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El Ministerio del Interior pagará un incentivo económico de hasta un tercio del salario a los comisarios y otros jerarcas policiales de Montevideo y Canelones que cumplan con una serie de “metas”, que van desde aumentar el porcentaje de rapiñas esclarecidas y la cantidad de personas procesadas por “receptación” de objetos robados, hasta elaborar un “plan táctico” y mantener al menos cuatro reuniones mensuales con referentes del barrio para recabar su opinión sobre la situación de seguridad.
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El objetivo de las autoridades es impulsar un “cambio cultural” dentro de la Policía, para que esa institución “utilice y cuide” los recursos materiales y humanos que adquirió el gobierno en el actual período, explicó a Búsqueda el director de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera.
Cuando se elaboró el presupuesto quinquenal, el gobierno aprobó un incremento salarial fijo para los policías y otro atado al cumplimiento de ciertos “compromisos de gestión”. “No es sencillo que la gente cambie, tenés que usar herramientas como los incentivos económicos para incidir en esas conductas”, dijo Carrera.
El presidente José Mujica tiene a estudio un proyecto de decreto —al que accedió Búsqueda— que fija las metas que deberán cumplir los jefes de cada una de las zonas en las que están divididas Montevideo y Canelones, los comisarios, los encargados de las divisiones de Investigaciones, Tránsito, Radio Patrulla, los equipos de dirección de los centros carcelarios, entre otros.
En 2011 el Ministerio fijó como meta el control del cumplimiento del horario por parte de los efectivos, por lo que instaló relojes biométricos en todas sus oficinas. Para el 2013, la Secretaría de Estado buscará “promover el cuidado y el uso adecuado del equipamiento policial” y la creación de “instrumentos de planificación estratégica”.
“Hemos hecho una gran inversión en equipamiento en material, en recursos humanos; la idea es que se utilice, se conserve”, afirmó Carrera. En algunos casos, la contrapartida por cumplir con todos los objetivos implica un sobresueldo de $10.000, un tercio del salario de un comisario.
Si bien las metas generales del Ministerio comprometen a los jerarcas de todas las Jefaturas del país, para Montevideo y Canelones se idearon objetivos específicos, porque es en esos dos departamentos donde se denuncia más del 90% de los delitos de todo Uruguay.
Aclarados y procesados.
Las autoridades tenían previsto premiar a las comisarías que lograran bajar la cantidad de rapiñas —el delito que más preocupa a los jerarcas— cometidas dentro de su jurisdicción. Sin embargo, el riesgo de que eso provocara un “subregistro” de las denuncias hizo que se buscara un camino alternativo, explicaron fuentes de la cartera.
Pese a que no exigirá directamente la disminución de la delincuencia, el Ministerio encabezado por Eduardo Bonomi apuesta a mejorar el nivel de resolución de los crímenes y a incrementar el patrullaje y la “prevención” de los delitos.
La efectividad de Policía está por debajo de los niveles internacionales. Las cifras oficiales marcan que de las 56.394 denuncias recibidas en 1985, 17.300 fueron aclaradas (30,7%). Dos décadas después la cantidad de denuncias casi que se triplicó (145.438), pero la resolución de los casos apenas llegó a las 22.372 (15,4%). En el 2011, solo el 14% de las 8.363 rapiñas denunciadas fueron resueltas por la Policía (ver Búsqueda Nº 1.687).
Así, uno de los objetivos fijados para los oficiales responsables de la División de Investigaciones (hay una en cada zona de Montevideo y Canelones) es “propender al esclarecimiento de las rapiñas”. El oficial recibirá un sobresueldo si consigue aumentar el porcentaje de robos violentos aclarados.
Los encargados de Investigaciones también obtendrán beneficios económicos si aumenta la cantidad de personas procesadas a partir de cerrar bocas de venta de drogas y si aumenta la tasa de detenidos por receptación sobre la cantidad total de hurtos.
“Tratos crueles”.
La reestructura de la Jefatura de Montevideo iniciada en 2012 implicó que las seccionales dejaran de ocuparse del esclarecimiento de los delitos y se encarguen ahora del área preventiva. Por eso, los comisarios tendrán como meta mejorar el patrullaje realizado por sus efectivos. Este objetivo se controlará mediante los sistemas de GPS instalados en las radios portátiles de la Policía y en los motores de los vehículos.
Los comisarios deberán dedicar al menos un 10% de los efectivos a su cargo para tareas de Policía Comunitaria y mantener al menos 4 reuniones con referentes del barrio.
Para “mejorar” la relación con la población, el Ministerio premiará a los encargados de Comisarías que no tengan ningún procedimiento disciplinario por “tratos crueles”. Además, se obligará a los comisarios a “monitorear” por mes 25 denuncias recibidas, lo que implicará comunicarse con el denunciante, explicarle “los pasos seguidos”, y verificar su “grado de satisfacción” con la “atención recibida”.
En todos los casos, el oficial responsable de cumplir la meta deberá presentar un informe a su superior inmediato.
“Plan táctico”.
Según Carrera, el Ministerio fortaleció sus recursos humanos y adquirió tecnología para mejorar el combate a la delincuencia, pero todavía los oficiales no los están aprovechando “a pleno”.
El proyecto de decreto incluye la exigencia para los comisarios de elaborar un “Plan Táctico”, que luego deben aplicar.
Con el objetivo de “fomentar el uso de indicadores de violencia y criminalidad para la correcta toma de decisiones y elaboración de planes estratégicos y tácticos”, las autoridades exigen que los jefes de zona hagan “un seguimiento geo-referenciado del delito acontecido” y escriban un reporte con esa información.
Reclusos.
Para que el “cambio cultural” alcance al sistema penitenciario, el Poder Ejecutivo también instaura “compromisos de gestión” a los encargados de las cárceles.
El equipo de dirección de un centro penitenciario obtendrá un sobresueldo cuando en la prisión no existan “procedimientos disciplinarios concluidos con falta constatada por hechos de corrupción y malos tratos” hacia los presos.
También habrá un premio si en el centro de reclusión aumenta la cantidad de reclusos que redimen días de pena por trabajo o estudio.
