El gobierno prepara un “salvoconducto humanitario” para los presos

En Uruguay las autoridades manejan que se los reciba como refugiados, al amparo de la ley 18.076 aprobada en 2006, que establece el derecho al refugio. Bajo esta normativa los refugiados no pueden ser retenidos en el territorio nacional, sino que tienen libertad para irse del país cuando lo deseen. Como parte de las negociaciones con el gobierno de Obama se manejó la condición de que los prisioneros debieran permanecer dos años en Uruguay. Pero las autoridades del gobierno uruguayo indicaron que eso surgirá del compromiso que los propios prisioneros asuman con Estados Unidos, ya que Uruguay no los puede “encarcelar”.

Bonomi dijo que se les dará protección, pero que eso no implicará una custodia personal. Además aclaró que podrán circular libremente por el país.

Refugiados.

Uruguay reconoce como refugiados a quienes por “fundados temores de ser perseguidos por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social” se encuentran fuera de su país y no quieren o no pueden acogerse a la protección de ese país; o a quienes han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad están amenazadas por la “violencia generalizada, agresión u ocupación extranjera, terrorismo, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos”, según establece la ley.

No podrán acceder a este derecho las personas sobre las que haya motivos fundados para considerar que han cometido delitos contra la paz, delitos de guerra o contra la humanidad, o un grave delito común.

Las solicitudes de refugio son analizadas por la Comisión de Refugiados (Core), integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección Nacional de Migración, de la Universidad de la República, del Poder Legislativo, de una ONG dedicada a los derechos humanos y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Por año se reciben entre 30 y 40 solicitudes de refugio, según información proporcionada por el Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana (Sedhu), organización que trabaja como agencia implementadora de la Acnur en Uruguay, y que participa de la Core. Menos de la mitad de las solicitudes son aceptadas (un promedio de 15 por año).

Actualmente hay unos 250 refugiados y solicitantes en Uruguay. Unas 200 personas ya tienen la residencia legal y otros 50 realizaron la solicitud y se encuentran esperando la respuesta definitiva. Las personas que solicitan refugio deben estar dentro de territorio nacional, en los puntos de acceso al país o en la frontera, y pueden permanecer en el país mientras aguardan la decisión de la Core. El refugiado tiene derecho a la reunificación familiar, por lo que puede solicitar el refugio para su cónyuge e hijos.

En los casos de extrema vulnerabilidad se les provee asistencia económica temporal, hasta que logran conseguir trabajo e insertarse en la sociedad.

La mayoría de los refugiados en Uruguay son colombianos, que huyen del país por cuestiones vinculadas al conflicto armado. Otra buena parte de los solicitantes proviene del continente africano, según información del Sedhu.

Por otra parte, Uruguay forma parte de un programa de reasentamientos de refugiados, que también integran varios países de la región. A través de un convenio marco firmado con Acnur, Uruguay recibe a personas que han sido reconocidas como refugiadas por otro país, y que por razones de seguridad deben trasladarse a un nuevo país. Son refugiados “cuya vida, seguridad o libertad se ven amenazados en el país donde buscaron refugio”. En estos casos, que suelen estar vinculados a temas de seguridad, el Estado, en coordinación con Acnur, brinda una protección y asistencia mayor, explicaron personas vinculadas al trabajo de la Core.