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El Poder Ejecutivo resolvió incrementar la supervisión sobre escribanos, inmobiliarias, administradores de sociedades anónimas y otros “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, porque considera que no están cumpliendo con la normativa que les exige controlar a sus clientes y denunciar las situaciones irregulares ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.
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Las autoridades del gobierno que encabezan el combate al lavado de activos sostuvieron durante una conferencia, que la actitud de los escribanos puede cambiar con mayor capacitación, control y también como consecuencia del “cimbronazo” que puede implicar un caso judicial que tuvo difusión en los medios y que depara un futuro no “demasiado halagüeño” para uno de sus colegas. Este comentario es una alusión inequívoca a la investigación sobre lavado de activos en la venta de un campo en Maldonado con presunto dinero de corrupción en Argentina, según coincidieron varios de los participantes en la conferencia consultados por Búsqueda.
El escribano que intervino en esa transacción, Adolfo Pittaluga Shaw, declaró como indagado en el juzgado especializado de crimen organizado.
“Problemas”.
En los últimos tres gobiernos se aprobaron leyes y decretos que buscan enfrentar el lavado de activos. Ese delito se comete mediante el ocultamiento, la conversión o la transferencia de dinero o bienes producidos por ilícitos.
La normativa, cuya aprobación fue resistida en su momento por los escribanos, obliga a esos profesionales, a casinos, inmobiliarias, rematadores, explotadores de zonas francas, instituciones del sistema financiero, entre otros, a reportar a la UIAF aquellas “transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”.
El jueves 27, durante una reunión organizada por la Asociación de Escribanos (AEU) para lanzar su nuevo servicio de asesoramiento en prevención de lavado de activos ante sus socios, el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia, Carlos Díaz, y el director de la UIAF, Daniel Espinosa, expresaron preocupación por los pocos reportes de actividades sospechosas que presentaron escribanos.
“El sistema no está funcionando”, dijo Espinosa al comienzo de su intervención. Como ejemplo, señaló que en 2012 la UIAF recibió 237 reportes y solo ocho —cinco de escribanos y tres de casinos— no fueron de instituciones financieras. “Ni un solo reporte de administradores de sociedades anónimas ni de inmobiliarias, cuando fue un año récord de transacciones inmobiliarias”.
“No estamos detectando las alertas necesarias en las transacciones”, dijo, y agregó que eso es un “gran problema y un desafío para el futuro”, porque el “sistema de prevención del delito” no está recibiendo la información “que debería”.
Espinosa advirtió que Uruguay puede aparecer en “listas negras” internacionales si los “sujetos obligados” continúan incumpliendo con su deber de controlar las operaciones sospechosas, lo que afectaría el acceso a préstamos de organismos multilaterales de crédito.
El incumplimiento no solo puede afectar a Uruguay, sino que “ustedes pueden tener problemas”, dijo Espinosa a los escribanos. “Hay un caso judicial que es el extremo, que no se sabe si hay lavado o no, pero es un caso en que la reputación de un profesional puede ser afectada. Y todavía no estamos hablando de que sea culpable”.
El diario “El Observador” informó el jueves 16 que Daniel Pérez Gadín, contador del empresario santacruceño Lázaro Báez —uno de los principales investigados en la red de lavado en Argentina— es el propietario de la sociedad dueña del campo. Efectivamente el matutino uruguayo comprobó en registros que el dueño del campo El Entrevero, de 150 hectáreas, ubicados entre José Ignacio y La Barra y con un costo de venta de U$S 14 millones, es una sociedad anónima llamada Jumey presidida por Pérez Gadín.
Pittaluga Shaw y el propietario de la inmobiliaria que vendió el campo, Alejandro Perazzo, declararon ante la Justicia uruguaya en calidad de indagados.
Control.
El director de la UIAF dijo a los profesionales presentes en la sede de la AEU, que hay “dos vías” para revertir la falta cumplimiento en reportar: la capacitación y la “supervisión y sanción”.
Al respecto, Espinosa anunció que “lo que se viene es mayor control” por parte de las autoridades sobre escribanos y otros actores del sistema. La ley establece que el incumplimiento puede ser sancionado con multas que van desde 1.000 a 20 millones de unidades indexadas.
Tras escuchar algunas críticas de los escribanos, quienes dijeron que la normativa les exige ser “detectives” o “agentes de la CIA” durante su trabajo, el titular de la Secretaría Antilavado reiteró que se trata de “exigencias internacionales” y que “Uruguay no tiene la espalda para apartarse de ellas”.
“Necesitamos socios y no sujetos obligados que estén pensando en cómo hacer la gambeta” a las normas, dijo Díaz.
Cerca del final de su intervención, el jerarca planteó que uno de los casos de posible lavado de activos que tomó estado público en las últimas semanas puede tener como resultado un “cimbronazo” para el sector. “Miren a otros colegas que no tienen un futuro demasiado halagüeño”.
