Lo que sigue es un resumen de la entrevista.
—Uno de los planteos que realizó con más insistencia la Federación Rural en los últimos años fue que el Poder Ejecutivo decrete el pago del ganado en el puesto denominado tercera balanza. ¿Como futuro ministro de Ganadería tiene previsto considerar ese pedido?
—Creo que es bueno reconsiderarlo y analizarlo para ver si es pertinente, si las razones por las cuales en la FR propusimos eso en ese momento siguen vigentes. Porque han cambiado los controles de lo que sucede en el proceso de la faena.
Recordemos que el planteo era porque lo que se sacaba entre la segunda y la cuarta balanza no tenía ningún criterio, había un mínimo de dressing (etapa de la faena en la que se extraen ciertos órganos y tejidos para la presentación uniforme de las carcazas del animal) pero no había un máximo. Se sacaban entre otras cosas, quizá lo más emblemático, la entraña fina y se decía que no tenía valor, cuando hoy es uno de los cortes que más consumimos.
Al reglamentarse los cortes que se pueden sacar del animal, eso mejoró bastante el control del dressing. Hoy creo que no es el problema que era antes. Igualmente, me parece pertinente que los productores ganaderos lo analicemos de vuelta. Ellos serán los que decidan. En estas cosas, los directamente involucrados son los que tienen que participar de la decisión y después, uno atenerse a lo que ellos piensan.
—Más allá de los ajustes normativos que hicieron el Poder Ejecutivo y el Inac en ese tema, parecería que la realidad del mercado y especialmente el fenómeno de China hizo desaparecer la discusión entre frigoríficos y ganaderos por el precio de los vacunos.
—Pero hay un cambio. A la hora de la faena se percibe la información del dressing. Se ha mejorado mucho en ese sentido. Igual tenemos a veces diferencias.
—Eso depende de cada planta de faena.
—Claro, porque ante clientes que son más exigentes que otros, deben sacar más. Pero no hemos percibido en los últimos años quejas como antes, que era una cuestión de todos los días.
—¿Hoy el ganadero tiene mayores defensas ante el frigorífico para negociar el valor de sus vacunos?
—Sí, considero que el tema no es lo grave que era antes. Pero igual amerita replantearlo.
—¿Cuáles son los temas prioritarios a abordar en la política oficial de carnes?
—Hay varios temas, porque se trata del principal rubro productivo del país. El principal objetivo es hacer que sea posible el aumento de la producción de terneros en números absolutos. Es como un desafío llegar a equilibrar la producción en tres millones de terneros para después aspirar a más.
—¿Para eso sería necesario redireccionar recursos de algunos programas que tiene el Ministerio de Ganadería y del Inac?
—No sé cómo lo haremos. Se me ocurre que fondos puede haber de varios lugares.
En ese sentido, lo que sí me gustaría es repensar la ley de Inac para tratar, de abarcar a la cadena. El Inac, como hoy está concebido, atiende lo que es la carne pero no al animal vivo. En Australia y en Nueva Zelanda hay institutos parecidos a ese, como el Meat and Livestock of Australia, que incluso la palabra livestock te lo dice: “semoviente, animal vivo”.
En Uruguay la exportación de ganado en pie aporta dinero al financiamiento de Inac, pero el organismo no tiene competencia sobre esa actividad. Y un instituto de tal naturaleza si debería abarcar las problemáticas inherentes.
Hoy no hay un marco para tratar ese tema y cuando se habla de fomentar la cría de vacunos, sería bueno tener un lugar donde se puedan discutir todas las herramientas de los actores que están y de los que de alguna manera depende la cría.
En un momento hubo un plan, y puede existir todavía, que era mucho más general sobre involucrar a la industria frigorífica desde la propia concepción del animal. Me gustaría retomar ese camino y trabajar en la integración de la cadena.
Por eso pienso en poner en consideración una reforma de la ley de Inac, lo que podría mejorar en ese aspecto. Hay otras cosas que se podrían tener en cuenta. El concepto sería trabajar en las posibles mejoras a la ley al hacer la revisión.
—¿El objetivo es hacer lo mismo en todos los institutos públicos agropecuarios?
—La idea es repensar la institucionalidad agropecuaria. Obviamente, en Colonización es muy grande el tema y amerita empezar con una auditoría para ver el buen funcionamiento y el buen uso de fondos, cuál es la situación actual de los colonos, cuál es la situación de los recursos que los uruguayos le han dado a ese instituto. Se trata de mucho dinero de todos los uruguayos. Se habla de 600.000 hectáreas en la cartera de tierras de Colonización y a un promedio de US$ 3.000 la hectárea, saquen la cuenta. Y eso se les da a unos 4.000 colonos, es mucho dinero por colono.
Entonces amerita analizar en qué condiciones se está usando, si está bien o está mal. Y la segunda pregunta: ¿es necesario seguir juntando dinero para Colonización, con todo ese capital que hoy está disponible para solucionar el acceso a la tierra?
—¿Una de las posibles medidas sería concentrarse en el capital de tierra que tiene hoy, revisar la otorgación de campos realizada y no seguir comprando más hectáreas?
—En lo personal pienso que Colonización es la gran herramienta que Uruguay tiene para solucionar el acceso a la tierra para aquellos que no tuvieron la suerte de contar con capital para eso.
Si hoy la tuviéramos que hacer sería prácticamente imposible, para juntar ese volumen de dinero. Pero ya es lo suficentemente grande para ir atendiendo las necesidades que Uruguay tiene.
En Nueva Zelanda hay un mecanismo similar que ha venido atendiendo esa situación desde hace muchos años y hoy se encuentra con la dificultad de encontrar gente que lo precise. El volumen de tierra es tan grande que hoy lo tienen que administrar.
El acceso a la tierra y la ley de Colonización deberían ser repensados para proteger esta herramienta de los errores del pasado, del reciente y del más lejano también, cuando la ideología y el interés personal y político-partidario han hecho estragos y se ha abusado de la herramienta.
No compartimos el criterio que tuvo ese instituto en los últimos tiempos de adjudicar tierras a hijos de asalariados rurales solamente.
—¿Solamente a asalariados rurales, a productores no?
—A hijos de productores... Si tenías un cargo profesional, automáticamente no podías ser colono. Incluso, los productores o colonos no han sido representados correctamente en Colonización.
Lo importante es que sean los más capaces y los que cumplen con sus obligaciones, me refiero a los más formados, que puede ser por haber estudiado o porque los pudo haber formado la vida también. Pero tienen que demostrar su capacidad para cuidar un recurso que es finito. Y que puedan entregar unidades económicas para que el productor pueda sobrevivir con ellas y no como ocurrió en los últimos tiempos, donde la escala económica de las unidades es más un compromiso que una oportunidad.
El otro concepto que hoy nos preocupa mucho es el de la propiedad. En Colonización hay varias categorías, como propietarios, promitentes propietarios, arrendatarios y otras figuras. Pero los propietarios no son propietarios, porque si bien han pago a Colonización, su forma de vida y trabajo tiene que estar enmarcada en la ley de ese instituto. Entonces tenés realidades de una persona que hace 25 años compró el campo, hoy tiene 80 años y con problemas de salud y debe vivir en el pueblo, y le están pidiendo que devuelva el campo que había comprado. Me parece una tremenda injusticia.
Y hay otros casos de colonos que ameritan un replanteo y reconsideración. Para que sea realmente una propiedad, que se transfiera el derecho a permanecer ahí, lo que te da el derecho de tener la propiedad y nadie te puede sacar. Y con eso además evitamos la especulación de vender y comprar.
Yo soy arrendatario, toda mi vida lo fui, hace 36 años que arriendo un campo en Cerro Largo, en Aceguá. Siempre estuve dedicado a la ganadería de cría.
Pero hoy por hoy falleció la señora que me arrendaba el campo y tiene cinco herederos y tengo mis días contados como productor. Porque los herederos quieren vender el campo.
—Qué ironía del destino, justo cuando está por asumir como ministro de Ganadería se queda sin campo para producir.
–Bueno, puede ser que arriende en otro lado.
Hoy el 50% de los tamberos y el 30% de los ganaderos son arrendatarios. Y en el caso de los criadores de ganado es mayor el porcentaje, cerca de la mitad.
No creo que sea necesario seguir juntando dinero para Colonización, porque el volumen de recursos que tiene es mucho y eso genera tentación.
—¿La idea es no seguir comprando más tierra?
—No. Con este capital, seguir comprando tierra pero ir desprendiéndose en forma real de la misma, que la gente que vaya comprando y pagando sea realmente dueña. Se vende un campo y se compra otro, y no seguir agrandando.
—En 2017 un trabajador rural murió por las mordidas de perros en Cerro Largo. Para atender el problema de las jaurías en el campo, que provoca pérdidas de ovinos, ¿qué piensa hacer?, ¿reinstalar las perreras?
—Es una de las limitantes que impide que el sector ovino se recupere. Y el gobierno que viene tiene que hacer algo para proteger no solo a la producción, sino a los seres humanos. No puede haber perros sueltos. La captura de los animales sueltos es una medida a implementar de inmediato.
La responsabilidad del Estado es proteger al sistema productivo y a la gente. En el Hospital Pereira Rossell cada día entra un niño con mordidas de perros.
Hay que implementar un plan de captura de perros sueltos de inmediato en área rural, pero también amerita en las áreas urbanas para proteger a la gente.
—Uno de los principales planes del grupo agro de su sector, Ciudadanos, del Partido Colorado, era revisar y rever algunos impuestos que pagan los productores. ¿Qué tributo o tasa tiene definido eliminar?
—Tenemos propuestas que se crearon en el grupo agro que serán puestas a consideración del equipo económico.
El pago de 1% de impuesto a la venta de semovientes no tiene sentido y tendría que caer, sobre todo porque es injusto con los pequeños productores que no pueden deducir su pago al BPS.
Lo que sí vamos a buscar es reducir el impacto de los impuestos a la tierra con respecto a los que se tributan sobre la renta.
Hoy el 60% de los impuestos que paga el agro están basados en la tierra, y es un impuesto negativo porque desmotiva la inversión y la producción.
El subsidio al gasoil para el boleto del transporte público es otro tema a revisar. Salvo la ganadería, que por un factor externo está mejor, todos los otros sectores del agro están pasando mal y no están en condiciones de estar subsidiando a nadie. El principal beneficiario es una empresa de transporte capitalino, que no está nada mal. En los últimos años tuvo muchos beneficios y no necesita ninguna ayuda del agro para dar un boleto barato a la población.
—Las administraciones del Frente Amplio crearon la definición de agricultor familiar para establecer políticas diferenciadas dirigidas a los pequeños y medianos productores. ¿Tiene previsto cambiar esa definición política?
—No estamos de acuerdo con el asistencialismo que hubo en los últimos años, mediante lo cual no solo se ayuda a los productores sino a gremiales también, sin favorecer su capacidad de vivir sin ese asistencialismo.
Si el resultado de esa política ha sido positivo y nos encontramos que las gremiales y los productores pueden vivir por sí solos, uno debería analizarlo. No se justifica el porqué continuar.
Ahora, si no es así, es porque es un fracaso y esa forma de asistir perseguía otros fines, que es lo que no compartimos. Esas estructuras deben liberarse de toda ideología y lo único que debe importar es el objetivo país, que es tener más productores y fuertes.
Por supuesto que habrá gente que precise ayuda y el Estado debe asistirlo para ponerlos en pie y en marcha para que vuelvan a caminar y dejarlos.
Ese asistencialismo tuvo mucho dinero y a cuenta de endeudamiento externo, y necesitó de una clasificación de productores con la que no estamos de acuerdo. Y más cuando se utiliza el término de “familia rural” o “productor familiar”.
—¿No cree que si se sacan esos planes de ayuda, se pueden agudizar los problemas en el campo?
—No dije sacarlos. Siempre habrá gente para ayudar y es el deber del gobierno asistirlos.
La carencia de los productores está fundamentalmente en la escala económica, que a veces la determina una estructura de costos muy altos porque hay insumos inflados por gastos que se les transfieren del déficit fiscal, como las tarifas de UTE y los combustibles.
El Estado debe compensar eso para evitar el drenaje de productores del campo, que migran hacia otro lugar y el Estado después tiene que atender una emergencia.
La idea es atender el problema antes y no después. Ese concepto de valor agregado social es totalmente opuesto al del asistencialismo directo, que hace que una persona sin trabajar, sin arriesgar, esté mejor que otro que se rompe el lomo.
—¿Tiene miedo a que se caiga Conaprole debido a la crisis de la lechería, entre otros factores?
—Honestamente, el temor lo tengo. Y tenemos que defender a muerte una empresa que es orgullo nacional. La hemos visto demasiado expuesta a vaivenes ajenos a su responsabilidad, tanto en los conflictos laborales como con los negocios con Venezuela.
