Uruguayos tienen “moral tributaria altísima”; bajó evasión de IVA

entrevista de Ismael Grau 
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“Lo único que aprendí de esta pandemia es que uno no puede proyectarse mucho para adelante. Por más que tenemos un plan estratégico para cinco años, lo que vamos a hacer el mes que viene todavía no lo sé, porque dependerá de miles de cosas”, sostiene la directora general de Rentas, Margarita Faral. Dentro de ese marco de incertidumbre pautado por el Covid-19, la jerarca tiene algunas convicciones fuertes sustentadas en datos, como que los uruguayos cuentan con una “cultura y una moral tributaria altísima”.

De hecho, la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) —el principal en recaudación— bajó de 18,1% del potencial en 2016 a 15,6% en 2017, a 14,6% en 2018 y a 14,5% en 2019, el último año para el que la DGI tiene el cálculo hecho.

Del sistema tributario, que ve “consolidado como más eficiente” después de la reforma de 2007, el desafío que supuso recortar gastos en un año complicado por la pandemia y del plan para 2020-2024 publicado el lunes 3, la directora de la DGI habló con Búsqueda en la siguiente entrevista, más de un año después de haber entrado en funciones.

—Por 35 años fue secretaria general de la DGI, un lapso en el cual hubo varios cambios internos. ¿Qué análisis hace de ese proceso? ¿Cómo está hoy el organismo?

—Si hablamos de hitos, el más reciente es el de 2005, que instauró la dedicación exclusiva para los funcionarios y creó la auditoría interna vinculada al cumplimiento de ese régimen. Fue un antes y un después. En los últimos 15 años la DGI siguió siendo más o menos la misma en lo organizacional; hoy es robusta, con buena performance y reconocida a escala internacional.

—Coordinó el Plan de Implementación de la última gran modificación al sistema tributario del 2007. ¿Fue una buena reforma?

—Una evaluación de ese tipo es resorte del Ministerio de Economía; nuestra tarea es administrar los tributos. Puedo decir que esa reforma implicó un ajuste importante y al día de hoy el sistema está consolidado como más eficiente.

Por otro lado, alineado con nuestro plan estratégico está el facilitarles las cosas a los contribuyentes y a sus asesores, y ofrecer una compilación de normas tributarias es muy importante. Esto culminará con un próximo decreto que apruebe un nuevo texto ordenado de los impuestos de la DGI.

—¿Nota cambios en la actitud de los uruguayos respecto al pago de impuestos como sostén del funcionamiento del Estado?

—No sé si cambios. Tenemos mediciones periódicas, y la más reciente, a diciembre pasado, nos dice que el 94% piensa que pagar es una obligación y lo entiende como un deber ciudadano. El 88% considera que evadir es incorrecto y el 89% ve incorrecto que en el comercio no le den factura. Contrariamente a lo que muchos piensan —es un mito—, realmente los uruguayos tienen una cultura y una moral tributaria altísima. Es a donde debemos apuntar: son pocos los que creen bueno evadir.

—En el pasado era común que la DGI anunciara operativos de fiscalización que mostraba la televisión, o directores con alto perfil mediático. ¿Eso no es necesario ahora para generar percepción de riesgo o es un tema de estilos?

—No voy a opinar sobre gestiones anteriores.

El año pasado, en tiempos de pandemia, entendimos que era necesario y más justo brindar un servicio a los contribuyentes, sin dejar de hacer actuaciones; las inspecciones intensivas se mantuvieron casi en los mismos números, aunque no salimos a la calle a anunciarlos. Ese enfoque se mantiene para el 2021, ¡pero no puedo decir qué voy a hacer mañana! Lo único que aprendí de esta pandemia es que uno no puede proyectarse mucho para adelante. Por más que tenemos un plan estratégico para cinco años, lo que vamos a hacer el mes que viene todavía no lo sé, porque dependerá de miles de cosas. En octubre estábamos con un 70% de la gente presencial y ahora estamos con 23%, pero en noviembre teníamos ya todo armado el operativo de gira de verano y en diciembre se dispararon los casos y decidimos no hacerlo.

—Cuando se decretó la emergencia sanitaria y se frenó la actividad económica, y también después, la DGI dio prórrogas en los vencimientos y otros alivios a los contribuyentes afectados. ¿Qué niveles de incumplimiento hubo con esas flexibilidades?

—Lo que hicimos fue brindar a todos los contribuyentes servicios en forma inmediata. Esas son acciones de facilitación.

Por otro lado, las prórrogas no fueron generalizadas; nuestra preocupación especial fue otorgarles plazo o flexibilización para saldos o anticipos de renta a las empresas chicas o medianas, según tramos de ingreso, y así ir acompasando la propia actividad empresarial. Y fuimos más flexibles al otorgar convenios de pago: si nos pedían una facilidad y antes les exigíamos el pago del 20% y les dábamos 12 cuotas, ahora les dimos 24, por ejemplo. Caso a caso se fueron analizando, de forma tal que la DGI no fuera un problema, sino un aliado para los contribuyentes, y les permitiera continuar con la empresa funcionando.

Percibimos un grado de cumplimiento sostenido. Obviamente que eso está asociado al nivel de actividad de las empresas.

—Esta semana quedó habilitado el régimen de facilidades aprobado con la “ley de mipymes”. ¿Qué expectativa de adhesión tiene?

—El volumen (de potenciales empresas adheridas) es muy grande, pero en realidad no lo sabemos.

La ley comprende a todos los contribuyentes de la DGI, no solo a las pequeñas. No es una situación que se dé con mucha frecuencia que haya condonación de multas y recargos como en esta oportunidad: quienes se adhieran a estos convenios podrán pagar indexando la deuda tributaria por la UI, pero sin multas ni recargos. Es una medida más para ayudar teniendo en cuenta que el año pasado hubo empresas que debieron elegir entre pagar el sueldo a sus empleados o pagarle a la DGI. Por más que estamos muy contentos con las cifras de recaudación del 2020, somos conscientes de esas situaciones muy particulares que lo justifican.

Se trata de una oportunidad, incluso para aquellos que ya tienen convenio y siguen muy asfixiados, por la parte impaga. En algunos casos, puede haber una sensible disminución del monto a pagar. Es una forma de reactivar las empresas al activarse el certificado único de estar al día, con lo cual pueden pedir préstamos bancarios. A nadie le interesa que haya menos contribuyentes y queremos que la economía siga funcionando.

—Gracias a la facturación electrónica obligatoria y los pagos digitales con tarjetas, la administración tributaria cuenta hoy con más información que nunca. ¿Cómo usa el organismo esos datos?

—En el plano de factura electrónica hablamos de 6.500 millones de documentos recibidos a lo largo del tiempo. Y en lo que va del 2021 tenemos a 4.000 contribuyentes —1.281 del “Literal E”— que se subieron al sistema. ¿Qué hacemos con los datos? Conforman una base que no necesariamente está vinculada a pagos con tarjeta bancaria, porque eso dejó de ser obligación. De los comprobantes de contribuyentes a contribuyentes tenemos el detalle de las compras, mientras que las compras a consumidor final —el e-ticket— no todo viene a la administración. Lo que se hace es ver la correlación entre compradores, vendedores y el cruce; antes había herramientas más rudimentarias. Esto dispara procedimientos de control de grado de cumplimiento tributario y, además, el monitor de factura electrónica ha sido de mucha utilidad para ver la evolución de la actividad misma, de las ventas, en tiempo más real; es información, a escala global, que estamos compartiendo con las autoridades (de Economía), ahora una vez por mes. En momento de crisis surgen oportunidades de mejora, y este reporte es un producto relativamente sencillo.

—¿Tiene utilidad real la información que se le exige a automotoras, ciertos clubes deportivos y colegios para fiscalizar a los contribuyentes de altos ingresos o fue una exigencia “para la tribuna” de los gobiernos del Frente Amplio?

—Toda la información que recibimos la usamos. En algunos momentos, en el marco de algunos operativos, pudo haber sido más interesante la difusión del dato. Hay veces en que la información es más sensible; en el momento que se pidió pudo haberlo sido, porque afectaba a personas.

—¿Qué destaca del Plan Estratégico aprobado para el período?

—Se trata de hacer más sencillo para el contribuyente el cumplimiento fiscal voluntario mediante mejoras en los servicios, sin dejar de aplicar con severidad el rigor de la normativa sobre aquellos que incumplan con sus obligaciones.

En atención al contribuyente, compramos una herramienta que, a través de un call center, permite hacer cierto tipo de transacción. Certificados de crédito que antes se daban en papel, pasaron a ser electrónicos; esto para afuera no tiene mucha visibilidad, pero descongestiona la atención presencial y nosotros nos evitamos un montón de pasos internos. Es un ejemplo de que, a veces, las situaciones críticas llevan a tomar decisiones que se venían postergando.

Otro aspecto que vamos a enfatizar tiene que ver con la seguridad de las operaciones, promoviendo la autenticación digital de los contribuyentes adhiriéndonos al sistema de la Agesic o a través de entidades privadas que proveen ese servicio; lo vamos a exigir para la próxima declaración jurada. También tenemos la intención de implementar rápidamente tecnologías como servicios robotizados y el análisis de datos con inteligencia artificial; concebir la informática desde este punto de vista requiere un análisis preliminar, y en eso estamos con más ahínco. Todavía estamos viendo cuán largo va a ser el salto que daremos.

Por otro lado, hoy tenemos alrededor de la mitad de los domicilios de los contribuyentes georeferenciados y queremos llegar al 90%. Eso da una ayuda enorme a la hora de determinado tipo de controles y para las medidas de facilitación.

—¿Ese tipo de acciones bajan los costos a los contribuyentes y de recaudación para la DGI?

—Siempre hay un costo inicial en cualquier proceso de automatización. Lo hacemos porque estamos convencidos de que es la mejor manera de trabajar de forma eficiente.

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Economía
2021-05-05T17:36:00