El gobierno dará un aumento salarial del 8% para los judiciales

De esta manera, lo que para algunos judiciales parecía una “canasta de fin de año”, se convirtió en un aumento salarial (del entorno del 8%) para el Poder Judicial y una posible solución al conflicto que arrastran los gremios con el Poder Ejecutivo desde 2011.

Es que a partir de la Ley de Presupuesto aprobada en 2010, que aumentó los salarios de los ministros de Estado y generó una serie de enganches en los sueldos del Poder Judicial, los gremios entienden que les corresponde un aumento salarial de entre 21 y 26%, e iniciaron varios juicios en reclamo de ese dinero.

Luego de la reunión del martes con los sindicatos, Murro y autoridades del Ministerio de Economía se reunieron ayer miércoles 9 con los ministros de la Suprema Corte de Justicia para informarles sobre la propuesta del Ejecutivo.

El ministro de Trabajo estimó que el acuerdo será “extensible” a fiscales y procuradores, e informó que en las negociaciones participa también el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sorpresa.  

“Nosotros teníamos una interpretación distinta, pero es una buena noticia, porque pasamos de creer que era una partida única a enterarnos de que va a integrar el sueldo”, dijo a Búsqueda el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Míguez. “La verdad que nos sorprendió”. 

Para Diego Pardo, de la Asociación de Actuarios, la situación “cambió totalmente”. “Pensamos que era una partida única, habíamos entendido eso, pero cambió radicalmente porque ahora es un aumento de salario y da cuenta de un posible futuro acuerdo”, dijo. “Lo recibimos con agrado, pero ahora estamos evaluando todo y haciendo números”.

Los gremios habían acordado que la partida, que creían que sería por una única vez, se repartiera en partes iguales entre todos los trabajadores del Poder Judicial.

Pero ahora, como se trata de una incorporación al salario, esa solución ya no corre y deberá distribuirse de forma porcentual, según las distintas escalas salariales. Ese monto equivale, en forma aproximada, a un 8% de aumento.

“Es una buena señal”, comentó a Búsqueda el ministro de la SCJ Jorge Larrieux. “Demuestra que hay voluntad del Ejecutivo de solucionar el conflicto”. La Corte “ve muy bien que por fin (el gobierno) se haya decidido a cumplir con la ley”. “Es un reconocimiento de la deuda” que tiene con los judiciales, afirmó.

Larrieux dijo que Murro les explicó que la partida continuará en 2016 “como adelanto a cuenta” de futuras condenas judiciales o de acuerdos en el tema salarial.

Los gremios no descartan que se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno, que sustituya la vía judicial.

Gobierno “va a cumplir”. 

El miércoles 2 el gobierno anunció que pagaría $246 millones a los funcionarios judiciales en 2015. La decisión del gobierno surgió luego de que la Suprema Corte fallara el lunes 30 de noviembre a favor de un recurso iniciado por los funcionarios y declarara inconstitucionales tres artículos de la ley 19.310.

Esa ley, aprobada en enero, era una salida que el gobierno de José Mujica proponía al conflicto con los gremios judiciales. Los gremios rechazaron esa solución y presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la ley.

Entre otros aspectos esa ley proponía, en su artículo 3, pagar a todos los funcionarios del Poder Judicial, en el ejercicio 2015, una partida de $ 246 millones.

Ese artículo, si bien fue impugnado por los funcionarios ante la Corte, se mantuvo firme, ya que los ministros entendieron que no tenían legitimidad para recurrirlo.

Ahora, el gobierno informó que esa partida no será por una sola vez, sino que seguirá en 2016.

El martes 15 las autoridades del Ministerio de Trabajo se reunirán nuevamente con los representantes de los gremios para acordar cómo reglamentar la ley 19.310. Esta vez también participará la Suprema Corte. Concurrirá el director general de Servicios Administrativos, Elbio Méndez, y la directora de Contaduría, Cecilia Maya.

El presidente Tabaré Vázquez dijo ayer miércoles, en entrevista con el periodista Ignacio Álvarez, para el programa “Santo y Seña”, que el gobierno está cumpliendo con lo que establece el artículo 3 de la ley 19.310. Sin embargo, si la Justicia dice que los gremios “tienen razón” en sus reclamos, el gobierno va “a cumplir”.

“Está previsto en el Presupuesto que las demandas al Estado puedan ser incluidas en sucesivas rendiciones de cuentas o en sucesivos presupuestos quinquenales”, afirmó.