El gobierno planea fortalecer los controles sobre zonas francas, aduanas y organizaciones civiles para combatir el blanqueo de dinero

La estrategia del Poder Ejecutivo incluye otorgar a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central la posibilidad de acceder a las bases de datos que poseen otras dependencias del Estado, como la Policía y el Banco de Previsión Social (BPS), lo que le permitirá “robustecer su capacidad analítica” y facilitar la detección de actividades sospechosas.

“No tienen fronteras”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió en marzo un informe en el que afirmaba que Uruguay era en ese momento “vulnerable a la amenaza de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

A partir del análisis desarrollado por el gobierno y por técnicos internacionales, el Poder Ejecutivo elaboró una estrategia para combatir el blanqueo de capitales. Las medidas ideadas por el gobierno siguen las recomendaciones fijadas por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) que funciona en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El titular de la Secretaría Antilavado de Uruguay asumió hace pocos días como presidente de la Sección Latinoamericana del Gafi (Gafisud, por sus siglas en inglés). En su primer discurso al frente de esa organización, Díaz afirmó: “Los delincuentes no tienen fronteras, tratemos de no tenerlas nosotros. Ellos están de un lado; del otro estamos nosotros”.

“Vulnerabilidades”.

En su visita al Parlamento, el jerarca entregó una carpeta con varios documentos, entre ellos uno titulado “Objetivos vinculados al Fortalecimiento General del Sistema Antilavado de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo”. Ese texto incluye un punteo de “metas” que el gobierno pretende concretar antes del 2014.

Según el documento, el Poder Ejecutivo estudiará las “vulnerabilidades del sistema financiero” y prevé crear nueva normativa que alcance a las “empresas que prestan servicios de arrendamiento de coffres-forts y para las empresas que transportan caudales”.

El gobierno tiene especial preocupación por la situación actual de las zonas francas y entiende que se deben “fortalecer los mecanismos de prevención, transparentando las actividades del sector”. El Ejecutivo designará un equipo de expertos, que trabajará durante el 2013, “a fin de llevar a cabo un diagnóstico de vulnerabilidades y necesidades de control” y aumentará “los contactos con los administradores de las zonas francas” para transmitirles su “preocupación por los riesgos del sector”. En ese sentido, las autoridades fijarán herramientas para lograr un “control en tiempo real del stock de la mercadería”.

Relacionado con las zonas francas —el principal destino de las exportaciones uruguayas—, el gobierno quiere “profundizar los mecanismos de transparencia e integridad en el control aduanero”, según lo estableció en una meta. Para alcanzar ese fin, el Ejecutivo impulsará la “reestructura y modernización de Aduana en cuanto concierne a la promoción de mayor transparencia e integridad” y robustecerá el seguimiento de las operaciones desarrolladas por los despachantes de aduana.

En momentos en que el gobierno aspira a concretar grandes proyectos de infraestructura mediante la firma de acuerdos público-privados, la estrategia impulsada por la Secretaría Antilavado pretende analizar las “vulnerabilidades” que existen en esos emprendimientos para luego “fortalecer los controles” en el área.

Otra de las metas del Ejecutivo es “revisar y modificar la regulación en materia de fideicomisos generales y otros tipos de estructuras legales a fin de asegurar la información respecto al beneficiario final se encuentre disponible”. Además pretende “realizar un estudio sobre las particularidades propias de los casinos” para “lograr un mayor conocimiento y una mayor aproximación al sector de juegos de azar”.

La Secretaría Antilavado considera necesario la promulgación de una “ley de asociaciones civiles y fundaciones”, lo que permitirá tener mayor “capacidad inspectora”. Mientras se aprueba esa normativa, el gobierno llevará a cabo “un diagnóstico de los riesgos” en el sector.

Durante una entrevista con la publicación digital especializada en temas de lavado de activos “InfoLAFT”, Díaz sostuvo que en los países de la región “hay inquietud alrededor de las organizaciones sin ánimo de lucro, porque si bien cumplen un rol muy importante en la sociedad, también es cierto que muchas son utilizadas para financiar organizaciones terroristas”.

“El desafío”.

La estrategia contra el lavado de activos incluye varias medidas que buscan vigorizar los sistemas de información e inteligencia estatales, así como el sistema penal y de investigación sobre el delito de lavado de activos.

Las autoridades prevén dar más recursos a los juzgados especializados en crimen organizado y elaborar “protocolos de investigación” para que los jueces, policías y fiscales mejoren su capacidad de atacar la financiación de las organizaciones delictivas.

El gobierno busca “efectivizar el acceso directo de la UIAF a otras bases de datos del Estado a efectos de robustecer su capacidad analítica”, para lo cual firmará convenios con “gestión policial”, el BPS y otras instituciones públicas.

En ese marco, el Poder Ejecutivo creó por decreto el Observatorio de Análisis Estratégico, que funciona en la secretaría de Díaz. Entre sus cometidos, la nueva oficina debe “obtener, procesar y analizar información del ámbito internacional, regional y nacional, relativa al lavado de activos y financiamiento del terrorismo”; “identificar métodos y tendencias a través del análisis de las tipologías criminales” y crear “una base de datos sobre el comportamiento criminal nacional e internacional, económico y de antilavado”.

“Nos falta fortalecer un poco más el Observatorio. —relató Díaz en la comisión legislativa— Debemos tener claro que en nuestro país no abunda la gente formada en Inteligencia. Por eso hemos tenido que traer gente en Comisión de Dinacie (Dirección Nacional de Inteligencia del Estado); no tuvimos más remedio”.

En el discurso que brindó en Buenos Aires cuando asumió al frente del Gafisud, Díaz citó un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, en el que se afirma que el delito organizado tiene unas “utilidades anuales” de U$S 2,1 trillones en todo el mundo. Al respecto, el jerarca concluyó: “La única posibilidad que tenemos para enfrentar el crimen organizado es despojarlo de su verdadero poder: sus recursos financieros ilícitos. Este es el desafío del siglo XXI”.