El horcón del medio

Una reciente intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) causó la reacción de la Fiscalía General de la Nación, cuyo titular, Jorge Díaz, cuestionó su intromisión en un asunto jurisdiccional y le exigió explicaciones. El caso gira en torno a la investigación penal del organizador de fiestas y eventos Fernando Cristino.

El 3 de julio personal del Hospital Vilardebó sin identificar denunció a la institución que Cristino, debido a su salud mental, no estaba en condiciones de declarar.

Nadie mejor que Pérez conocía la situación porque cuando detuvieron a Cristino, debido a una violenta agresividad, el fiscal dispuso su ingreso en el Vilardebó y que cuando estuviera apto lo interrogaría por sus acciones contra el empleado de un hotel y personal policial de la seccional 10ª.

Lo interrogó el 6 de julio y le imputó los delitos de violencia privada, atentado y lesiones. Ningún informe psiquiátrico le advirtió al fiscal que Cristino estuviera incapacitado para declarar. Y son los especialistas (para el caso los psiquiatras del Vilardebó) o los peritos del Poder Judicial los únicos habilitados para establecer si es inimputable. Nadie más.

La INDDHH argumenta que Giordano se comunicó con el fiscal luego de recibir información del “personal de salud del Hospital Vilardebó”. Se siembran varias dudas. ¿No es llamativo que esa presunta llamada se haya producido tres días antes de que Cristino fuera conducido a declarar? ¿Por qué la INDDHH dio por buena una llamada anónima? ¿Por qué no consultó al médico responsable del Vilardebó antes de hacerlo con el fiscal? ¿Es habitual que la INDDHH intervenga ante jueces o fiscales para conocer la situación de pacientes con presuntos problemas de salud mental?

La institución también argumenta que Giordano no le solicitó a Pérez información reservada sobre los hechos penales investigados, sino sobre otros asuntos. ¿Acaso la denuncia de los agredidos por Cristino y su internación en el Vilardebó son hechos ajenos a esa investigación reservada?

Giordano se presentó al fiscal como referente de la INDDHH en el área de salud mental con el respaldo de la directora de la institución, Josefina Plá. Implícitamente, también lo avalaron los otros directores.

En el pedido de explicaciones que Díaz le solicitó a Mariana Blengio, presidenta de la institución, recuerda que el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal establece que las investigaciones preliminares llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa son reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. También que según el artículo 21 de la Ley 18.446 esa comunicación debió realizarse a través del director general de la Fiscalía General.

El 8 de julio la INDDHH reivindicó su actuación en su página web. Sostuvo que cumplió “con los cometidos de protección y defensa de los derechos humanos definidos en el marco de la Ley de Salud Mental” y que las circunstancias del caso de Cristino se debieron “lamentablemente a un manejo equivocado”. No especifica de quién ni a qué se refiere.

Luego Blengio solicitó una investigación administrativa interna para conocer formalmente detalles sobre lo ocurrido. El resto del Directorio —Juan Faroppa, Mariana Mota, Wilder Tyler y Plá— se negó. Blengio es afín al Partido Nacional y el resto de los directores al Frente Amplio.

En declaraciones públicas Tyler acusó a Díaz de exagerar: “Hizo una tormenta en un vaso de agua”.

Si las explicaciones legales de la INDDHH no satisfacen a la Fiscalía General, vale decir, si esta considera que no se ajustó a derecho al comunicarse con Pérez, Díaz lo comunicará a la Asamblea General para que tome una posición de fondo.

La INDDHH es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito del Poder Legislativo y por ello la violación de las disposiciones legales deberían imputarse al Poder Legislativo. ¿Qué legislador cargará con esa responsabilidad?

Vale la pena recordar un informe premonitorio del catedrático de derecho constitucional Martín Risso Ferrand que le remitió a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en abril de 2007 cuando se analizaba la creación de la INDDHH.

Dijo el experto: “(...) debe recordarse que nuestra Constitución recoge el principio de separación de poderes conforme al cual las funciones de administración corresponden en principio al Poder Ejecutivo, la jurisdiccionales al Poder Judicial, y al Poder Legislativo las de legislar y controlar. Se debe tener cuidado, pues una cosa es que el órgano a crear sea un asesor de las cámaras o de una de ellas y que sean estas, en definitiva, quienes resuelvan qué hacer, y otra es que una dependencia del Poder Legislativo ejerza función administrativa activa. Esto último es a mi juicio inconstitucional y considero que el problema está presente en varias partes del proyecto. Esto reitera la conveniencia del defensor del pueblo en tanto órgano asesor del Parlamento, cuyas declaraciones formuladas al Poder Legislativo tendrán el peso del prestigio, imparcialidad, y honestidad del titular del cargo, sin perjuicio de lo que luego resuelvan las Cámaras”.

Los senadores omitieron esa advertencia y ahora lo tendrán sobre sus hombros. En 2007 por comodidad o para evitar problemas los legisladores perdieron los puntos de referencia.