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El gobierno espera que antes de que culmine la actual administración esté en marcha un mecanismo por el que hasta el 30% de las compras públicas de alimentos se haga a emprendimientos familiares agropecuarios y pescadores artesanales.
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Esta medida permitirá “mejorar los precios” que recibe la producción familiar al eliminar intermediarios, servirá para “contrarrestar la concentración de la tierra” y la “emigración” del campo a la ciudad y posibilitar una “diversificación de los oferentes”, se dice en la exposición de motivos del borrador final del proyecto de ley que fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en coordinación con los Ministerios de Ganadería e Industria y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Al año, el Estado gasta unos U$S 95 millones en compras de alimentos, según estimaciones del Mides. El proyecto del gobierno abarcaría a unos 30.000 hogares entre productores familiares y pescadores artesanales.
La iniciativa será una de las “prioridades” de la bancada oficialista, dijo el ministro Daniel Olesker.
“Queremos que se siga asentando la familia en el campo”, comentó, a su vez, el subsecretario del Mides, Lauro Meléndez, encargado de llevar adelante el proyecto. Meléndez dijo que no se trata de un subsidio y que los emprendimientos que contraten con el Estado deberán tener un “piso de calidad” y “cumplir con todos los requisitos legales”.
El proyecto, que será enviado al Parlamento la semana próxima, consta de doce artículos. En el primero se declara de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal.
Luego propone crear un régimen de compras estatales destinado al “desarrollo” de la producción familiar y pesca artesanal, estableciéndose un “mecanismo de reserva mínima de mercado de 30%” para las compras centralizadas de alimentos “siempre que exista oferta de las mismas”.
Lo establecido en la ley comprende todas las contrataciones y adquisiciones realizadas por los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y servicios descentralizados, y en “general todas las administraciones públicas estatales”.
Las organizaciones habilitadas para este sistema deberán estar integradas por al menos cinco productores familiares agropecuarios o pescadores artesanales que representen como mínimo el 70% del capital social. También podrán participar los pequeños productores que procesen alimentos con materia prima proveniente de la agricultura familiar y pesca artesanal.
Se creará en el Ministerio de Ganadería un registro de las organizaciones que serán parte de este sistema.
Transparencia.
En el borrador de la exposición de motivos el gobierno sostiene que el “mercado agroalimentario requiere de más transparencia para mejorar la seguridad alimentaria”. La “expresión más conocida” de esa “falta de transparencia” es el “inmediato e intenso aumento de los precios” de los alimentos.
“Contrarrestar estos efectos demanda la creación de mercados locales, en base a una lógica de proximidad y de circuitos cortos, que implica la venta directa de productos frescos o de temporada sin intermediarios —o eventualmente con solo uno— entre productores y consumidores. Los circuitos de proximidad acercan a los agricultores al consumidor, fomentan el trato humano y sus productos, al no ser transportados a largas distancias ni envasados, generan un impacto medioambiental muy bajo”, dice el gobierno en el documento.
Se afirma que las compras públicas “como instrumento de desarrollo económico fomentan la consolidación de un modelo de desarrollo económico basado en el trabajo nacional, impulsando cadenas productivas con tecnologías apropiadas que promueven el poblamiento de la campaña, favorecen la distribución de riquezas, contribuyen a la diversificación de la matriz productiva y la disminución de las brechas sociales”.
Este proyecto permitirá “mejorar los precios que recibe la producción familiar” al disminuir la intermediación. Asimismo, servirá para “contrarrestar la concentración de la tierra” y la emigración del campo a la ciudad. También tiene por objetivo “fortalecer” la seguridad alimentaria y nutricional del país.
También permitirá “realizar una mejor planificación de la producción”, alcanzar “mejores precios” y diversificar los oferentes.
Algunos de los emprendimientos que serán parte de esta iniciativa mostraron sus productos el lunes 31 en el Mides cuando se presentó la marca ProVas (Productos con Valor Social). Los productos y servicios brindados por emprendimientos y cooperativas de programas del Mides llevarán esta marca siempre y cuando cumplan con determinados requisitos de calidad.
Olesker afirmó que el lanzamiento de esta marca del Mides, que respaldará estos productos y servicios, es de las medidas “más importantes” que ha tomado el Ministerio en los últimos años.
La iniciativa permite mostrar que “personas que quizás hace cinco o siete años estaban” en algún programa de asistencia del Mides, hoy están “produciendo un bien”, dijo el jerarca.
