El gobierno de Brasil busca aprobar polémica reforma previsional

Como los cambios que flexibilizarán desde octubre las condiciones de trabajo en Brasil, la reforma previsional que discute el Congreso genera polémica. Según advirtió Temer en agosto, si no se hace nada, con un déficit creciente en su sistema, el Estado solo tendrá para pagar a funcionarios y pensiones del sector público, pero no otros gastos.

El Partido de los Trabajadores ha sido uno de los más firmes opositores a la reforma previsional de Temer.

“La primera pregunta que debemos hacernos es si necesitamos o no una reforma, y todavía no se han generado los consensos. Muchas representaciones de trabajadores y académicos sostienen que no. Yo creo que sí, porque la sociedad es dinámica y las transformaciones suceden todo el tiempo. Pero no se puede instruir una política para mañana”, dijo a Búsqueda Carlos Gabas, quien fue ministro de Seguridad Social por algunos meses durante el segundo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y también el de Dilma Rousseff.

Invitado a disertar en una charla sobre reformas laborales en la región organizada el lunes 11 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social uruguayo, Gabas consideró que los cambios que propone la administración Temer “destruyen décadas” de protección social e impedirían “el 80% de las jubilaciones”.

“La discusión (de cara a una reforma) acaba madurando y sucediendo. Pero debe hacerse sin sobresaltos. Uruguay está avanzando. Defendemos una discusión amplia con trabajadores y empresarios en un diálogo social que busque consensos y alternativas. No es verdad que no haya dinero para pagar las jubilaciones”, sostuvo.

“Quita derechos”.

La reforma previsional en Brasil es mirada con atención por las principales calificadoras de riesgo, que la consideran fundamental para que ese país pueda recuperar el grado de inversión no especulativa (investment grade) perdido en 2015. El mes pasado, Standard & Poor’s retiró a Brasil de la zona de vigilancia (creditwatch) luego de que se anunciaran cambios en las pasividades públicas y la reducción en la cantidad de funcionarios estatales, para contener el déficit fiscal.

Parte del desequilibrio se explica por el sistema de jubilaciones, que en 2016 tuvo un déficit de US$ 47.000 millones, casi 60% más que el ejercicio anterior, según datos oficiales.

El proyecto de reforma impulsado por Temer aumenta los años necesarios de contribución y baja el porcentaje sobre el salario que se recibe en la pasividad (tasa de reemplazo). Quiere alcanzar los tres pilares del sistema (uno público y obligatorio; otro cerrado y de capitalización para los funcionarios estatales, y uno privado para los de ingresos más altos que es, además, optativo), aunque ello ha sido motivo de negociación política.

“La propuesta de Temer reduce la protección pública del régimen general y saca las trabas al sistema complementario cerrado, permitiéndole ser administrado por el sistema financiero. Y para aprobar una reforma que quita derechos, el gobierno da un beneficio a los legisladores porque solo de deudas de sus empresas hay 70.000 millones de reales. Hay que salir a cobrarlas”, opinó Gabas.

Los brasileños dejarán de poder optar entre jubilarse por edad (a los 60 años las mujeres y 65 los hombres) o por años de trabajo (30 las mujeres y 35 los hombres). La reforma exige 65 años de edad y 25 de trabajo. Además, se pasará de cobrar hasta el 100% del beneficio máximo a no más de 76%, si se alcanzan 49 años de trabajo. Hoy la mayoría de los brasileños se retiran con 65 años, 15 de trabajo y 70% del beneficio máximo.

Gabas está de acuerdo con llevar la edad de jubilación a 65 años teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, pero dijo que “no hay déficit” en el sistema público. Hubo una baja en los ingresos a causa de un aumento “coyuntural” del desempleo, señaló.

“El movimiento sindical no puede tener miedo de debatir esto. Nadie reforma su casa para dejarla más fea, menos segura y menos confortable. Todos queremos mejorar. Pero los empresarios ven las reformas como oportunidades para bajar los costos y aumentar sus ganancias. Por eso la reacción contraria en los trabajadores. Eso es un movimiento de toda la región”, sostuvo el dirigente.

Sin AFAP y más impuestos.

El exministro brasileño opinó que las administradoras de ahorros previsionales (AFAP) “son un problema” para la seguridad social y que hay que “encontrar formas de financiamiento diferentes” para mantener un sistema público.

“Tener una AFAP es un problema y ustedes lo tienen aquí. Son incompatibles con la protección social. No soy contrario a ellas, pero tienen que ser complementarias. O podrían funcionar sin lucro como las cajas mutuas españolas. Pero una AFAP es un producto financiero donde el dueño del capital va a querer obtener el máximo lucro. Y en el medio queda la necesidad del ciudadano. Para asegurar una seguridad social básica esas empresas son un problema. No es posible proteger y tener lucro al mismo tiempo”, dijo.

Ante nuevas formas de trabajo y contratación, para el especialista brasileño es necesario “encontrar formas de financiamiento diferentes del salario, como el IVA, las ganancias (empresariales), el nivel de facturación”.

Además consideró que una tasa de reemplazo de 45% como la que garantiza el sistema uruguayo, es “baja” y que un sistema correctamente financiado puede ofrecer el 100%.