En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Todavía faltaban unos días para que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, pero los legisladores oficialistas ya sabían que su aprobación implicaría mucho trabajo. No solo porque el gobierno anunció que habría poco margen para aumentar el gasto y cumplir con reclamos sindicales, sino también porque las autoridades confeccionaron una propuesta con más de 300 artículos que incluyen cambios legales en áreas diversas.
, regenerado3
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
“Se nos viene un proyecto ómnibus”, bromeó un legislador del Frente Amplio en diálogo con Búsqueda antes de que el gobierno entregara, el sábado 30 de junio, los biblioratos con la Rendición de Cuentas. Las modificaciones incorporadas en la propuesta involucran normas tributarias y de contrataciones del Estado, los controles sobre el impacto ambiental, el criterio de uso de tobilleras para víctimas y acusados de violencia doméstica, y hasta la designación de destinos diplomáticos.
El Poder Ejecutivo “trata de meter de todo ahí adentro porque los tiempos de aprobación de la Rendición de Cuentas están acotados y suelen ser más rápidos que los de una ley normal”, explicó a Búsqueda Adrián Gutiérrez, docente y especialista del Departamento Legal de Baker Tilly Uruguay. “Hay muchos aspectos que si entraran en otros ámbitos de discusión mediante un proyecto de ley específico, llevarían otro tiempo de discusión y demorarían las soluciones que se preveían”.
Ese parece ser el criterio seguido por la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió en junio al Parlamento un proyecto de ley para modificar diversas normas internas. Y sin embargo, incluyó dos artículos en la Rendición de Cuentas que son iguales a los de su propuesta todavía sin discutir.
A su vez, el articulado busca solucionar problemas en la ley antilavado de activos, aprobada en diciembre del 2017, que el gobierno preveía resolver mediante su decreto reglamentario.
El proyecto de Rendición de Cuentas prevé ampliar las prohibiciones que rigen sobre las contrataciones del Estado. Si se aprueba sin modificaciones, la restricción alcanzará a funcionarios que tengan “vínculo directo o indirecto de naturaleza laboral o contractual” con la administración contratante, incluso a aquellos que “desarrollen tareas de planificación, supervisión o control”, según un análisis de la Rendición elaborado por el estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV).
El artículo cinco establece que todos los organismos del Estado deben consultar el registro de funcionarios públicos destituidos antes de contratar a alguien. Quien no cumpla ese requisito, cometerá una falta administrativa y podrá ser sancionado. “No queda claro el alcance de la disposición, en cuanto a la incidencia de una destitución como consecuencia de un sumario administrativo, ya que no existe ninguna norma que prohíba la contratación de funcionarios que hubieren sido destituidos”, advirtió Gutiérrez.
El Poder Ejecutivo también pretende facilitar el mecanismo de compra de medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública cuando es condenado por la Justicia. Para lograrlo propone exceptuar esas adquisiciones “del control previo” que hasta ahora realiza el Ministerio de Economía.
En cuanto a las normas tributarias, el artículo 301 procura “incentivar a que las empresas inviertan en títulos públicos”, según PPV. Ese objetivo se persigue al ampliar la exoneración del IRAE “sobre los intereses de los títulos de deuda pública y de cualquier otro rendimiento de capital o incremento patrimonial, derivados de la tenencia o transferencia de dichos instrumentos”.
La Rendición de Cuentas prevé modificaciones en el área de protección de datos para adaptar la legislación local a los cambios registrados en la Unión Europea. El articulado crea la figura del “delegado de protección de datos para aquellas entidades ya sea públicas —tanto estatales como no estatales— o privadas que traten datos sensibles dentro del giro principal de su actividad y las que realicen el tratamiento de grandes volúmenes de datos”, explica el documento de PPV.
Gutiérrez destacó también que el proyecto amplía las situaciones en las que los “profesionales vinculados a la ejecución, dirección u operación de obras que requieran autorización ambiental, serán solidariamente responsables de las sanciones y daños ocasionados cuando las mismas no cumplan con las exigencias legales”.
En el área de medio ambiente, hay modificaciones a las normas sobre protección de lagunas y bañados, y sobre el manejo de sustancias químicas.
La iniciativa del gobierno incluye varios artículos sobre temas de seguridad pública. Así, prohíbe “la importación de dispositivos celulares que no cuenten con número identificatorio de dispositivo móvil internacional (IMEI) válido” y obliga a las empresas de telecomunicaciones a “extender el bloqueo a los dispositivos celulares hurtados en los países de la región”.
El Poder Ejecutivo también busca restringir la capacidad que tienen los jueces de aplicar tobilleras en casos de violencia doméstica. “Cualquier medida de utilización de dispositivo electrónico, deberá contar previamente con un informe técnico favorable respecto a su efectividad y viabilidad”, dice el artículo 82.
El siguiente establece que “solo podrá decretarse como medida de protección una custodia personal, siempre que la persona se encuentre comprendida en el sistema nacional de atención y protección integral a víctimas y testigos de delitos y previo informe del Ministerio del Interior favorable”.
En los últimos meses, el ministro Eduardo Bonomi advirtió que la Policía dedicaba cientos de efectivos a esas tareas, lo que afectaba el combate a la inseguridad.
Gutiérrez valoró que en esta ocasión, a diferencia del proyecto de Rendición de Cuentas del año pasado, no encontró ninguna “bomba” de corte inconstitucional.
