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El lunes 22 por la mañana, unas 30 personas seguían de cerca la inédita sesión del Consejo de Ministros en la localidad de Piedras Coloradas, departamento de Paysandú. Entre ellas asomaba un pasacalles que le llamó la atención al presidente Tabaré Vázquez y no dudó en hacerlo notar.
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“Acá leo un cartel que dice: ‘Tabaré ya nos liberaste del tabaco ahora liberanos del fracking’”, relató el presidente y agregó: “Señora ministra de Industria hable de este punto”.
La ministra Carolina Cosse sonrió y sin dudar afirmó: “Señor Presidente, usted no tiene que liberarnos de nada porque no está el fracking en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno”.
Las decenas de seguidores aplaudieron la decisión con euforia y por si algún despistado no lo escuchó, Vázquez se encargó de reafirmarlo. “Así que quedó claro, no va a haber fracking en el Uruguay”.
La fracción hidráulica, o fracking, le sirvió a Estados Unidos para librarse de la dependencia petrolera en los últimos años. Pero su técnica es muy violenta y sus efectos sobre el medioambiente han sido cuestionados una y otra vez. La práctica consiste en inyectar un fluido a alta presión en un yacimiento que contiene hidrocarburos no convencionales. La roca se fractura y libera el gas o petróleo que esté atrapado en ella. En algunos estados norteamericanos hay investigaciones que asocian el fracking con la ocurrencia de terremotos.
Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre, contrario al fracking, dijo a Búsqueda que “son positivas” las declaraciones de Vázquez y “van de acuerdo con la tendencia internacional de prohibir esta técnica”. Pero advirtió sobre los contratos que Ancap ya firmó con las empresas que realizan la exploración de hidrocarburos.
Una de ella es la norteamericana Shuepbach Energy, que tiene dos bloques: uno ubicado en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Durazno (denominado bloque Achar) y el otro en Salto. Su técnico responsable es Gerardo Veroslavsky, la persona que la ministra Cosse quería como director de Minería y Geología, aunque tras darse a conocer su vínculo con la empresa fue descartado.
A Viñas le preocupa Shuepbach, ya que en el contrato que firmó con Ancap en 2012 por 30 años “le dan la posibilidad a la empresa de decidir qué tecnología y forma usará para extraer petróleo, gas o cualquier otro hidrocarburo, definición que en este contrato incluye tanto los convencionales como los no convencionales”.
El contrato entre Ancap y Shuepbach, al que accedió Búsqueda, establece que la empresa presentará un “programa de explotación” y la petrolera estatal tiene 60 días para evaluarlo y responder. El programa será elaborado por el contratista y puesto a consideración del Comité de Administración, que lo debe aprobar por unanimidad. De no hacerlo está previsto que los conflictos se diriman ante un arbitraje, los jurídicos ante la Justicia uruguaya y los asuntos técnicos y económicos ante un arbitraje regido por el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional.
En febrero de 2015 el entonces director de Energía, Ramón Méndez, aseguró que los contratos de Ancap con petroleras “dicen expresamente que cualquier actividad que haga una empresa pública o privada en el territorio tiene que ser previamente aceptada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, más allá de lo que diga el contrato”.
Pero para Viñas “el contrato elude la Justicia uruguaya” y por ello pide que el Poder Ejecutivo prohíba expresamente la utilización del fracking, y “así las empresas no podrán usar la técnica”.
Idas y vueltas.
Apenas unos años atrás el fracking era una posibilidad que manejaba el gobierno. En 2011 el entonces gerente de Exploración y Producción de Ancap Héctor de Santa Ana, representó a la petrolera estatal en la conferencia de la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (Arpel). Su ponencia se dirigió a llamar inversores y se tituló: “Hidrocarburos no convencionales: Una oportunidad de negocios de exploración y producción en cuencas onshore del Uruguay”.
El propio Santa Ana, en 2015, se oponía de forma categórica a aplicar esta técnica. En diálogo con Búsqueda aseguró que “no habrá fracking” en Uruguay porque no lo permiten las propiedades geológicas que no están presentes en las tres rocas generadoras localizadas en la cuenca norte uruguaya (Búsqueda Nº 1.802).
La directora de Minería y Geología, Leda Sánchez, también se opone a esta técnica porque sostiene que produce sismos “que llegan a magnitudes importantes” y pueden generar “filtraciones y contaminar” el agua subterránea (Búsqueda Nº 1.821).
A iniciativa de Uruguay Libre, una organización social, las juntas departamentales de Salto, Paysandú y Lavalleja resolvieron prohibir el fracking en sus territorios. En primera instancia Tacuarembó se sumó a esta lista, pero la comisión de Constitución y Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes dio lugar a un recurso presentado por ciudadanos del departamento y retiró el decreto aprobado por la Junta de Tacuarembó. La disyuntiva está en quién tiene la potestad legal para tomar decisiones sobre el territorio, si el gobierno departamental o el nacional.
En el Parlamento hay presentados tres proyectos para limitar y hasta prohibir el uso del fracking. Uno es del senador colorado Pedro Bordaberry, otros dos de los diputados nacionalistas Gerardo Amarilla y Javier Umpiérrez.
