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    El medio rural y la luz eléctrica

    Sr. Director:

    , regenerado3

    Hace algo más de ocho años, adquirí una pequeña propiedad rural a nueve kilómetros de Paso de los Toros. Me interesaba como lugar de residencia. Para quienes nacimos, hemos vivido y trabajado en el medio rural, es difícil abandonar la actividad en un medio menos contaminado y sin los hábitos indeseables del área urbana. Con mi esposa, mucho más joven que yo, vocacional de las tareas rurales, trazamos un plan de vida y trabajo, de producción de carnes, lana, leche, miel y avicultura, algo parecido a una granja. Un emprendimiento modesto, para sustento familiar y algún excedente, y donde la contratación de mano de obra solo puede ser zafral. Allí, en aquel antiguo y casi ruinoso casco de estancia no hubo más energía eléctrica que la producida por generador aéreo o pequeño equipo de 12 volts, lo cual sustituí por un grupo electrógeno 220.

    En contacto con la Regional Norte de UTE, se me indicó que una línea eléctrica debía necesariamente correr por el camino vecinal. Esto significa dos mil quinientos metros de calle, más mil por campo propio hasta la población. En total, tres mil quinientos metros. Con la idea inicial de costear al contado el costo de obtener energía de UTE, descarté el costoso emprendimiento según su propuesta, realizando entonces toda clase de averiguaciones para obtener mi propia fuente energética a partir de paneles fotovoltaicos y pequeños molinos eólicos. Lamentablemente no encontré en el país experiencias ni conocimiento que ofreciera ventajas comparativas en eficiencia y costos de instalación en relación con la energía de red.

    En línea recta, la “línea madre” de media tensión, dista mil metros de mi predio. Más de ochocientos corren a través de campo ajeno. Visité entonces a la vecina propietaria del padrón afectado manifestándole el interés en acceder a la energía de red donde el cable aéreo atravesaría su propiedad. La única respuesta expresada por su esposo, fue negar en forma terminante el autorizar el pasaje de una servidumbre eléctrica (algo no infrecuente en el medio rural).

    Tomé conocimiento de que nuestro ente energético tiene potestad para imponer servidumbres eléctricas. Envié una exposición del caso al Directorio de la empresa estatal. La respuesta fue, felizmente, positiva, en enero de 2013. En este tiempo precisamente, toma fuerza la iniciativa de la CIER (Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural), con el incentivo de un importante subsidio a quienes desean acceder a este esencial servicio público. Alentados de esta manera, dos vecinos más alejados se sumaron a mi iniciativa, extendiéndose la línea, a partir de mi casa, en casi tres mil metros de longitud. El proyecto personal original a mi costo y sin subsidio, se convertía así en otro mucho mayor, compartido por tres productores, con subsidio a todos. En abril de 2013 concurrí a una importante reunión del CIER en el INIA de Tacuarembó, donde en representación del grupo presenté nuestra solicitud en sendos formularios. Lamentablemente, uno de los productores declinó después, aduciendo dificultades familiares. Este hecho no redujo la longitud de cuatro kilómetros de línea monofásica ni las pretensiones de subsidio. En esa reunión, para sorpresa del suscrito, advertí una actitud esquiva, casi de rechazo a mi iniciativa de parte del representante de UTE, Regional Norte, y particularmente del chairman de la reunión, el representante local del MGAP. Esta actitud ha sido y es, permanente. Tiempo después, recibo comunición de OPP, institución que otorga el subsidio, expresando que el beneficio se trasladaba al año siguiente por no haber presentado la normativa exigida para el caso. Incluso admitiendo esto, debo decir que el impedimento se debió a que UTE tardó más de un año en firmar la servidumbre impuesta por el Directorio en el registro catastral. Dos veces visité el Departamento Jurídico de UTE en el Palacio de la Luz, donde expuse las dificultades que paralizaban el proyecto. Lo mismo que nada. La inacción, la imposibilidad de saber cuál era la situación del proyecto, nos sumió en el mayor pesimismo. Repentinamente, sin aviso directo de UTE, la empresa instaladora, no UTE, me comunica, promediando la primera mitad de 2016, que en 24 horas dispondría de los materiales dispensados por el ente energético. Esto significaba la confirmación al fin, del proyecto, sin ninguna formal comunicación. Alentados todavía por el supuesto subsidio y aguardando notificaciones, aceptamos el comienzo de la obra. Esta fue interrumpida por acciones del esposo de la titular del padrón vecino afectado por la servidumbre eléctrica, inclusive con presencia policial en mi casa de campo en dos ocasiones. También el referido señor amenazó a los trabajadores. La morosidad del Dpto. Jurídico de UTE para actuar, la del Juzgado local y la errada medida cautelar dispuesta deteniendo los trabajos, hizo que una obra iniciada con un retraso de tres años y realizada después en un año en lugar de dos meses, nos obligara a realizar el esfuerzo económico que significaba la conreción del proyecto. Juzgamos que de otra manera, nunca tendríamos “luz”. Una vez culminada la obra y energizada la línea el 17 de agosto de 2017 sin brindis ni oratorias, envié nuevamente formularios, acta, presupuesto, etc. requeridos a la oficina del MGAP Tacuarembó, nuestro referente ante el CIER. Formalmente, no acusaron recibo de ello. Para espanto, dijeron que el proyecto hacía mucho que había sido dado de baja, o sea, quedado sin efecto, y que tendría que comprar los materiales a UTE (!). Dicho esto, se cortó la comunicación (telefónica). Por otro lado, la OPP, en tono muy correcto, me expuso que obras en ejecución o ya terminadas no podían acceder al subsidio (40% del costo total de la obra). Me sugirieron que argumentara por escrito la solicitud del subsidio. Así lo hice en dos oportunidades. No conozco nada escrito y con peso legal que castigue a quienes hemos superado las chicanas de la tecnoburocracia estatal, incluso vendiendo porción de campo para afrontar los costos de la obra y, peor todavía, haciéndonos perder valiosísimos años de vida en detrimento casi irreversible de nuestras aspiraciones como productores rurales. El subsidio, con la obra realizada, fue denegado sin formalidad alguna. La virtud no se premia, se castiga.

    Me pregunto cuál es el real objetivo de esta campaña de CIER que refiere a “más del 99%” de los habitantes rurales como contando ya con energía de la red. ¿Han tenido en cuenta las taperas y los centenares de productores sin luz que en los últimos 15 años abandonaron el campo para venderlo al latifundio forestal o sojero por falta de políticas de Estado que los amparasen? Me pregunto también, si interesa más poner números a las estadísticas con fines políticos, que realmente alentar el asentamiento y arraigo del verdadero productor rural en el campo, con superiores condiciones de vida, como lo permite la energía de red. Muy resumido, es todo.

    José Antonio Echenagusía

    CI 775.037-9