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“No me hablen nunca más de antiimperialismo”, exclamó Luis Alberto Heber (Partido Nacional) durante la sesión del Senado del martes 1º cuando se votó el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), suscrito por los presidentes del bloque y países asociados en diciembre de 2011.
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La oposición no acompañó este proyecto porque la medida es “discrecional” y permite “bloquear” a los países cuando se ponga en riesgo a un gobierno electo de manera democrática.
El protocolo establece que en caso de “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático” en uno de los países firmantes, los demás miembros del Mercosur podrán “suspender” el derecho a participar en los organismos del bloque, “cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres”, “suspender o limitar el tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”, entre otras medidas.
Desde el Partido Nacional se afirmó que esto era apoyar un “bloqueo” a otros países y contrastaron la postura del Frente Amplio, que critica lo que hace Estados Unidos con Cuba.
Heber dijo que este tratado no se aplicará a los países chicos del Mercosur. Se preguntó cómo van a cerrarle las fronteras a Brasil y Argentina, por ejemplo. “Esto es una barbaridad, es un cheque en blanco a los socios del Mercosur para que nos lleven por delante”, opinó. “De ninguna manera votamos esto y levantamos nuestra voz antiimperialista y no intervencionista”.
A su turno, Sergio Abreu (Partido Nacional) afirmó que “jurídicamente el protocolo es malo y contiene ilegalidades e incoherencias. Es tan difuso y amplio que da un gran margen de discrecionalidad política para decidir lo que es ruptura o amenaza de ruptura para desencadenar sanciones. Y cuando estas dos cosas se juntan –poco jurídico, mucha discrecionalidad– la combinación suele favorecer a los que detentan más poder político, al que puede jugar a favor o en contra de la democracia según los intereses o afinidades del momento”. Abreu agregó que el protocolo es un “antecedente absolutamente inconveniente e ilegal y además violatorio del Derecho Internacional”, y dijo que se perforó el principio de la no intervención y se ingresó en el “ámbito de las sanciones económicas”.
Carlos Baraibar (Frente Amplio) sostuvo que el texto es bueno porque “representa una gran ayuda para América Latina, porque quienes intenten violar la Constitución van a tener que enfrentarse no solo a su gobierno, sino también a todos los países de América Latina que suscriben este Protocolo. Además, sirve para restablecer el orden, que pudo haberse perdido en algún momento por distintos motivos”.
Alberto Couriel también defendió el protocolo y recordó que fue firmado por diez países. “No es un acuerdo entre países progresistas. Esto lo firmaron los gobiernos de (Sebastián) Piñera en Chile y (Juan Manuel) Santos en Colombia”.
