El oficialismo dice que busca “garantizar derechos” con la “ley de medios” y la oposición que quiere asegurarse el “poder absoluto”

El debate superó las 12 horas y en su transcurso los frenteamplistas lograron corregir algunos de los señalamientos de blancos, colorados e independientes. El proyecto pasará a consideración de la Cámara de Senadores, donde sufrirá cambios en uno de los puntos medulares. En el articulado actual el control de la norma corresponde al Poder Ejecutivo y la idea es derivarlo al Poder Judicial.

El diputado de la oposición citó al presidente José Mujica, que en varias ocasiones se ha manifestado contrario a una ley de medios. “No lo decimos nosotros, fue Mujica que dijo que la mejor ley de medios era la que no existía. Incluso dijo que si le llevaban una ley de medios la iba a tirar a la papelera”, recordó. Para Delgado, “tal como está redactado, el proyecto es peligroso, tiene aspectos inconstitucionales y asegura el control del Poder Ejecutivo sobre los medios de comunicación, además de habilitar la censura previa y regular los contenidos”.

En una línea similar, su colega del Partido Colorado, Walter Verri, dijo que cuando se apruebe la ley, el gobierno de turno “va a poder controlar los servicios audiovisuales”.

“Es una ley que le da el control de los medios al poder político, y eso es grave”, opinó. Aseguró que su partido no está en contra del las regulaciones, pero dijo que el proyecto en discusión “afecta la libertad de expresión, y limita a los medios en qué decir, cómo y cuándo”. A su vez, criticó la forma en que el gobierno y la bancada de legisladores oficialistas redactaron el proyecto, ya que lo modificaron más de ocho veces. “Es un mamarracho lo que han hecho”, dijo.

Iván Posada del Partido Independiente opinó que el proyecto es inconstitucional y que así lo dejaron en claro los expertos cuando fueron a comisión. “Después no digan que no les dijimos y se enojen con la Suprema Corte de Justicia cuando la declare inconstitucional”, dijo.

Felipe Carballo del Frente Amplio aseguró que no es verdad que se afecte la libertad y se habilite la censura previa de los contenidos. Justificó además el órgano que se encargará de controlar que no se viole la ley.

“Este proyecto garantiza que la familia pueda sentarse frente al televisor tranquila y no tener que sufrir por ver imágenes de violencia. Pero quédense tranquilos que no impide informar a los noticieros”, aseguró. Agregó que detiene “los avances de los monopolios audiovisuales”.

“Ni la dictadura”.

Ana Lía Piñeyrúa enfocó su exposición en detallar los puntos de inconstitucionalidad. “La tendencia legislativa en el Uruguay fue siempre la de regular poco en la materia porque el artículo 29 de la Constitución dice: ‘Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren’”, recordó.

Sobre esa base, dijo que ni siquiera la dictadura había impulsado un proyecto como el que plantea el Frente Amplio. “Hoy es un mal día para nuestro sistema democrático, nos iremos de esta sala angustiados”, señaló.

En la misma línea su compañero de bancada Jorge Gandini opinó que la decisión del partido de gobierno “empobrece la democracia” al “restringir la libertad de expresión”. Por eso dijo: “Es un día que no vamos a querer recordar. Un día lamentable”.

Los blancos y colorados remarcaron que el objetivo de fondo del Frente Amplio es “ir por el poder absoluto” ya que el proyecto otorga a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones —que depende del Poder Ejecutivo— el control de los medios. El oficialismo defendió el proyecto y descartó ese tipo de acusaciones.

El diputado José Bayardi dijo que la norma deja claro que no pretende habilitar la censura previa y garantiza la libertad de expresión a todos los medios. “O yo tengo problemas de comprensión lectora o la oposición no leyó el proyecto”, ironizó. Luego opinó que “la libertad en abstracto y la democracia en abstracto siempre a lo largo de la historia han favorecido a los poderosos”.

Por eso, el objetivo del Frente Amplio es regular el mercado y “en esa dirección va este proyecto que garantiza derechos”, dijo. Varela agregó que el proyecto no es “en contra ni a favor de nadie”.

Durante la discusión, el oficialismo adelantó que el próximo paso será diseñar un proyecto que regule el otorgamiento de publicidad oficial en los medios de comunicación privados y públicos. Carballo adelantó que el objetivo es garantizar el 30% para los medios del interior del país, lo que estimó en un monto de un millón de dólares.

El contenido.

El proyecto aprobado es la base del enviado por el Poder Ejecutivo en mayo al Parlamento. Regula el otorgamiento de frecuencias radioeléctricas. Además define una serie de controles a los contenidos emitidos por las emisoras de radio y canales televisión. Prohíbe difundir imágenes violentas en horario de protección al menor, salvo en aquellos casos donde se advierta a la audiencia.

También limita la publicidad de productos para menores; define un porcentaje obligatorio de producción nacional para los cables; y establece sanciones para quienes incumplan con los establecido en la norma. Esas penas pueden llegar a la revocación de la licencia para transmitir.

En el caso de los canales, se establece un plazo para las autorizaciones de 15 años con la posibilidad de una extensión de 10 más. Luego podrá renovarse bajo nuevas condiciones. Antel y el Sodre tienen el monopolio de la infraestructura para las transmisiones, pero están obligados a “garantizar” las prestaciones. A su vez la empresa de telecomunicaciones es la única autorizada para las transmisiones de televisión por Internet.