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Datos recopilados por la Encuesta Internacional sobre Administración Tributaria (ISORA, sigla de International Survey on Revenue Administration) ratifican la opinión de esa jerarca. Por ejemplo, el nivel de pago efectivo de tres de los impuestos principales en Uruguay es de los más elevados entre los 156 países relevados. En efecto, el cumplimiento entre los contribuyentes uruguayos es del 88,8% en el caso del IRPF (renta personal), de 95,1% para el IRAE (ganancia empresarial) y de 98,7% en el IVA (consumo).
Un dato complementario que estima la DGI es cuánto se evade de la recaudación potencial de IVA. Es un porcentaje que ha ido bajando y en 2019 —último cálculo informado— fue 14,5%.
Más dispar entre países es el cumplimiento “en tiempo y forma” de las declaraciones de tributos, aunque Uruguay no es de los peores: oscila entre el 55,1% en el IRAE y el 74,3% del IVA. Lograr mejoras en estos indicadores son algunos de los compromisos de gestión asumidos por la DGI frente al MEF (ver nota aparte).
Esas y otras estadísticas estandarizadas fueron recolectadas durante 2020 en el marco de la ISORA, un trabajo conducido por el Fondo Monetario Internacional, la Organización IntraEuropea de Administraciones Tributarias, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Banco Asiático de Desarrollo.
La síntesis que acaba de publicar el CIAT subraya que, al ser datos del 2019 (o 2018 si fuera el último disponible), se trata de un “diagnóstico” del estado de situación de las agencias de recaudadoras en diferentes dimensiones, en la “antesala” a la crisis provocada por el coronavirus.
Las oficinas relevadas por el ISORA cobran diversos tributos, en algunos casos solo nacionales (como la DGI uruguaya) y otras también recaudan gravámenes aduaneros y/o aportes jubilatorios. El ingreso total neto gestionado alcanzó en 2019 un valor promedio equivalente a 17,3% del Producto Bruto Interno-PBI para los países analizados (si bien algunos cierran su año fiscal en marzo, junio o setiembre, y no en diciembre). Con un 17% del PBI, Uruguay se ubicó levemente por debajo de esa media, lo que a su vez, en dólares por habitante, equivalió a US$ 3.012; eso se compara en la región, por ejemplo, con los US$ 543 per cápita y 10,1% del PBI de Paraguay —un país que se promociona frente a la inversión por su baja presión fiscal— o los US$ 2.253 (22,7% del Producto) en el caso de Argentina.
En economías avanzadas y de alto ingreso como Francia o Países Bajos, la recaudación neta total representó 17,5% y 33,8% de su PBI (y US$ 7.077 y US$ 17.681 per cápita), respectivamente.
La DGI uruguaya
En Uruguay, lo cobrado por la DGI contribuyó con el 60% de los ingresos totales del gobierno según el relevamiento; es dinero utilizado para financiar gasto (en educación, salud, seguridad, defensa, etc.) e inversión pública. El “compromiso de gestión” para el año en curso firmado el 15 de setiembre pasado por Faral con la ministra Azucena Arbeleche fija como meta, entre otras, una recaudación —bruta y sin considerar los pagos de las empresas públicas— de $ 435.474 millones.
Para cumplir con su tarea la DGI uruguaya destinó un presupuesto equivalente a 0,154% del PBI; eso la posiciona como más eficiente que el promedio de América Latina y el Caribe (0,178%) en 2019.
El ISORA aporta otros datos que permiten compararla. Tenía 1.369 funcionarios, que respecto a la población total de Uruguay es uno cada 2.529 habitantes. Esa relación es por ejemplo de 915 en Canadá y de 32.416 en la India.
Más de un tercio de la plantilla de la DGI era de 55 años o más —y una proporción similar tenía una antigüedad superior a 19 años en la oficina—. En el otro extremo, los menores de 25 eran 2,8%. El Plan Estratégico2020-2024 identifica eso como un problema, ya que el 32% del personal estaría en condiciones de jubilarse al final del período abarcado (ver recuadro).
Según el informe del CIAT, el 41% de la plantilla total de la Impositiva uruguaya cumplía tareas de registro, asistencia y pagos, 23,9% de auditoría, investigación y control, y otro 3,4% de manejo y regularización de adeudos.
Otro capítulo de la encuesta refiere a las estrategias para facilitar el pago por parte de los contribuyentes y al uso de tecnologías con tal fin. En el caso de Uruguay, la DGI figura ofreciendo declaraciones prellenadas, la facturación electrónica y la exigencia de dispositivos fiscales electrónicos. En cambio, no aplica —como lo hacen Paraguay, Bolivia, Canadá, Portugal o Italia, entre otras— técnicas “cognitivo-conductuales”.
De acuerdo con el ISORA, entre las nuevas tecnologías la más difundida a escala internacional corresponde a la “ciencia de datos/herramientas analíticas”, empleada por el 65,4% de los países relevados; esa es la única que la DGI uruguaya tenía en uso al momento de la encuesta entre las cuatro herramientas relevadas (incluyendo “inteligencia artificial”, “computación en la nube” y “registro distribuido/blockchain”). Sin embargo, el Plan Estratégico del organismo contempla inversiones, por ejemplo, en el área de Big data para el manejo masivo de información.
