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El lanzamiento fue con bombos y platillos. Un hospital internacional de vanguardia, con viviendas para los profesionales y familiares de los pacientes, con institutos de investigación médica con énfasis en la cardiología, la rehabilitación neurológica y traumatológica, con hogares residenciales para adultos mayores, con un helipuerto para garantizar traslados rápidos, con un centro de comercios y servicios. Todo esto en un terreno de 30 hectáreas en la zona de La Barra. El proyecto del Hospital Internacional de Punta del Este se presentó a fines del 2016 en Maldonado en un evento que contó con la participación del intendente Enrique Antía, quien informó en ese momento que ya se había hecho una primera inversión que fue la compra del terreno donde se instalará el polo de salud. También dijo que tenía la “confianza” de que el proyecto “no era un titular”.
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“Van para adelante y se va a concretar”, afirmó. Y anunció que los empresarios “aprovecharían las exoneraciones impositivas” que tanto la Intendencia como el gobierno ofrecerían en materia de construcción. La inversión ronda los 200 millones de dólares. Las empresas involucradas en el proyecto son TSYA, Medical Brokers, Lagonal SA y la Asociación Española. El gerente general de esa mutualista, Julio Martínez, dijo entonces que el rol de la institución en el emprendimiento sería el de “operador sanitario”.
“Vamos a aportar nuestra experiencia, nuestro personal técnico y no técnico”, anunció y habló de la creación de más de mil puestos de trabajo. En el lanzamiento en Maldonado también estuvo Juan Salgado, titular de Cutcsa y asesor honorario del presidente Tabaré Vázquez.
A casi tres meses de la presentación, y mientras fuentes empresariales aseguraron a Búsqueda que se está comenzando con los trámites formales de la habilitación del proyecto, en el oficialismo hay voces que cuestionan la instalación de un centro de salud internacional. Según pudo saber Búsqueda, en el sector Movimiento de Participación Popular (MPP), del ex presidente José Mujica, hay rechazo a la idea. El argumento es similar al que se esgrimió cuando se comenzaba a discutir el proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales —modificatorio de la ley de Zonas Francas— que en uno de sus artículos habilitaba la instalación de un polo de salud como “zona temática” de servicios. El proyecto se discutió a fines del año pasado en Comisión de Hacienda del Senado y fue aprobado pero con la exclusión de la temática salud. ¿Por qué se excluyó este ítem? Fuentes políticas dijeron que fue a pedido expreso del Poder Ejecutivo tras el lobby del sector de José Mujica, que se manifestó contrario a instalar en el país cualquier emprendimiento internacional que “mercantilice” los servicios asistenciales y atentara contra el espíritu del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
En enero, el ministro de Salud, Jorge Basso, dijo a Búsqueda que en el Ministerio de Salud Pública (MSP) no había “ningún trámite” vinculado al futuro Hospital Internacional de Punta del Este y advirtió que se necesita del aval de la cartera para su instalación. Según fuentes del MSP, actualmente tampoco hay “nada concreto” sobre este hospital.
El “operador sanitario” del proyecto.
La mutualista Asociación Española, que se presenta como el “operador sanitario” de este proyecto internacional, atraviesa un momento de turbulencia económica que arrastra desde hace varios años. La mutualista, con una población estable de unos 185.000 afiliados, aproximadamente, es una de las más grandes del sector y la “más deficitaria” según un reciente trabajo de la Junta Nacional de Salud (Junasa). En el último ejercicio cerrado (2015) la institución “registra un déficit del resultado total que representa el 5% de sus ingresos operativos”. Este déficit alcanzado la convierte en la institución más deficitaria del sector cuando se comparan sus resultados con relación a los ingresos operativos generados. Este resultado total es afectado por sistemáticos y crecientes déficits operativos.
Para 2015, el crecimiento anual de los ingresos fue del 9,8%, mientras que los costos aumentaron un 10,1% respecto al ejercicio anterior, explica el informe. Y agrega que la institución se encuentra actualmente en una “situación compleja por sus recurrentes resultados deficitarios que evidencian las dificultades que tiene la entidad para actuar sobre el gasto tanto operativo como no operativo”.
La Junasa destaca sin embargo las gestiones realizadas por la empresa en busca de un cambio en la estructura del endeudamiento y en la obtención de ingresos para poder salir de su situación económica. Una de las medidas tomadas fue la constitución de dos fideicomisos financieros. El primero fue en el 2011, cuando se firmó un contrato entre la empresa y República Administradora de Fondos de Inversión (República Afisa) y se obtuvieron fondos por la emisión de títulos de deuda. El valor nominal de la emisión total ascendió a 330.000.000 Unidades Indexadas (UI) pagaderos en un plazo de 16 años. La operativa fue respaldada por el Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). En marzo de 2015 la Española solicitó un nuevo fideicomiso, por un monto de hasta 210 millones de UI, a través del Fondo de Garantía de las mutualistas.
En la institución trabajan actualmente tres hijos de figuras de la Presidencia. El hijo de Tabaré Vázquez, Álvaro Vázquez, dirige el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Mamario (Cendytma); Álvaro Toma, hijo del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, es el asesor jurídico de la mutualista, y Juan Pablo Salgado, hijo del asesor del presidente Juan Salgado, es el tesorero.
Según dijeron fuentes del mutualismo a Búsqueda, los “estrechos vínculos” de la Española con el oficialismo le costaron perder la representatividad en las negociaciones en el Consejo de Salarios y en la propia Junasa. Los directivos del resto de las instituciones veían relegadas sus posturas en esos organismos de discusión por una visión “de mucha afinidad” con el gobierno, dijeron las fuentes.
Servicios vip.
Otro asunto que el gobierno debe resolver con respecto a la Asociación Española y otras mutualistas de Montevideo como el SMI, es la de la oferta de servicios asistenciales de mejor calidad y con menos tiempos de espera para los usuarios que paguen una sobrecuota.
En su edición anterior, Búsqueda informó que el MSP estaba evaluando con su servicio jurídico la legalidad de esta oferta. La inquietud principal es que los servicios diferenciales o vip no terminen afectando la “equidad“ que propugna el SNIS. Fuentes del Ministerio de Salud dijeron que un informe jurídico sobre el tema ya está listo y será analizado por la Junasa en las próximas semanas.
Controles.
“El gran problema del sistema de salud es la falta de controles. A los prestadores de servicios de salud se les destinan recursos del Fondo de la Salud por cantidad de cápitas, cumplimiento de metas asistenciales y otros conceptos como sobrecuotas de inversión. Y el MSP no está controlando la información que brindan dichos prestadores para acceder a esos recursos”, señaló a Búsqueda el diputado del Partido Nacional Martín Lema, a propósito de la situación de las mutualistas. Agregó que recibió una respuesta del MSP a un pedido de informes donde se manifiesta que “no se realizan auditorías de contratos de gestión, no se inspeccionan obras, no se presentan cronogramas de obras y solo se limitan a controles de documentación”.
“A pesar de que el presidente es médico, el gobierno no tiene interés o capacidad para ejercer el control en la salud. En este escenario, el MSP desconoce el funcionamiento de los prestadores y carece de fundamentos para determinar cuáles cumplen con requisitos exigidos y cuáles no”, concluyó.
