El gobierno propondrá al Parlamento extender por 12 años la prohibición del fracking en el país, debido a su impacto ambiental

Tras varios meses de estudio, días atrás la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), resolvió recomendar al Parlamento como posición mayoritaria extender la prohibición de la actividad por 12 años más.

Recomendaciones

El informe indica que actualmente no existe en Uruguay confirmación de la existencia de hidrocarburos almacenados en reservorios no convencionales, en los cuales sea factible la aplicación de fracking. Sin embargo, indica que en aquellos países donde sí existe un uso extendido de la técnica se constataron impactos vinculados “a la contaminación de suelos y aguas y a la sismicidad inducida”, debido principalmente a la mala gestión de los pozos.

Por otro lado, el documento hace referencia a la variable regulación normativa del fracking en el mundo; en el caso de Uruguay, los expertos analizaron los tres posibles escenarios a aplicar una vez vencida la normativa actual. Sobre el primero, prohibir el fracking en Uruguay, la mayoría —todos los actores menos las ONG— coincidió en que en el país “no hay modelos de contratos actuales en materia minera” aprobados para búsqueda de reservorios no convencionales. Además afirman que el país ratificó diversos acuerdos internacionales que implican compromisos vinculados a incentivar proyectos de energía renovable y de transformación de la matriz energética, “que llevan a un camino donde quizás la dependencia de los recursos de petróleo se vea reducida y eso desaliente aún más la explotación de recursos mediante el fracking”.

“La prohibición a la aplicación de una técnica debería limitarse para aquellos sitios donde se identifica un riesgo sobre un recurso clave, y siempre que no existan medidas de mitigación factibles de ser aplicadas”, argumentó la comisión.

El grupo no considera “recomendable” levantar la moratoria al uso del fracking, debido entre otras cosas a que en el subsuelo uruguayo podrían llegar a coexistir potenciales recursos no convencionales de hidrocarburos y un recurso natural de alto valor estratégico como es el agua subterránea contenida en los acuíferos. “Uruguay debe especialmente velar en cuanto a su adecuado uso y conservación”, destaca la comisión en el informe.

Finalmente, la decisión de mantener la moratoria en Uruguay responde a diferentes objetivos, como incrementar el nivel de conocimiento y caracterización del subsuelo uruguayo, mejorar la calidad y cantidad de información que se difunde hacia la sociedad respecto a la explotación y al uso de hidrocarburos y disponer de más tiempo para el desarrollo de capacidades institucionales específicas, en caso de que se habilite la aplicación de la técnica en el futuro. En esa línea, el grupo propone además que el Estado promueva el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y fomente becas para formación en posgrado de los técnicos de esas instituciones. Es por eso que extender la moratoria durante otros tres períodos parlamentarios parecería ser un tiempo “razonable” para poner en práctica las diferentes acciones propuestas, afirmaron.

De todos modos, el documento sugiere que al iniciar el noveno año de vigencia de este nuevo plazo, la CNECT debería llevar adelante una nueva evaluación del estado de situación de las investigaciones geológicas, de la tecnología de extracción de los hidrocarburos no convencionales y del uso de los hidrocarburos en general, con el fin de orientar la futura decisión a adoptar respecto al fracking.

Por otro lado, el informe recoge la recomendación en minoría firmada por los representantes de la red de ONG, quienes proponen impulsar un proyecto de ley que prohíba la prospección, exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante el fracking en todo el territorio nacional. Señalan que la moratoria del uso per se de la práctica “no es un argumento que valide fehacientemente los riesgos ambientales” que el uso de esta técnica trae aparejado al ambiente. Y en ese sentido, afirman que es necesaria una mirada global que no se centre únicamente en la técnica sino en todo el proceso de “diseño, construcción y posterior producción con los costos sociales y ambientales intrínsecos”.

Según argumentaron, “el mejor destino de los hidrocarburos es dejarlos donde se encuentran” y opinaron que desde el punto de vista geológico, social y ecosistémico “resulta inadmisible plantear la posibilidad de aplicar la técnica de fracking en Uruguay”, un país líder en la producción de energías renovables.

El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo a Búsqueda que el Poder Ejecutivo elaborará un proyecto de ley con base en el informe de la CNECT en el que se establezca la extensión de la moratoria por 12 años. Sin embargo, reconoció que “personalmente” se inclinaba más hacia la posición de las ONG de “prohibirlo para siempre”, ya que entiende que el mercado va hacia esa tendencia.

“Prácticamente todo el mundo quiere despegarse del hidrocarburo. Las empresas automotrices están intentando impulsar la venta de vehículos híbridos o eléctricos, y si bien hay cosas que van a demorar un poco más (como el transporte marítimo, aeronáutico o de carga) la movilidad urbana general y doméstica va hacia la electricidad”, opinó.

Amarilla indicó que la moratoria refleja la fuerte posición de la industria energética que “quiere mantener la puerta abierta hacia el futuro”, pero opinó que dentro de 12 años “ya no va a haber ningún interés” en el fracking. Justamente, meses atrás el subsecretario del MIEM, Walter Verri, descartó que el gobierno nacional considere efectuar prospecciones en tiempos en que el país se dirige a una segunda transición energética basada en las energías renovables.