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En los últimos dos años, los casos de abusos a adolescentes recluidos y las fugas de los centros de detención se redujeron drásticamente. Álvaro Viviano, director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), destaca ese dato como un ejemplo de que se lograron avances en los últimos tiempos. Admite, no obstante, que aún hay problemas —en especial edilicios— que dificultan la posibilidad de mejorar la atención de los adolescentes, algunos de ellos marcados “por un contexto de socialización criminal muy potente” y con reacciones “violentas por encima de lo normal”.
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Viviano aseguró que hubo “avances importantes” en cuanto al perfil de gestión que impulsa el Inisa, que apunta a apartarse “de manera notoria de modelos anteriores que fueron distinguidos por excesiva mano dura, o por un excesivo libertinaje”.
Además, el jerarca dijo que coincide con parte del último informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), presentado hace dos semanas, que evaluó los 13 centros de privación de libertad para adolescentes que gestiona el Inisa.
La institución destacó mejoras en la atención de las adolescentes privadas de libertad (CIAF) y la puesta en marcha de un centro en la ciudad de Minas, donde se apuesta a la “integración, a la educación, más que a la contención”. Pero a la vez criticó varios aspectos del organismo. Afirmó que “preocupa profundamente” la falta de “visibilidad de un proyecto institucional rector para la implementación de las penas privativas de libertad”; señaló que hay una carencia de personal capacitado y especializado y que faltan horas de talleres educativos; y observó problemas de construcción en algunos centros que limitan el desarrollo de actividades.
“En Uruguay la privación de libertad en las actuales condiciones sigue siendo violatoria de derechos de las y los adolescentes. El mantenimiento de esta situación profundiza y amplifica los mecanismos de reproducción de la desigualdad social, puesto que la mayoría de las y los adolescentes privados de libertad en sus trayectorias de vida han padecido la vulneración de derechos (derecho a la educación, salud, etc.)”, dice la Inddhh en su informe anual.
Tanto la Inddhh como organizaciones de la sociedad civil han denunciado que hay adolescentes que están hasta 23 horas sin salir de la celda.
El organismo agregó que las condiciones de encierro en las que se cumplen las medidas cautelares judicialmente dispuestas “constituyen un trato cruel, inhumano y degradante”.
En otro tramo del informe, la Inddhh criticó la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia aprobada por el Parlamento en octubre del año pasado. Sostuvo que lo “más grave” de esa ley es el aumento de la duración de las medidas cautelares. Antes de la reforma, el juez debía resolver antes de 90 días si dejaba en libertad al joven, le aplicaba una medida socioeducativa o disponía su encierro. Ahora ese plazo se aumentó a 150 días, y se mantuvo la prisión preventiva de manera preceptiva (obligatoria) para algunos delitos, cuando en el sistema de adultos eso ya no existe.
Viviano recordó que el Inisa se opuso a esos cambios. “Fue tremendamente nocivo para nosotros. Las modificaciones infligieron un daño a nuestro sistema de gestión, y en algunos casos sobrevinieron problemas que el sistema no tenía, como por ejemplo la permanencia de adolescentes sin sentencia en el sistema”.
El jerarca resaltó el trabajo de la Inddhh, ya que el Inisa tiene como política “abrir permanentemente las puertas” para que la institución y otros organismos revisen lo actuado.
Viviano destacó que en los últimos dos años lograron bajar los casos de abusos o fugas: “Si existen se interviene rápidamente”.
“Hoy estamos en un proceso de construcción de un sistema de seguridad que permita trabajar con mayor comodidad y nos lleve a desplegar el proyecto socioeducativo como debemos hacerlo”.
Agregó que con la implementación del nuevo Código del Proceso Penal bajó la cantidad de adolescentes presos. Hasta hace poco había entre 450 y 500 jóvenes privados de libertad, y hoy son entre 350 y 400.
Según Viviano, el Inisa enfrenta dos grandes problemas. Por un lado, las malas condiciones de algunos edificios (incluso los construidos recientemente), que no permiten un adecuado alojamiento. Por otro lado, el tiempo de encierro de los jóvenes en las celdas, que en algunos centros es mayor a lo esperado, y eso es “contraproducente para un correcto desempeño educativo”.
Tanto la Inddhh como organizaciones de la sociedad civil han denunciado que hay adolescentes que están hasta 23 horas sin salir de la celda.
Debido a los problemas edilicios en algunos centros —en especial el destinado al ingreso de los adolescentes al sistema, ubicado en Bulevar Artigas y Cufré— el Inisa espera tener pronta en setiembre la licitación para construir un nuevo centro en el predio de la Colonia Berro. “Hay una decisión tomada de abandonar ese edificio”, dijo en referencia al centro de ingreso actual.
Escenario complejo.
Viviano ve un “escenario complejo” respecto a la situación de los jóvenes que hoy ingresan al sistema. “El ingreso de adolescentes está fuertemente marcado por un nivel descultural potente, con señales en muchos casos de que provienen de un contexto de socialización criminal muy fuerte, en algunos casos participando en bandas muy complicadas y muy difíciles, y en tercer lugar también con síntomas de reacciones violentas por encima de lo normal”.
Viviano destacó que en los últimos dos años lograron bajar los casos de abusos o fugas: “Si existen se interviene rápidamente”.
El jerarca explicó que el modelo de gestión en el que están trabajando también pasa por adaptarse a esa realidad para ser “más efectivo”.
Viviano sostuvo que hay que trabajar con las familias. “El sistema gasta muchísimo dinero en el tiempo que tenemos acá al adolescente, pero si no cambian las condiciones externas cuando sale de aquí y no tiene un adecuado proceso de reinserción, seguramente el sistema falle”.
En este punto, dijo, es necesario que exista un “adecuado entrelazamiento de las diferentes políticas sociales que despliega el Estado”. Viviano afirmó que la atención a cada adolescente que sale del sistema debe ser “personalizada”: “Hay que tener una evaluación completa de las características del adolescente y del contexto en el que se mueve”.
Viviano también señaló otro problema que necesita resolver la institución, y es el de los jóvenes de más 18 años que recibieron sentencia antes de cumplir esa edad y siguen en el sistema pese a ser mayores. Explicó que no es bueno que ellos estén en contacto con adolescentes más chicos y que tampoco sirve enviarlos a una cárcel de adultos. La solución, afirmó, pasaría por crear un sistema intermedio.
