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    El gobierno pone veedores en tres mutualistas de Montevideo para informar sobre “eventuales desvíos” en fondos destinados a deudas

    El MSP designó a contadores y abogados para fiscalizar la operativa de Casmu, Asociación Española y Casa de Galicia, que recibieron garantías estatales para acceder a fideicomisos

    El gobierno decidió la intervención con veedores designados en tres mutualistas de Montevideo. Se trata de las instituciones Asociación Española (195.000 afiliados), Casmu (192.000) y Casa de Galicia (44.000). Según una resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) fechada el 4 de marzo la medida es para “asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos” e informar a la cartera sobre “eventuales desvíos en la ejecución del plan de reestructuración” en estos prestadores de salud que accedieron al Fondo de Garantía IAMC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva) otorgado por el Estado en distintos períodos.

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    El gobierno busca “recabar en forma permanente información sobre todos los aspectos vinculados en la operativa” de estas tres instituciones, que condensan buena parte de la masa de afiliados mutuales en Montevideo. En diciembre de 2020, en una reunión de la Junta Nacional de Salud (Junasa), se había resuelto recomendar al MSP que fiscalice a aquellas instituciones que han accedido a los fideicomisos aprobados por el gobierno.

    Esto también había sido solicitado —aunque puntualmente para la Asociación Española— por el abogado Gonzalo Ramírez, quien denunció en la Justicia que la mutualista “desvió fondos públicos obtenidos con garantía del Estado a través de fideicomisos para crear el servicio de compañía Familia y el servicio de pacientes VIP denominado Socios Vitales”.

    Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

    El MSP designó a dos veedores, un contador y un abogado por cada una de las mutualistas intervenidas. El Casmu será controlado por Gabriela Casal y Fernando Barbé; la Asociación Española por Leonardo Basso y Gabriel Pais; y Casa de Galicia por Óscar Pereyra y Luis Fraschini.

    Cada institución tiene un escenario diferente. La Asociación Española ha recibido ya dos garantías para fideicomisos, ambos aprobadas bajo la administración de gobiernos anteriores. La primera fue en el 2011. Y la segunda en el año 2016, por unos US$ 23 millones. “La Española tiene una situación diferente a los otros casos, porque no ha solicitado actualmente ninguna garantía estatal para la emisión de un nuevo fideicomiso y al día de hoy no tiene previsto hacerlo”, dijo a Búsqueda una fuente de la institución. Sobre la decisión del gobierno, señaló que la ley y el decreto reglamentario del Fondo de Garantía IAMC “establece la potestad estatal de control, que se suma a todos los controles que el MSP tiene sobre las mutualistas, que son muy amplios”. En el gobierno anterior el control era ejercido por una Comisión de Seguimiento del MSP y del Ministerio de Economía, recordó, y ahora el MSP “consideró utilizar otro sistema, que es el de los veedores”. “Nosotros trabajamos en conjunto con los profesionales designados para brindar toda la información necesaria tal como corresponda”, afirmó.

    La última emisión de los títulos de la mutualista se hizo en el mercado por medio de la Bolsa Electrónica de Valores y fue colocada en las AFAP. Según dijeron a Búsqueda fuentes del prestador, unos US$ 8 millones fueron destinados para el plan de inversiones, unos US$ 9 millones para pago de pasivos financieros y algo más de US$ 5 millones de “libre disponibilidad”.

    La mutualista Casa de Galicia es otra de las fiscalizadas por el gobierno. Su presidente, Alberto Iglesias, recibió la noticia con “gran alegría, esperanza y expectativa de eficiencia”. Iglesias dijo a Búsqueda que él mismo planteó la “necesidad” de tener “un ida y vuelta fluido” y sin “contaminación en la línea” con las autoridades sanitarias. Agregó que “hacía falta” que la información esté centralizada y ordenada: “Nos permite que el Poder Ejecutivo tenga bien claro las inversiones realizadas y que tenga los destinos previstos”, señaló.  Casa de Galicia accedió a garantía estatal para un fideicomiso por unos US$ 27 millones, de los cuales unos US$ 7 millones están destinados a distintas obras —especialmente en el área oncológica— y el resto para reestructurar pasivos.

    Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    El Casmu pidió garantías del Estado para un fideicomiso por US$ 21 millones. El presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez, informó a Búsqueda que el destino de los fondos es para cancelar deudas, obras de infraestructura y financiar el proceso de digitalización de las historias clínicas. La designación de un veedor en esa mutualista se enmarca en un severo conflicto entre la actual y la anterior directiva. En 2019, a meses de asumir en su cargo, Rodríguez encomendó una auditoría para evaluar la gestión de sus antecesores. Y con los resultados en la mano decidió demandar, por un monto de US$ 2 millones, al expresidente de la mutualista, Gustavo Bogliaccini, y al secretario Jorge Pomi por supuestas irregularidades en la contratación de softwares para las historias digitales y en las obras para el Hospital de Día.

    A mediados del 2020, el gobierno ya había puesto la lupa con preocupación en algunas mutualistas de Montevideo y del interior del Uruguay. En ese entonces, por agosto, encargaron a las propias instituciones con números en rojo un informe de autoevaluación sobre sus balances económicos financieros para poder hacer un diagnóstico del estado actual de los centros de salud privados. Distintas fuentes oficiales advirtieron a Búsqueda que hay al menos cuatro mutualistas en “estado delicado”, en una “situación compleja” que merece un seguimiento especial por parte del rector sanitario en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).