El intendente, dictador de la lengua

Es lo que la RAE la respondió al gobernante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Luego de tomar el poder, el presidente Pedro Sánchez le encomendó a la vicepresidenta Carmen Calvo que gestionara ante la academia corregir el texto constitucional vigente de 1978 porque su lenguaje es “machista” y en esta época es necesario seguir criterios inclusivos.

Alguien podrá sostener que las decisiones de la RAE son arbitrarias al registrar los cambios en el idioma español y que ese mismo derecho sobre los cambios idiomáticos lo tienen los gobiernos, los particulares o los partidos. Pero las cosas son como deben ser y no como cualquiera pretenda. Por otra parte la RAE no impone, sino que recomienda.

No en vano desde su fundación en 1713 —hace más de tres siglos— ejerce, con el aval de los gobiernos de habla hispana, la regularización lingüística. Lo hace mediante normativas destinadas a fomentar la unidad idiomática en el llamado mundo hispanohablante. Sus estatutos establecen que debe “velar porque los cambios que experimente la lengua no quiebren la esencia de unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”.

Como el resto de los integrantes de la academia, Muñoz Machado no es un improvisado: preside la Asociación de Academias de la Lengua Española y como jurista está especializado en derecho administrativo y derecho constitucional. Por esas razones es, además, director del diccionario del español jurídico y del diccionario panhispánico del español jurídico.

Ante el pedido de Calvo (y del gobierno del PSOE), la RAE concluyó que desde el punto de vista lingüistico nada había en la Constitución española que necesitara ser corregido. En su opinión el lenguaje utilizado en 1977, cuando fue redactada, sigue siendo correcto y comprensible.

No pasó por alto la estratagema. Estableció que si el gobierno pretendía traducir la Constitución al lenguaje inclusivo debía fundamentarlo en razones políticas y no lingüísticas. Algunos leyeron en esta precisión un mensaje directo a Calvo pese a que es una jurista especializada en derecho constitucional y se desempeña como secretaria de Igualdad de su partido luego de una intensa militancia por la igualdad de género.

La cuestión es que Calvo y el resto del gobierno se llamaron a silencio. Nadie se atrevió (ni se atreverá) a fundamentar esos cambios en razones políticas porque significaría una derrota en ese terreno.

Disgustada con la respuesta Calvo salió por la tangente. Sostuvo que pese a la opinión de la RAE el lenguaje inclusivo terminará por imponerse porque concierne a la igualdad de la mujer. ¿Para qué corno consultaron entonces a la RAE?

Muñoz Machado advirtió en El País de Madrid que esos cambios que pronostica Calvo no pasarían por lo formal porque en los idiomas no existe una correlación entre las declinaciones de los adjetivos y la situación jurídica de la mujer.

Ahí se terminó ese debate que algunos demagogos se empeñan en imponer. Sin embargo, algún avance han logrado porque a políticos y gobernantes, especialmente a las mujeres de todos los partidos, les da vergüenza enfrentarse a esa ofensiva y ser cuestionados. Los corrieron con el poncho y hocicaron hasta usar en muchos casos el masculino y el femenino porque, argumentan, es lo políticamente correcto.

Párrafo aparte merece la pretensión del intendente de Montevideo Christian Di Candia de cambiar el idioma por decreto. Anunció que realizará para los funcionarios cursos de lenguaje inclusivo porque en una resolución de 2010 se establece la obligatoriedad de su uso en actos administrativos y de comunicación institucional. ¿Qué ocurre si los funcionarios no cumplen con esa presunta obligatoriedad? ¿Los sancionará? ¿Los colocará en una lista negra para dificultar sus ascensos? ¿Cuáles son sus fundamentos legales para imponer el uso del lenguaje inclusivo?

El edil blanco Diego Rodríguez Salomón cursó un pedido de informes a la administración porque consideró “inentendible y poco serio” que se obligue a trabajadoras y trabajadores a usar el lenguaje inclusivo que, remarcó, “no está reconocido por la Real Academia Española”.

La semana pasada en Voces, en una columna que tituló El nuevo imperio, Hoenir Sarthou hace una profunda disección sobre la fuerte corriente inquisidora que recorre el mundo “nacida a la sombra de la corrección política” y que muchos utilizan para lanzar a la pira a quienes, según esos inquisidores, utilizan expresiones que ellos consideran racistas, machistas o discriminadoras.

Y concluye: “En cualquier caso, lo que está ocurriendo, lo que vivimos como imposición de ciertas formas de pensar y de hablar, como terror ante posibles pandemias, y como resignación a formas de control que resultan ineludibles, no parecen ser hechos casuales, aislados ni momentáneos. En ese contexto, resulta entendible que el intendente de Montevideo se crea autorizado a decirnos cómo hablar y cómo no hacerlo. Ignoro si él lo sabe, pero expresa a un proceso mucho más grande que él mismo. Claramente no habla desde la legitimidad de los votos que no tuvo (ni él ni los sectores que piensan como él). En todo caso, habla desde otra autoridad, que no radica en el Uruguay y que no ha sido votada por nadie”.