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Desde la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD) del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, se calcula periódicamente el Gasto Público Social (GPS) en nuestro país. En las próximas horas se publicará el informe con la estimación para el período 2019-2021. Este informe y otros documentos relacionados se encontrarán disponibles en la página web del Observatorio Social del MIDES.
Cuando hablamos del GPS, nos referimos “al conjunto de erogaciones que insumen las acciones emprendidas por organismos del sector público en materia social (…) evaluando el esfuerzo fiscal en actividades estatales orientadas a incidir positivamente en la disminución de la pobreza, la redistribución del ingreso, el cumplimiento, respeto, protección y promoción de los derechos de la ciudadanía y la formación, expansión o renovación de capacidades humanas, con recursos que representan una inversión, en la medida en que permiten el desarrollo del potencial productivo de las personas”.
A diferencia de otros análisis sobre gasto público, la estimación del GPS —que toma las cuentas del Gobierno Central más la Seguridad Social— “aborda un enfoque funcional en lugar de un enfoque institucional”, agrupando la información en cinco funciones clave para el desarrollo social: (i) Educación; (ii) Salud; (iii) Seguridad y asistencia social; (iv) Vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento; y (v) Cultura y deporte. El informe, sintetizado en 14 páginas, presenta la evolución del GPS y sus componentes en términos reales durante el período analizado, así como su peso relativo en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y el Gasto Público Total (GPT).
Aquellos interesados en el tema podrán leer el informe y sacar sus propias conculsiones, pero a continuación destaco lo que entiendo que es más relevante para la discusión pública:
Entre 2019 y 2021, el GPS aumentó en términos reales, en términos relativos al GPT, y en términos relativos al PBI. Como indica el informe, el GPS alcanza en 2021 “un crecimiento del 1% respecto al 2020 y del 3% respecto al 2019”. Además, en un contexto de reducción del GPT, “en 2021 el 81,2% de los gastos del gobierno central consolidado se destinaron a las áreas sociales”, frente al 75,2% estimado en 2019.
A la luz de la evidencia, resulta relevante destacar estas conclusiones para desmentir los intentos de establecer, una y otra vez, el falso relato de un gobierno “sin sensibilidad social”, que “recorta políticas sociales” y solo gobierna para los “malla oro”. A dos semanas de asumir funciones, y enfrentado a una situación sin precedentes y de máxima incertidumbre, el gobierno logró dar una respuesta sostenida y económicamente responsable que, en el 2022 y en lo proyectado para este año, le permite continuar el despliegue de medidas orientadas a los menos privilegiados. Se aumentaron las transferencias monetarias destinadas a la primera infancia como el Bono Crianza para casi 30.000 menores entre 0 y 3 años, y el complemento de las Asignaciones Familiares –Plan de Equidad– para 145.000 beneficiarios entre 0 y 6 años; se extendieron subsidios para el acceso económico y seguro a la energía eléctrica con el Bono Social de UTE y se mantuvo el descuento del 50% en la recarga de supergás; se amplió el acceso a las Becas de Inclusión Socioeducativa; se fortaleció el INDA para garantizar la alimentación; y hay más.
Vamos a seguir tomando medidas para reducir la vulnerabilidad socioeconómica de los que más necesitan, en particular en hogares con menores. Vamos a seguir mejorando las capacidades y oportunidades laborales para muchos compatriotas que se enfrentan a un mercado laboral cada vez más complicado para los rubros de menor calificación. Vamos a avanzar con la transformación educativa para revertir décadas de pésimos resultados. Vamos a concretar la reforma de la seguridad social, para darle las garantías de sostenibilidad al sistema. La lista de cosas para hacer es larga.
En eso estamos.
Antonio Manzi
Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
