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El proceso legislativo de la ley de urgente consideración (LUC) va decantando en negociaciones políticas que conducen a varios cambios más o menos significativos en los artículos originales. De hecho, desde el Frente Amplio valoran como una conquista el haber frenado algunas iniciativas de corte “liberales-herreristas” incluidas en el proyecto, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
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Pero si bien el gobierno pudo haber cedido en ciertas cosas, su agenda de reformas va más allá de la LUC y ya trabaja en otras propuestas que en algunos casos encaminará sin necesidad de negociaciones políticas, por vía administrativa.
El director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo a Búsqueda que, a pesar de que la pandemia del Covid-19 consumió parte de la agenda y tiempo de gobierno, se podrán concretar varias reformas estructurales planeadas. “Si no es en la ley de Presupuesto, será a través de leyes especiales”, afirmó. “Las grandes hoy son la de la previsión social —que hay que hacerla con el agua al cuello— y la del mercado de los combustibles”, añadió. Después se impulsarán otras reformas, para desmantelar “pequeñas regulaciones que entorpecen la actividad privada. Ahí hay que hacer un relevamiento general para destrabar. A veces parecen tontas, pero no son tan tontas”. Puso como ejemplo “trabas en el proceso de importación y exportación”, junto con medidas como el armado de un nuevo plan maestro del puerto y la habilitación de muelles especializados que “abaratan las cosas”.
Para Alfie, con la LUC también “se rompe el monopolio del Internet” y “esa es una reforma estructural bien importante”. Y alegó: “No creo que la competencia debilite a nadie. La competencia fortalece a todo el mundo. Quedó demostrado que quienes compitieron mejoraron y se tuvieron que profesionalizar. Y la verdad, funcionaron. Porque en Uruguay tenemos una cosa que ha pasado históricamente y quizás esté en la raíz de que la privatización de las empresas públicas nunca fue un punto central, lo central fue la competencia. Las empresas públicas uruguayas nunca fueron el desiderátum de la eficiencia; estando en monopolio eran bastante deficientes, pero no eran el desastre como en otros lados, y tampoco era que no brindaban razonablemente los servicios”.
Este tipo de medidas cuentan con el beneplático del sector empresarial.
Ayer miércoles 27, en una reunión con la cúpula del Ministerio de Economía, directivos de la Confederación Empresarial del Uruguay transmitieron su pretensión de que el gobierno cumpla con la promesa de bajar costos y darle más espacio al sector privado. “Aspiramos a que se apaguen los incendios y que no se olviden de las reformas estructurales” reclamadas, dijo a Búsqueda el presidente de esa supracámara, Gerardo García Pintos. También respaldaron la actuación de la nueva administración: “Si siguen con estos planteamientos creíbles, van a cosechar” resultados y se concretarán nuevas inversiones, les señalaron a la ministra (Azucena Arbeleche) y al subsecretario (Alejandro Irastorza). Pero “magia” no hay, y se debe “apretar” para bajar el gasto público, aseguró García Pintos.
“Liberales”.
En el Frente Amplio algunos dirigentes creen que buena parte de las propuestas “más liberales-herreristas” de la LUC fueron retiradas. Como ejemplo de eso, el senador Charles Carrera mencionó la iniciativa de desmonopolizar la importación de petróleo, los artículos que obligaban a Antel a ofrecer su infraestructura a operadores privados y la posibilidad de que las sociedades anónimas fueran propietarias de tierras.
“Algunas cosas nada menores se han logrado, como los artículos referidos a Ancap y Antel quitando los aspectos más negativos”, declaró también a Búsqueda el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. “Luego vamos a articular con todas las expresiones sociales cómo enfrentamos el proyecto que se apruebe, desde (el pedido de declaración de) la inconstitucionalidad hasta otras formas políticas y democráticas”, anunció el dirigente. (Más información en páginas 5, 10 y 48)
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