Las pautas para la sexta ronda terminaron de ser acordadas el viernes 26 de junio por las carteras de Economía y de Trabajo. El Consejo de Ministros del lunes siguiente las aprobó y más tarde fueron informadas en una conferencia de prensa por el titular de Economía, Danilo Astori, y de Trabajo, Ernesto Murro.
Se anunciaron también los aumentos del Salario Mínimo Nacional que opera como piso legal para las remuneraciones mensuales: de los $ 10.000 actuales pasará a $ 11.150 desde enero de 2016, a $ 12.265 en 2017 y a $ 13.430 en 2018. El PIT-CNT pretende $ 15.000.
Al día siguiente, el 30 de junio, estos criterios fueron comunicados al Consejo Superior Tripartito en el que tienen participación empresarios y trabajadores.
Cerca de un millón de personas trabajan como asalariados en empresas privadas. La sexta ronda de los Consejos de Salarios en esa área debe comenzar en los próximos días para varios sectores que acaban de quedar sin convenio o que lo harán antes de fin de año (40% del total).
El Poder Ejecutivo anunció que dará 90 días para la negociación de los acuerdos, que sugiere que tengan vigencia trienal para los que se aprueben en 2015, y de dos años los de 2016.
Las pautas ratificadas por el Consejo de Ministros buscan, en lo esencial, “promover aumentos salariales diferenciales atendiendo la situación de los trabajadores con ingresos sumergidos”; “atender el dilema entre salario y competitividad de los sectores exportadores”; y “contemplar la heterogeneidad entre los diversos sectores de actividad”.
Los aumentos sugeridos son diferenciados según tres estados de situación de cada sector de actividad en los que se deberán autoclasificar por acuerdo entre empresas y trabajadores.
El Ejecutivo recomendó hacer los ajustes en forma semestral de los siguientes porcentajes para cada año del convenio, según la clasificación de cada sector.
Para los rubros más “dinámicos” —cuya actividad crezca más de 4% anual— plantea incrementos de 10% el primer año, 9% el segundo y 8% el tercero.
Para los sectores en una situación “media” (....) sugiere aumentos de 8,5%, 7,5% y 7%, respectivamente. Vallcorba aseguró que se espera que la “mayor parte” se autoclasifique en esta categoría.
Para los rubros de actividad con problemas (que son beneficiarios de subsidios del Estado, presentan riesgos para los empleos o dificultades de competitividad) la recomendación es dar incrementos de 8% el primer año, de 6,5% el segundo y de 6% el último.
“Sinceramente, creo que se están sobreestimando los problemas que puedan existir en este tema que, además, no es una novedad ya que en la ronda anterior ya existió una clasificación de sectores y tampoco fue un foco de conflicto”, puntualizó el asesor ministerial.
Explicó que para plantear que un sector tiene problemas, las partes deberán “acreditarlo” con indicadores y datos en una “discusión seria” y “racional”. A su juicio, no es claro que resulte conveniente para los empresarios ubicarse en esa categoría, salvo que efectivamente estén en dificultades, porque hacerlo podría generar una visión negativa a nivel del sistema bancario, por ejemplo. “Y cuando verdaderamente tienen problemas, los trabajadores son partícipes de buscar soluciones que no comprometan el empleo”, razonó.
En caso de que haya discrepancias para la autoclasificación, el Poder Ejecutivo terciará y ordenará apegarse a los lineamientos.
A diferencia de anteriores pautas dictadas por el Poder Ejecutivo, en estas la inflación no es mencionada explícitamente como un componente. En el caso de los convenios a tres años, si al final del segundo el alza de los precios al consumo superó el ajuste nominal concedido hasta entonces, el empleador deberá dar un incremento adicional por dicha diferencia (correctivo). Ese mecanismo también operará al tercer año. Para los que son a dos años el correctivo, si se justificara, se aplicaría a su vencimiento.
Vallcorba fundamentó que no haya un correctivo por IPC en el primer año con el argumento de que, con estas nuevas pautas, se establecen aumentos “muy superiores a los que surgían del esquema anterior, por el cual se daba un ajuste en el centro de la banda (del rango objetivo de inflación) y un correctivo. Estamos adelantando el correctivo, no hay perjuicio para el trabajador”. El salario real promedio aumentaría 4% al cabo de tres años (cerca de la mitad de esa cifra el primero).
También habrá una “cláusula gatillo” con un correctivo: si el IPC sube más de 12% durante el primer año, o si lo hace la tasa anual móvil a partir del segundo. El gobierno no espera que se active, pero la cláusula se fijó como una salvaguarda.
“No quedemos presos de discusiones en torno a palabras, como la desindexación, sino a conceptos. Si discutimos conceptos, las coincidencias son casi totales: mantener los elevados niveles de empleo actuales, proteger las mejoras salariales y dar aumentos especiales para los sueldos más bajos”, dijo Vallcorba.
Aclaró, asimismo, que los correctivos de los convenios que están venciendo se suman a los nuevos, por lo que los ajustes pasarán a ser de 11,5% para los sectores en problemas y aún mayores para los otros. “Esto no había sido considerado en la evaluación del PIT-CNT cuando planteó su postura en el Consejo Superior Tripartito”, señaló.
Para los salarios más bajos deberá otorgarse un ajuste adicional: de 3,5% para los de $ 10.000 a $ 12.000, y de 2,5% para los de $ 12.001 a $ 14.000. “Son incrementos muy significativos, mayores a los del período anterior. Llama la atención que un aumento de 15% en tres años tenga la respuesta que tuvo” del sindicalismo, fustigó el asesor.
De ser necesario, habrá flexibilidad en los acuerdos atendiendo la heterogeneidad sectorial o las diferencias que existan al interior de cada sector. Eventualmente, y con la fundamentación necesaria, se podrán atender casos de “descuelgues” para salirse del acuerdo alcanzado en su rama, explica el documento presentado por el Ejecutivo.
Sectores.
Algunas fábricas, como las de lácteos, calzados, curtiembres y las metalúrgicas, están en recesión. También lo está la industria de confecciones y textiles, a pesar del dinero que recibe del Estado como subsidio. La actividad en las plantas de celulosa crece, al igual que el sector químico. En el comercio y los servicios el panorama es diverso, con las ventas moderando su incremento, estancadas o en caída, según el giro. Eso se traduce, en ciertos casos, en recortes de la plantilla de personal con ceses temporarios o directamente despidos: en mayo había más de 36.000 personas cobrando el beneficio de “seguro de paro”.
En junio vencieron 56 convenios colectivos (bebidas sin alcohol y cerveza, curtiembres, vestimenta, metalúrgicas, hoteles, restoranes, cadenas de comida, estaciones de servicio, etc.), mientras que este mes lo hace el de la enseñanza. Y en diciembre expiran otros 29 acuerdos (industria láctea, calzado, celulosa, cafés y bares, servicio doméstico, fruticultura, avicultura, forestación, entre otros). Esos 86 convenios son 40% del total.
En 2016 vencerán 126 acuerdos (58%), en 2017 tres, en 2018 el de las empresas de limpieza y al año siguiente el de las administradoras de crédito.
