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El tema de las transferencias de recursos desde el gobierno a las Intendencias es recurrente y vemos cómo, un día sí y otro también, operadores oficialistas lo sacan a luz, presentando cifras comparativas del presente contra 2004 y adjudicando el crecimiento constante de las mismas a méritos propios.
Se arrogan la paternidad del crecimiento y se jactan por ello, más aun después de la reciente irrupción del movimiento Un Solo Uruguay y la confrontación campo-ciudad. Pero hay muchas falsedades y medias verdades en todo este tema, por decir lo menos, según veremos a continuación:
1) La base normativa que regula la transferencia a las intendencias tiene origen en la reforma constitucional de 1996 que el FA mayoritariamente no votó. La nueva Constitución que entró a regir en 1997 fue la que dispuso los mecanismos según los cuales los recursos de origen nacional a girar a las intendencias aumentaron significativamente.
Entonces, si el FA quiere cumplir la Constitución, no tiene otra alternativa que transferir los recursos de que esta dispone y como el mecanismo ata esas transferencias a la evolución de las recaudaciones, si estas aumentan, obviamente aumentan también aquellas.
No debería el FA adjudicarse méritos que no le corresponden y quizás sí agradecer que esa reforma además del nuevo sistema de transferencias dispuso el balotaje.
Sin balotaje, el FA hubiera ganado en el 99 sin mayorías y a esta altura ya no existiría ni Tabaré, ni FA, ni nada. Con aftosa y crisis bancarias mediante imagine el lector lo que hubiera sido de nosotros conducidos por Tabaré Vázquez, Olesker, Mujica, Lorier, etc. Pero eso no deja de ser una referencia anecdótica y personal a aquella reforma que no voté y los cambios que introdujo en el escenario político.
2) El sistema creado y sus sucesivas reglamentaciones a través de las leyes de los últimos tres Presupuestos Quinquenales dispusieron que la participación de las intendencias en los recursos nacionales se sitúe aproximadamente en el 6 a 6,10%.
El 3,3% según el mecanismo previsto en el art 214 de la Carta y el restante 2,75-2,8% según la previsión del art. 298 que creó el mecanismo del FDI, según el cual, el 10 a 12% de los recursos recaudados por DGI en el interior deben volver a los diferentes departamentos. Como la estructura de recaudaciones supone que aproximadamente el 25% de estas provienen del interior, el 10-12 de ellas da el 2,70-2,80 que completa el 6% referido.
3) El “ingenioso y tramposo” mecanismo que los gobiernos del FA hicieron del FDI ha hecho que en lo que llevan en el gobierno han escamoteado al interior todo el aumento real (por sobre el IPC) de recaudaciones, que asciende aproximadamente a US$ 150.000.000.
En estos días las intendencias están preocupadas por US$ 7-8 millones que supondría la bonificación en la Contribución y han dejado pasar mirando para el costado un mecanismo CLARAMENTE tramposo que les ha imposibilitado recaudar ¡¡¡20 veces más de lo que ahora están reclamando!! Sí, aunque usted no lo crea, reclaman US$ 7.000 ¡¡y dejaron de percibir 150!! Difícil de creer, pero muy cierto.
En efecto, la reglamentación del FDI supone que año a año el importe a transferir por dicho concepto se determina ajustando por IPC las recaudaciones de 1999 (una de las más bajas de los últimos 20 años) y en el período 2004/2016, las recaudaciones reales aumentaron el 140-150% sobre el IPC, bastante más que el 125% real de aumento de las transferencias que tanto enorgullece al gobierno. Esa diferencia entre recaudaciones efectivas y las de 1999 ajustadas por IPC, no fue vertida a las intendencias como debió ser y quedó en manos de Astori y sus muchachos.
La Constitución establece que el FDI es un porcentaje de las recaudaciones REALES ¡¡¡y no las de uno de los peores años, ajustadas por IPC!!!
Entonces, a manera de conclusión podríamos decir que:
1) El aumento importante de las transferencias a los gobiernos departamentales se debe básicamente al mecanismo constitucional y no a los méritos del gobierno.
2) Aun así, se las han ingeniado para quedarse con más de US$ 150.000.000 que debieron transferir a las intendencias.
3) Que esa apropiación (por no decir sutil hurto) por parte del gobierno de recursos que debió transferir a las intendencias ha sido posible por la actitud permisiva y complaciente de todas ellas.
Esperemos que en los próximos meses asuman una actitud más confrontativa, defiendan mejor sus intereses (en el Congreso de Intendentes y Parlamento) y hagan primar lo importante sobre lo accesorio, reclamando los cuantiosos recursos que el Tesoro les ha escamoteado y no las migajas de la bonificación a la contribución rural.
