—En Uruguay hay 18.500 consumidores diarios de cannabis, de los cuales hay unos 1.500 que se dedican al autocultivo. Esto hace que tengas unas 16.000 personas que se relacionan con el mundo criminal para acceder al producto. Si a eso le sumás 75.000 personas que consumen alguna vez al mes y 120.000 que consumen alguna vez al año, tenés mucha gente a la que darle una solución.
Con esta propuesta de ley damos respuesta a este problema. Estamos ante un mercado que ya existe, que está desregulado y queremos regularlo para tener control sobre la oferta. Hoy cualquiera consigue un ladrillo de marihuana y lo vende en la casa o la calle. El Estado puede reprimir pero no puede hacerlo en todos los momentos y todos los lugares; da zarpazos permanentemente. En cambio, si yo puedo regular ese mercado, puedo controlar un aspecto importante de la disponibilidad: va a haber X cantidad de puntos de venta.
A su vez, por este mismo hecho, estamos atacando fuertemente este mercado ilegal que hoy en día controla el tráfico y que mueve entre U$S 8 y 12 millones. Le estamos dando un golpe desde otra perspectiva, no desde el derecho penal, sino desde el punto de vista de sacarle la sustentación económica.
Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es una jugada a varias bandas. Esto no implica renunciar a la idea central de que no está bien que las personas consuman sustancias que dañan su salud, pero eso entra dentro del principio de que cada persona es libre de optar. El Estado no promueve el consumo de tabaco, sino todo lo contrario, pero deja librado a que las personas en el ejercicio de su autonomía puedan tener la opción libre de consumir o no.
—Entonces, ¿por qué no legalizar todas las sustancias?
—Tenemos que tener en cuenta que las sustancias tienen riesgos diferenciados por el impacto farmacológico que generan en las personas. Hay sustancias que son mucho más adictivas que otras. La pasta base, los derivados del opio y la nicotina son altamente adictivos, la marihuana no.
El cannabis no es una sustancia inocua, pero no tiene los riesgos toxicológicos o sociales que pueden tener otras sustancias como la pasta base, la cocaína o los derivados del opio. En la situación en que se parte, tenemos la marihuana con un mercado controlado por las organizaciones criminales, lo que intentamos es regularlo y llevarlo a un punto de equilibrio, donde haya un control por parte del Estado sobre todas las fases de producción. En paralelo hay que trabajar sobre la percepción de riesgo, es decir, informar sobre los riesgos del consumo de marihuana para que después, en su libre albedrío, las personas hagan su opción.
—Los que se oponen al proyecto cuestionan que Uruguay va a intentar algo que no se probó en ningún lado. ¿Qué puede suceder a partir de que se apruebe la ley?
—Quienes se oponen dan visiones catastrofistas. Son opiniones de que se va a disparar el consumo que no están basadas en ningún estudio, en todo caso están sustentadas en visiones morales y religiosas. Me parece que son muy válidas pero que no se sustentan en la realidad.
Después de 30 años de ser implementado el modelo de legalización holandés, la gente consume menos marihuana en Holanda que en Italia y España, donde es ilegal. Esto demuestra que la hipótesis de catástrofe no es así. En relación al tema de la explosión del consumo y la legalización, no hay ningún dato que muestre fehacientemente que esto va a ser así.
—Usted decía que quienes cuestionan la propuesta lo hacen a partir de prejuicios morales o religiosos, pero uno de los que planteó críticas fue el ex presidente Tabaré Vázquez. Sostuvo que la marihuana hace daño...
—Lo que el ex presidente Vázquez ha dicho yo lo refrendo totalmente: consumir drogas hace daño a la salud. Por eso él impulso la ley de regulación del mercado de tabaco, que tiene un amplio respaldo a nivel de la sociedad.
Lo que está muy claro es que quienes plantean que nuestra propuesta es mala, no plantean alternativas —y no me refiero al ex presidente Vázquez—. Si la alternativa es dejar todo como está, se equivocan porque la estrategia aplicada hasta el momento: la guerra contra el narcotráfico, no ha dado resultados.
—¿La idea del gobierno apunta a ampliar las libertades individuales?
—Va más allá de eso. Las propuestas originales del oficialismo sobre autocultivo están enmarcadas en el tema de las libertades. Acá hay una realidad, estas personas no hacen nada contra nadie y está muy claro el artículo 10 de la Constitución: la autoridad de los magistrados no tiene potestad sobre los actos individuales que no dañen a terceros.
En el proyecto final que aprobó la bancada también hay una apuesta a mejorar la convivencia social. El daño que provoca el acceso a la marihuana es mayor que el daño sanitario que puede provocar su uso. Vamos a tener cerca de 80 homicidios vinculados a los ajustes de cuentas, gran parte asociados al crimen y el narcotráfico. ¿Cuántos muertos puede generar el consumo del cannabis?
—En varias apariciones públicas usted dijo que el principal problema en el tema drogas es el consumo de alcohol. ¿Por qué se envió primero el proyecto sobre la marihuana?
—No se trata solo de elaborar proyectos de ley, nosotros venimos trabajando hace tiempo sobre el tema del alcohol. Hoy el tema del alcohol está en la agenda política como no ha estado en los últimos 200 años. El problema lo tenemos en la baja percepción de riesgo sobre el consumo de alcohol, que se bebe como un refresco. Hay que sensibilizar y cambiar la percepción que tiene la población, que cree que no estamos ante una sustancia inocua. Es un cambio cultural importante para el país que no se arregla con una ley.
—¿La idea es imitar lo que se hizo con el tabaco?
—Va a ser parecido. Tiene que haber una regulación del contexto de consumo, de disponibilidad y de publicidad del alcohol, como tiene que haberla para el cannabis.
En cuanto al consumo de sustancias que hacen daño a la salud, el Estado tiene que marcar la cancha. El alcohol es muy diferente al tabaco porque tiene una legitimidad mucho mayor en la población y su consumo empieza a edades muy tempranas. Uruguay es uno de los países con más puntos de venta de alcohol por habitante.
—¿El objetivo es que la gente consuma menos?
—El objetivo del Poder Ejecutivo, del Estado en general, es que haya responsabilidad social en los actos de las personas.
—¿Eso qué implica?
—La responsabilidad social es que si consumiste alcohol no te subas a un auto y lo transformes en una ametralladora. Si consumís alcohol, agarrás el auto y manejás a 120 por 18 de Julio, te comés dos semáforos y te llevás puesta una parada y matás a cuatro personas, no estás teniendo una actitud responsable.
—¿Y si esa persona se emborracha todos los días pero se va caminando?
—El Estado tiene la responsabilidad de informarle sobre los riesgos que está asumiendo. En este caso estás hablando de un adicto, y eso requiere atención médica y no un tratamiento penal. Es importante que el conjunto de la sociedad tenga en cuenta que eso tiene un impacto en la salud pública, porque vas a requerir muchas más prestaciones sanitarias que otra persona que tenga un tipo vida más sana. El Estado tiene que promover situaciones de vida más saludable, después queda en manos de las personas que tengan otro tipo de comportamiento bajo su propia responsabilidad; ahí no llega la autoridad del Estado. Si vos querés tener conductas que pueden acortar tu esperanza de vida, es un tema tuyo.
