembre pasado el fondo aseguraba el reintegro de $ 64.164 millones (U$S 3.308 millones), lo que representa el 50% de los depósitos en moneda nacional. A su vez, cubría U$S 2.237 millones (13%) en moneda extranjera.
Considerando ambas monedas, el monto cubierto era 23% del total de depósitos garantizados.
En porcentaje de personas, 99% de aquellas con cuentas en pesos recuperarían la totalidad de su depósito, mientras que entre los ahorristas en divisas el 52% tenía cubierto todo su saldo.
Resistencia.
¿Las instituciones de intermediación financiera de la plaza local están en condiciones de soportar una crisis? Según las pruebas de resistencia (stress test) que efectúa el BCU, ante una situación de ese tipo el impacto sería relativamente acotado.
El análisis más reciente, el Reporte de Estabilidad Financiera, mostró que el sistema “soportaría un escenario de crisis severa manteniendo un nivel patrimonial promedio razonablemente adecuado”, en promedio. Ese escenario hipotético crítico incluye una contracción del Producto Bruto Interno de 8%, una depreciación cambiaria de casi 32%, una suba significativa de la tasa de interés internacional y un salto del riesgo país a los 1.000 puntos básicos.
